Alberto Fernández impulsará la instauración de una Emergencia Energética que modificará la fijación de precios, el grado de control estatal sobre las empresas y que apunta también a mejorar la calidad de los servicios.

"Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar", anticipó el Presidente este lunes.

El plan de Emergencia Energética es un capítulo específico dentro del nuevo proyecto de Ley de Presupuesto 2020, que todavía está en elaboración en el Palacio de Hacienda.

iProfesional tuvo acceso al texto que detalla los alcances de la Emergencia, de donde surgen los siguientes puntos centrales:

- Declaración de la Emergencia Energética por el plazo de dos años.

El documento explica que el motivo es "asegurar la plenitud de las prestaciones energéticas" y aclara que el plazo podría abreviarse si así lo dispusiera el Poder Ejecutivo.

- Congelamiento de los precios de tarifas y combustibles por un año. Desde el oficialismo aseguran que lo que se busca con esto es proteger a la población de aumentos.

- Intervención administrativa de los entes reguladores ENRE y ENARGAS por el término de 1 año. De esta manera, el Gobierno presionará a las empresas para que cumplan planes de inversión y mantenimiento, bajo la advertencia de aplicación de multas.

- Revisión tarifaria "integral" para fijar tarifas de electricidad y gas de acuerdo a la capacidad de pago de los usuarios y consumidores, luego de transcurrido el período de congelamiento.

- Reconocer a las prestadoras los costos de operación, las inversiones para mantenimiento y una tasa de rentabilidad "razonable" dentro de un plazo máximo de 24 meses.

- Pesificación de la cadena de valor. En este sentido, se solicitará la apertura de costos por moneda de origen, así como el listado de materiales y servicios empleados para el funcionamiento de las empresas energéticas. Se consideran que los sueldos, servicios prestados por proveedores locales, impuestos, insumos y materiales disponibles en el mercado local por tratarse de fabricación nacional deben ser expresados en moneda nacional.

- Como contrapartida de las mayores exigencias, el Gobierno solicitará a la AFIP planes de facilidades de pago de impuestos adeudados y a las autoridades de la banca pública nacional y provinciales la reestructuración de deudas financieras de empresas del sector energético, para aliviar la carga financiera de las empresas del citado sector.

- Convocar a empresas productoras de petróleo y gas para negociar una baja sustancial en el precio de gas en boca de pozo de modo de poder reducir el costo del gas residencial y del gas a ser consumido por centrales térmicas

- Aumentar el corte de biocombustibles hasta un 27,5% con precio a determinarse por costos más un margen razonable, quedando para el excedente un sistema de precio en base a la ley de la oferta y de la demanda.

Este es un gesto que apunta a consolidar economías regionales del norte, señalan los comentarios del proyecto de Emergencia. No obstante, podría generar tensiones en los sectores que abogan por destinar los suelos principalmente a la producción de alimentos en el marco de la crisis alimentaria que afecta al país.

- Instruir a distribuidoras que suspendan los cortes de suministro eléctrico por falta de pago por el plazo de 12 (doce) meses, como así también, a que reconecten a usuarios cuya conexión fue suspendida por falta de pago en los últimos 12 (doce) meses.

- Promover la ampliación de los servicios de energía nuclear en el sistema energético nacional.

- Se buscará una nueva racionalidad a la hora de impulsar proyectos de energías renovables. Se intentaría evitar el avance de proyectos que no cuenten con capacidad de transporte o no sean costo-eficientes "en tiempos de emergencia", subrayan desde el oficialismo.

Incluso, el proyecto propone "dejar sin efecto o acordar modificaciones a contratos de venta de energía celebrados con proyectos de energías renovables en atención al perjuicio que ocasionaría al Estado Nacional el pago por energía no consumida".