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Revés para la Argentina: Trump recomendó que el juicio contra YPF siga en EE.UU.

Revés para la Argentina: Trump recomendó que el juicio contra YPF siga en EE.UU.
En tanto, los abogados del Estado piden que la causa por la nacionalización de la petrolera se tramite en jurisdicción argentina
21.05.2019 16.08hs Negocios

El procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, presentó este martes su opinión formal ante la Corte Suprema de su país acerca de a qué jurisdicción corresponde resolver la demanda por la estatización de YPF.

El funcionario de Donald Trump recomendó que el máximo tribunal de los EE.UU. rechace el pedido para que la demanda sea tratada en la Argentina.

El gobierno de Mauricio Macri contaba con un "gesto" positivo del mandatario estadounidense, que facilitara un poco las cosas para la Argentina.

Aunque la recomendación de Francisco no es vinculante, sienta un precedente negativo a la espera de que la Corte finalmente tome una decisión.

El juicio es un por un monto que rondaría los u$s3.000 millones y fue iniciado en 2015 por el fondo Burford, que le compró los derechos a la justicia española, en el proceso de la quiebra de la empresa que controlaba la familia Eskenazi.

A principios de mayo, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en favor del pedido de la República Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo.

La República Argentina y la empresa YPF habían solicitado a la jueza de primera instancia la suspensión del inicio del juicio por la nacionalización de la petrolera que motivó la demanda del fondo de inversión Burford, en poder de los derechos de litigio de ambas compañías, ex accionistas de YPF.

Entonces, la resolución de Preska de respaldó la postura argentina a pesar de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por segunda vez, dio vía libre a la magistrada para dar inicio al juicio.

En su presentación, los abogados de la Argentina pidieron a la magistrada que más allá de la negativa de la Corte de Apelaciones a suspender el caso, la parte demandante desea que siga en suspenso en el tribunal de Preska, hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la jurisdicción del caso.

Se trata de un recurso de "certiorari" (presentación directa) que tiene pendiente la Corte Suprema, en el que la Argentina plantea la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos, con el apoyo de México, Chile, Brasil y Colombia.

"Luego de que días atrás sorpresivamente la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmara su orden para se inicie el juicio en primera instancia, la jueza Loretta Preska decidió a favor de la República Argentina", explicó una de las fuentes consultadas.

De esta manera, el juicio queda ahora "suspendido hasta que el máximo tribunal de Estados Unidos se expida respecto de si corresponde o no que el reclamo de Petersen se dirima en ese país", agregó.

Fuentes del gobierno vinculadas al sector energético consideraron que "no es una noticia menor" lo acontecido hoy, ya que "de no haber tenido éxito Argentina, el juicio se habría iniciado aún pendiente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en caso de decidir a favor del país, daría fin a la controversia sin necesidad de que avance el proceso".

"El esfuerzo argumental de la Argentina -explicaron allegados a la causa también consultados por la agencia- estuvo centrado en la economía procesal y la posibilidad de procesos contradictorios, sumado a la falta de fundamentación de la Cámara y el hecho de que la parte demandada es un estado soberano".
A partir de ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido argentino respecto de la jurisdicción.

El caso por la nacionalización de YPF no es el único juicio que el Estado Argentino tiene con la jueza Preska, ya que entre otros, se destacan aquellos sin resolver del default del año 2002 y un reclamo vinculado con bonos con rendimiento atado al PBI argentino, emitidos en 2005 bajo la gestión del entonces ministro Lavagna.

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