A pesar de que los nuevos contratos de operación de las principales autopistas del país estipulaba un incremento de peajes para este mes de julio, el Gobierno decidió frenar la suba y ahora las principales empresas a cargo de las concesiones analizan iniciar acciones legales contra la decisión oficial.

En realidad, el congelamiento de los peajes formó parte del paquete de medidas anunciado por las autoridades en marzo pasado para combatir la crisis económica, bajar la inflación e impulsar el consumo.

Se trató de una serie de anuncios impulsados por la Casa Rosada con el fin de reactivar las ventas que, entre otras decisiones, incluyó la creación de un acuerdo con empresas líderes para mantener hasta octubre los precios de 60 productos esenciales y la no disposición de nuevos aumentos de tarifas de servicios públicos hasta diciembre.

De esta forma, se congelaron las tarifas de la electricidad, el gas y el transporte público para usuarios residenciales para lo que resta del año que serán absorbidos por el Estado nacional.

También se decidió frenar nuevas subas en colectivos y trenes metropolitanos, además de retoques en los valores de las líneas de celulares prepagas y de los peajes que dependen del gobierno nacional.

A esto se le sumaron el otorgamiento de nuevos créditos de la Anses para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares, así como la venta de medicamentos con hasta 70% de descuento.

En este marco, quedó totalmente frenada la suba de peajes ya establecida en el llamado Acuerdo Integral de Renegociación (AIR) suscripto por las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y el Estado Nacional en el 2018.

Más precisamente a partir del Decreto 607/2018 por el cual se prorrogó la concesión de la autopista Panamericana, el Acceso Norte y también de la Autopista del Oeste hasta el 2030 a cambio de un plan de inversiones por casi $16.000 millones y aumentos de peajes atados a la evolución de la inflación.

En realidad, el decreto estableció cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volvían a tener un componente dolarizado a la hora de actualizarla y otorgar incrementos semestrales que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno de las empresas concesionarias.

Según el convenio, tanto Ausol como GCO podían aplicar dos subas por año de acuerdo a la inflación calculada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se actualiza con el índice de precios al consumidor.

Sin embargo, el único retoque que habrá en los peajes este año ya se aplicó en enero pasado, cuando las tarifas se incrementaron un 33% en promedio y que fueron autorizadas por el Ministerio de Transporte de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Ahora, ambos organismos rechazaron el pedido de una nueva suba reclamado por Ausol y GCO mediante una carta girada por las dos empresas con fecha del 24 de junio pasado en la cual solicitaban poner en vigencia a partir de este mes de julio los nuevos cuadros "resultantes de las actualizaciones tarifarias previstas en el acuerdo integral de renegociación, a los efectos de posibilitar la entrada en vigencia de dichos cuadros tarifarios".

La respuesta oficial a este pedido fue negativa e informada a las concesionarias a través de otra nota del 12 de julio pasado en la cual se informó que el rechazo tiene relación "con las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno nacional el 17 de abril de 2019".

Como ni Ausol ni GCO podrán entonces los referidos cuadros tarifarios, ambas enviaron esta jornada sendas cartas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), advirtiendo que se encuentran "analizando los posibles pasos a adoptar con el objeto de poner a resguardo sus derechos".

Si bien no hubo más aclaraciones sobre la nota por parte de las dos empresas, iProfesional pudo saber que las medidas pueden ir desde presentaciones ante el propio Gobierno como ante la Justicia con el objetivo de que se respeten los contratos firmados y en vigencia, más allá de la coyuntura de la economía del país.

En la actualidad, los autos que ingresan desde el Oeste de la provincia de Buenos Aires en hora pico pagan de $50 a $65, mientras que los que lo hacen desde el Norte, dependiendo de los ramales, deben abonar $45 a $60 (Debenedetti Márquez); de $50 a $65 (Tigre) y de $ 55 a $ 75 (Pilar-Campana).

También existen varias bandas horarias en las franjas promoción y valle para las categorías 1, 2 y 3 de vehículos y se redujeron las horas en las que se cobra la tarifa de promoción, además de descuentos de hasta el 50% para los usuarios adheridos al sistema de TelePASE.

Tanto el capital social de Ausol como el de GCO son controlados mayoritariamente por el mismo grupo accionista Abertis que a su vex es propiedad de empresas controladas por la familia italiana Benetton y Florentino Perez, el dueño del Real Madrid.

Se trata de los dueños de los grupos italiano Atlantia y español ACS, que en mayo del año pasado terminaron de concretar la compra de la mayorí¬a accionaria de Abertis mediante una oferta pública de acciones (OPA).

