Al igual que sucedió en abril, cuando el proyecto de regulación de la venta en grandes centros comerciales denominado "Ley de Góndolas" asomaba con fuerza en el Congreso, las principales cadenas de supermercados y sus mayores proveedores vuelven a prepararse para avanzar contra la iniciativa en caso que sea sancionada en Diputados.

La batería de cuestionamientos va desde las propias críticas a una legislación que consideran "arbitraria" y "abusiva" hasta presentaciones en la Justicia para evitar su puesta en marcha como pretenden impulsar tanto desde el actual gobierno de Cambiemos como la próxima dupla presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

De hecho, durante la jornada de este miércoles, la Cámara baja será escenario del tratamiento de dos proyectos. Y, lo más probable, es que se logre media sanción de una norma consensuada para acelerar los plazos y pueda ser ley antes del 10 de diciembre, día en el que Alberto Fernández asumirá la presidencia.

Se pondrán en debate dos iniciativas. Por un lado, la que tiene dictamen de mayoría que es impulsada por la diputada Marcela Passo; y la de la minoría, con la firma de Elisa Carrió.

Entre ambas existen diferencias en varios criterios sobre la exhibición de los productos, los espacios, las características y condiciones, así como los organismos a crearse para implementar la norma y los códigos de buenas prácticas que se deberán poner en marcha.

También, en las reglas para la exhibición de los alimentos y las bebidas y la participación de las empresas en las góndolas tanto para los productos nacionales como los importados.

En el caso de la bancada del Frente de Todos, buscan presentar la ley como la herramienta para contribuir a que el precio de los alimentos sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores. A que se mantenga lo que consideran una armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzado por la ley para evitar prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado.

El propio compañero de fórmula de Cristina Kirchner ya habló durante la campaña electoral sobre la necesidad de aprobar la iniciativa que, a principios de año, había sido elevada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, actual aliado del Frente de Todos, quien en ese momento aseguró que se trata de una estrategia para ponerle freno a los aumentos de precios de los alimentos y para promover una mayor oferta de marcas en las góndolas de los supermercados.

Es una propuesta que tiene similitud con la ley que ya funciona en Francia, por ejemplo, pero con una realidad económica y social diferente a la Argentina. O que también está vigente en otros países de América latina como Venezuela, Ecuador o Nicaragua y en donde no parece haber tenido éxito en sus objetivos fundacionales como los de evitar el desabastecimiento a partir de una propuesta de productos más amplia y de mayor surtido para, de ese modo, impedir los retoques de valores que impulsan los grandes formadores de precios.

Alarma por el intervencionismo

Con este marco de fondo, en el sector de alimentos la mayoría rechaza la medida. De hecho, si se convierte en ley, es probable que los supermercados den batalla en los tribunales, con argumentos legales en contra de una norma que, dicen, permite un "fuerte intervencionismo" del Estado en un negocio que no está concentrado y que tampoco sufre de falta de competencia ni de una importante variedad de productos como para que haya en necesidad de tener que regularlo.

El argumento legal se basa en la capacidad efectiva que tiene el Estado sobre regular lugares en gondola, que hace a la actividad privada y no a un uso público. También se hace referencia a una competencia deselal ya que la Ley de Góndolas sería aplicable nada más que para las cadenas. Es decir, para una parte del negocio total de retail, mientras que para el resto no habría una regulación similar, evitando así costos agregados que generaría esta nueva norma para los grandes supermercados.

Hasta ahora, los equipos técnicos de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) vienen trabajando en la elaboración de informes que detallan los problemas que para el sector traería la norma.

Y es por eso que también los departamentos judiciales de los hipermercados comenzaron a armar las diferentes estrategias legales que pondrán en marcha si la iniciativa parlamentaria finalmente es ley y comience a ser aplicada.

Ocurre que durante este miércoles, luego de tratar los dos dictámenes (el del oficialismo y el de la oposición), lo más probable es que se termine por sancionar una ley consensuada entre ambos bloques parlamentarios que luego será enviada al Senado.

Las ideas "fuerza" que adoptaron desde el Frente de Todos para apoyar la sanción de la ley se basa en sostener que en el país existen dos grandes empresas alimenticias que monopolizan el 70% de las góndolas, aunque la realidad diga otra cosa si se tiene en cuenta los nombres de los peso pesados nacionales y extranjeros que compiten en el sector como Molinos Río de la Plata; Arcor; Mondelez; Coca-Cola; Pepsico; Unilever; y Procter, entre otras.

Y que, por ese motivo, es necesario limitar la exhibición de sus productos a no más del 30% de una góndola y permitir que las pymes puedan disponer de un 25% a 30% de esos espacios, junto con la agricultura familiar, campesina o indígena con otro con otro 5%.

Un debate que se da con los precios en el centro de la escena política a raíz del impacto de la alta inflación que acumula el país y que golpea fuertemente a toda la sociedad (y en especial a los sectores más vulnerables).Pero que, según los empresarios, no se resuelve con nuevas regulaciones o marcos legales que limiten la competencia en un sector que actualmente ofrece 270.000 puntos de venta de los cuales solo 80.000 son aportados por los supermercados y sus sucursales.

