El presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA, que maneja el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional.

"Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA", se informa en el Boletín Oficial.

Según se determina en el decreto 659/2019, el plazo de concesión será fijado "en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos".

Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años.

La empresa Corredores Viales SA, que administra en un 51% el Ministerio de Transporte y un 49% a Vialidad Nacional, tendrá por ingresos "las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado".

Además, el Estado se impone, según se detalla en el Boletín Oficial, a contener un plan de "obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario".

Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de 3.000 kilómetros de rutas, que corresponden a los tramos de las rutas nacionales 9 y 34, la 188 , la 19, la 12, la 16, la 8 y la 36.

Las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).

Como la mayoría de esos tramos habían sido prorrogados a la espera de los resultados de la PPP, y volvieron a prorrogarse tras esa suspensión, las concesiones seguían con subsidios altos, y el Ministerio de Transporte tomó esta decisión.

"Es mucho mejor, más eficiente, y será menor la erogación del Estado", dijo ante los periodistas el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional, Ezequiel Christie. Y aseguró que "la operación será temporaria hasta que se liciten nuevamente los corredores o, con un plazo máximo de 5 años, para asegurar la continuidad y calidad del servicio al usuario".

Christie también informó que, cuando Cambiemos llegó al Gobierno, en diciembre de 2015, el Estado transfería a valores actuales 8000 millones de pesos en subsidios a todas las concesiones viales, un grupo de las cuales ya pasó a manos privadas en la primera etapa de los PPP, lo que redujo a 3500 millones de pesos las erogaciones en esta materia. Ahora, con el traspaso a la empresa estatal Corredores Viales de los tramos que seguían prorrogados, el Estado transferirá aproximadamente $1.000 millones en subsidios para la operación y mantenimiento. Así, el ahorro para el Estado será de $2.500 millones.