La empresa, también española, es una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Tiene presencia en 14 paí¬ses incluyendo la Argentina, donde controla Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

En el 2018 Abertis negoció con el Gobierno la extensión de sus concesiones por otros 12 años en el marco de un nuevo contrato que establece que los aumentos serán cada seis meses, se deben basar en la inflación calculada por el CER y servirán para mantener la rentabilidad de las empresas que gerencian las autopistas y el nivel de servicio.

Cabe recordar que el CER es un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El CER fue creado luego de la "pesificación" de créditos y deudas en moneda extranjera y fue establecido después de la crisis del 2002.

En el caso de las autopistas, las subas semestrales pueden adelantarse si el coeficiente del CER es superior al 10% desde la última actualización de los peajes. De ocurrir este hecho, no se espera al final del semestre para modificar el precio.

Sin embargo, a partir del paquete de medidas Abertis no podrá aplicar la actualización tarifaria por lo que resta del año más allá de que la inflación siga siendo alta, como ha evidenciado en lo que va del año, al acumular más de 22% entre enero y junio.

De hecho, el congelamiento al que, de manera compulsiva, debieron acceder Ausol y GCO va en contra del espíritu del contrato de concesión que firmaron con el Gobierno y en el cual se explica que los incrementos semestrales automáticos buscaban ayudar a recomponer las ecuaciones financieras de ambas sociedades, afectadas por la pesificación de las tarifas impuestas desde el 2002. También por un decreto publicado en el 2012 que creó un Recurso de Afectación Especifica y que cobraba el Estado Nacional a cada tarifa de peaje para invertirlos en obras en las autopistas.

En el Gobierno llegaron a defender entonces el nuevo método de actualización de los peajes al entender que la pesificación de las tarifas y el cobro del RAE impidieron a Abertis obtener una rentabilidad esperada y pautada en los contratos firmados en las privatizaciones de los años 90.

Incluso, durante las audiencias públicas convocadas para debatir las subas de los peajes, el principal argumento del Gobierno para defender los retoques tuvo que ver con el alza en los costos de operación y mantenimiento de las autopistas.

En uno de esos encuentros, los enviados del Poder Ejecutivo señalaron que "la actualización permitirá garantizar el funcionamiento de las autopistas y continuar desarrollando el Plan Integral de Obras para la Red de Accesos a la ciudad de Buenos Aires, que contempla trabajos para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial".

Sin embargo, apremiado por las circunstancias económicas y políticas actuales y desfavorables a la imagen del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones generales de octubre próximo, el Gobierno cambia las reglas de juego y aplica un cepo a los peajes, al estilo del que el kirchnerismo usó durante su gestión.

La decisión afecta a este grupo extranjero que, a cambio de mantenerse en las concesiones locales, aceptó levantar las demandas impuestas ante el CIADI precisamente por la pesificación de sus contratos por un monto cercano a los u$s3.000 millones en reclamo de incumplimientos contractuales y que el Estado iba a perder.

A cambio, Abertis logró una quita de deuda del 72,3% respecto a la demanda del CIADI y deberá ejecutar un Plan Integral de Obras de aproximadamente $16.343 millones a valores actuales.

En la presentación de su balance económico correspondiente al año pasado, el presidente de Ausol, Andrés Barberis Martins, hace referencia a los beneficios del acuerdo de renegociación que su empresa concretó con el mismo gobierno que ahora lo coloca en el freezer.

"Viene a poner fin a años de incertidumbres y dificultades que vivió esta sociedad y le permite dar inicio a una nueva etapa, muy desafiante, que se traducirá en nuevas inversiones, incorporación de tecnología y mejoras operativas destinadas a proveer un mejor servicio a todos los usuarios de la Autopista", asegura el ejecutivo.

También hace referencia a los planes de inversión que su empresa debe ejecutar este año y que, por el congelamiento de los peajes, podrán quedar suspendidos. Se trata de obras en las que se destacan la ejecución del tercer carril en el ramal Tigre y la pavimentación de banquina (Tramo II entre Av. Uruguay y el fin del ramal); un nuevo distribuidor en el Puente Magnolia en Pilar; y la repavimentación completa de la Av. General Paz (Tramo Acceso Oeste – Riachuelo) y del Ramal Campana (sentido descendente).

En el caso de los resultados, el documento señala que los ingresos de la concesión ascendieron a $3.680 millones, de los cuales $3.143 millones fueron por peaje; $ 414 millones por alquileres de áreas de servicios, y $124 millones por otros ingresos de explotación.

La ganancia (EBITDA), ascendió a $1.832 millones mientras que el patrimonio neto de la sociedad supera los $9.000 millones.