Que también dispone de alrededor 10.000 empresas en directa competencia y de 20.000 ítems entre alimentos y bebidas, por lo cual le ofrece a los consumidores variedad y competencia entre empresas nacionales y grandes grupos internacionales.

Efecto colateral: despidos

De manera complementaria, en los supermercados ya avisan que, además de los cuestionamientos judiciales, si la ley se pone en marcha no tendrán otra opción que despedir personal abocado a las tareas de reposición y cerrar sucursales.

Esta amenaza está vinculada precisamente a los límites que se le impondrían a los productos elaborados por una misma empresa que ya no necesitaría de tantos repositores para abastecer sus lugares en las góndolas.

También con que las cadenas como Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima, entre otros, serán las más afectados por la Ley de Góndolas porque deberán hasta cambiar sus políticas comerciales y adaptarlas a la nueva realidad.

Es que la norma estipula una gran cantidad de limitaciones y regulaciones que hasta los obligará no sólo a modificar la cantidad de artículos de una misma compañía en una góndola sino también la altura en la cual esos productos deberán ser exhibidos y a cambiar las formas y plazos de pago a sus proveedores.

También existen dudas sobre la capacidad de las pymes y de las empresas de origen social o campesino para incrementar su producción y abastecer a los súper, así como el cumplimiento de todas las normas fiscales y sanitarias para convertirse en proveedores de una gran cadena.

En Walmart, por ejemplo, aclaran que el lugar que cada producto ocupa en una góndola no se comercializa. Por el contrario, se define en función de la participación sobre la venta que tuvo en los últimos meses.

"Es decir, guarda relación con la demanda real y efectiva de ese producto en el pasado inmediato, ya que nuestro negocio se reduce a que el cliente encuentre lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Sobre todo, porque el riesgo que esto no pase también es simple: que no nos compre o que nunca más vuelva", afirma Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina.

En este sentido, agrega que fijar cuotas para la disposición de productos es ignorar el pulso propio que tiene la demanda y pretender encauzarla en criterios definidos en la insularidad de una oficina.

"De hecho, nos pone frente a un problema: bajo el argumento de querer garantizar una mayor cantidad de opciones, se limita a los clientes a criterios definidos en algún lado lejos del piso en donde se juegan sus deseos y las posibilidades reales del mercado", advierte el ejecutivo.

Por eso, entiende que una definición de este tipo (por cuotas, con criterios externos a la demanda y a los gustos de los clientes) no sólo puede derivar en pérdida de ventas, sino también en escasez de productos, ya que un artículo con mucha demanda, pero sin un espacio acorde en la góndola, se acaba más rápido y deja de estar disponible para otro cliente. Falta con la misma regularidad con la que está disponible.

Por otro lado, Quiroga entiende que se trata de un esfuerzo que regularía apenas al 30% del mercado ya que, explica, los supermercados solo representan el 30% de la facturación de la venta de bienes de consumo masivo en Argentina, mientras que el 70% restante se mantiene en canales informales, por fuera de las regulaciones y las exigencias.

"Esto hace que las posibilidades de lograr los objetivos que se propone el proyecto (como cambiar el mapa productivo) sea muy difícil a base de regular solo un 30% de la distribución", anticipa el gerente.

Entre las empresas productoras de alimentos y bebidas, en tanto, se espera conocer el contenido final de la iniciativa para tener más en claro la visión de la industria, aunque también los ejecutivos de este sector acumulan sospechas sobre los beneficios de la norma y advierten que no resolverá los problemas de recesión y de suba de precios.

Advierten que podrían convivir con las limitaciones a la cantidad de empresas por góndola, pero rechazan de plano la aplicación de porcentajes a la exhibición de sus productos y marcas.

Y agregan que, de establecerse un tope de empresas competidoras sin que las pymes puedan reemplazar esa producción, se generará desabastecimiento por lo menos hasta la hora de reponer la misma mercadería faltante.

De todos modos, Ignacio Noel, dueño de la empresa Morixe, se manifestó parcialmente a favor de ciertas medidas de este tipo. "Estoy  a favor de todas las medidas que fomenten más competencia en el mercado de alimentos para beneficiar a los consumidores", le dijo a iprofesional el titular de la firma que produce harinas, aceites, pan rallado, polenta, aceitunas, entre otros productos.

Una de las alternativas que varios empresarios estarían dispuestos a aceptar es la de una norma que contenga rasgos de la Ley de Góndolas aprobada en la provincia de Buenos Aires, que adopta la rotación de los productos para que todos los oferentes de la categoría estén el mismo tiempo en la posición central. Una medida copiada de leyes con vigencia en el Reino Unido que ven con buenos ojos en comparación con el rechazo que les generan las dos propuestas que serán tratadas en Diputados al entender que incrementarán, y mucho, los costos de comercialización.

Otra de las opciones esgrimidas por estos días en el sector daba cuenta de la posibilidad de que las pymes tengan un espacio mínimo de ocupación en góndola y con condiciones diferentes en los plazos de pago y de calidad que deberían cumplir.

Una posibilidad que surge del temor respecto al impacto que tendrá la ley a nivel general, con una mirada muy negativa y con amenazas de miles de despidos de repositores, cierres de sucursales, desabastecimiento y góndolas con espacios vacíos.