El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se dispone a dejarle a la futura administración del Frente de Todos (FdT) un nuevo y serio problema operativo por el lado de los servicios ferroviarios de pasajeros.

Con los contratos vencidos y prorrogados en dos ocasiones y una licitación en curso para reprivatizar las líneas condenada de antemano al fracaso, Dietrich dejará su cargo el 10 de diciembre sin haber resuelto la situación contractual de las operadoras del Urquiza y Belgrano Norte.

Metrovías (la empresa del holding Roggio a cargo de la línea Urquiza) y Ferrovías (la operadora del Belgrano Norte del grupo Emepa-Romero) son las dos únicas operadoras privadas de trenes metropolitanos que quedan en pie. Como la actual prórroga de las concesiones expira el 31 de marzo próximo, las nuevas autoridades se verán obligadas a tomar rápidamente una decisión de fondo para no quedar condicionadas y no pagar los platos rotos de la impericia macrista.La primera cuestión a revisar será la referida al proceso licitatorio que Dietrich puso en marcha a mediados de este año y que presenta dos aristas polémicas: una modalidad de concesión "integral" que no está prevista en la ley marco de los ferrocarriles y un mecanismo de "PPP encubierto" para la financiación y repago de las inversiones.

A juzgar por las ideas y propuestas que se barajan entre especialistas de transporte del PJ, lo más probable es esa polémica licitación termine siendo anulada.La segunda cuestión clave que deberá resolver la futura administración es si concede una nueva extensión de los contratos a Roggio y Romero a partir de marzo o si procede a hacer efectiva la "reestatización" de las dos líneas y le transfiere la prestación de los servicios a la empresa estatal SOFSE que es la actual operadora de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Con los principales ejecutivos de Roggio y Emepa procesados en la causa de los cuadernos y la falta de interés en la explotación de las líneas que se verifica en el ámbito privado, la opción de reestatizar los servicios sería la que más chances tiene de concretarse, teniendo en cuenta que los contratos ya se encuentran técnicamente vencidos.

Al igual que los PPP viales adjudicados en 2018 que ya acumulan numerosos incumplimientos y que se mantienen en pie solo por una decisión del Gobierno, el esquema licitatorio montado por Dietrich prevé dejar en manos de los concesionarios privados no solo la operación y el mantenimiento de los servicios, sino también las inversiones necesarias para renovar la totalidad de los trenes que circulan en las dos líneas en juego.Según los pliegos de bases y condiciones, los nuevos concesionarios deberían ocuparse de: "operar el servicio ferroviario, mantener los bienes muebles e inmuebles de la concesión, diseñar y ejecutar el programa de inversiones con la provisión del material rodante 0 km. especificado en los documentos licitatorios".

En el caso del Urquiza, el plan de inversiones exigido contempla la incorporación de 20 Unidades Múltiples Eléctricas (EMUs) que tengan una capacidad por tren de 1.040 pasajeros; en tanto, para el Belgrano Norte, las inversiones obligatorias prevén la compra de 25 Unidades Múltiples Diesel Eléctricas (DMUs) con capacidad para 1.400 pasajeros en cada formación, según consigna Letra P.En lo que respecta a los ingresos de los concesionarios, los pliegos establecen que provendrán de: la venta de boletos, subsidios por operación, negocios colaterales, peajes de terceros que utilicen sus vías y un monto mensual para repagar las inversiones y obras.

Tal como como ha sido encarada la licitación por el macrismo, el gran interrogante que se plantea es hasta qué punto los privados podrían obtener en la compra de los trenes nuevos mejores precios y financiamientos que los que estaría en condiciones de obtener el Estado, por ejemplo, en negociaciones directas con China u otro país que fabrique material ferroviario.