Preso ya desde hace más de un año en el penal de Ezeiza, y con el inminente inicio de uno de los tantos juicios orales que deberá enfrentar, Cristóbal López -junto a su grupo de empresas- se convirtió en el principal dolor de cabeza para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Es que el empresario kirchnerista y fundador del grupo Indalo está actualmente considerado como el mayor deudor del organismo fiscal que comanda Leandro Cuccioli.

Se le reclaman cerca de $23.000 millones, algo así como u$s543 millones, según la cotización de este viernes de la moneda norteamericana (unos $43 por dólar).

El monto global surge de los reclamos monetarios que figuran en los diferentes procesos concursales y de quiebra que enfrentan las empresas de Indalo. Además, se suman las cifras relacionadas con la denuncia por defraudación al Estado que también pesa sobre Cristóbal López y su socio histórico Fabián De Sousa.

Alrededor de $20.000 millones se desprenden de la demanda iniciada por la AFIP por supuestos desvíos de fondos que se habrían cometido al no transferir lo que fueron recaudando por un tributo vinculado a la comercialización de combustibles.

Es decir, por el llamado Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que habrían evadido durante los períodos fiscales comprendidos entre mayo del 2013 y agosto del 2015.

De todos modos, también se investiga lo sucedido en años posteriores en el marco de una maniobra que habrían orquestado a través de Oil Combustibles, la petrolera de Indalo, con el objetivo de usar esos fondos para la compra de una gran cantidad de compañías que fueron engrosando su patrimonio de Indalo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Según la denuncia, con ese dinero se habrían pagado las compras de un grupo de medios de comunicación encabezados por el canal de noticias C5N, Radio 10 y la productora Ideas del Sur; además de empresas como Petrolera Cerro Negro; Alcalis de la Patagonia; Paraná Metal; La Salamandra; Oil Construcciones; Esuvial; Ganadera Santa Elena e Iverco del Cono Sur, entre otras.

Todas las compañías están actualmente intervenidas por la Justicia y con concursos preventivos de acreedores abiertos o en proceso de quiebra, como ocurre con la propia Oil Combustibles. Muchas ya no operan más, dejaron de funcionar hace varios años o se encuentran disueltas, pero sus deudas se mantienen.

En ese sentido y con la petrolera en un proceso de quiebra que tramita el Juzgado Comercial Nº 5 a cargo de Javier Cosentino, la AFIP reclama otros $2.000 millones por deuda impagas de Oil.

A esto, hay que sumar casi $900 millones que, según fuentes judiciales, el organismo fiscal le reclama a los medios de comunicación de Cristóbal López por deudas concursales y post concursales en las que están involucrados el canal de noticias C5N, con $300 millones y Radio 10, con otros $130 millones, por ejemplo.

Gestiones para el cobro

Si bien en la mayoría de los casos el proceso de identificación de pasivos se encuentra abierto, las fuentes judiciales consultadas por iProfesional estiman que la suma de estos montos reclamados al empresario K, a su petrolera y a sus medios periodísticos es la que ubica a Cristóbal López encabezando la lista de mayores deudores de la AFIP.

Como parte del procedimiento para honrar el pago de parte del dinero reclamado por el ente tributario, el juez Consentino inició el año pasado varias operaciones tendientes a rematar y vender activos de Indalo y de Oil Combustibles.

Un ejemplo es el contrato firmado con YPF, que se quedó con parte de las operaciones de la petrolera de Indalo a cambio de un canon de u$s85 millones o $3.655 millones, según la cotización actual de la moneda norteamericana.

Este acuerdo fue aceptado por el magistrado en noviembre del año pasado en la causa por la que se tramita la quiebra de Oil Combustibles. Abarca los negocios de refinación de petróleo y comercialización de derivados del complejo de San Lorenzo de la empresa, además de una terminal fluvial, una planta de almacenamiento, una refinería y todos los derechos y obligaciones surgidos por contratos de explotación de la red de estaciones de servicio.

El dinero aportado por YPF le permite al juez Cosentino reducir la deuda dejada por Oil en su proceso de quiebra, con una gran cantidad de acreedores que encabeza la AFIP.

De hecho, hace unos días se inició el juicio por la causa Oil Combustibles en el Tribunal Federal Nº 3, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

El caso involucra también a De Sousa y a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista, ente que ahora se ha convertido en el principal querellante de este proceso judicial.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y, en primera instancia fue instruida por el juez federal Julián Ercolini, que ya la había elevado a juicio oral en junio del año pasado.

En el caso de Echegaray, se lo acusa de haber otorgado de manera "irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo", planes de pago especiales y generales a Oil Combustibles.

Los beneficiarios de esta operatoria habrían sido López y De Sousa, quienes figuran en la causa como coautores de los delitos de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

En la denuncia efectuada por la AFIP se asegura que Oil Combustibles nunca depositó al fisco lo recaudado por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural y que, por el contrario, "se acogió sistemática y sucesivamente a diversos planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP por una suma aproximada de $8.000 millones".En las últimas semanas, al empresario se le sumó una nueva denuncia, esta vez por lavado de dinero, causa que está a punto de pasar a juicio oral y en la que comparte acusación con De Sousa y también con Lázaro Báez, el otro empresario símbolo de la corrupción kirchnerista.

Según un fallo del juez Sebastián Ramos, los tres empresarios K fueron protagonistas de una serie de operaciones de compra y venta de un terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia, de 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que dos firmas de Báez y López comercializaron entre sí en lo que para el magistrado es una "clara maniobra de lavado".