La empresa postal OCA, que desde hace ocho meses es coadministrada por decisión judicial por el Estado y el sindicato de los camioneros que encabeza Hugo Moyano, le adeuda a la AFIP más de $17.000 millones.

Así surge de los datos del contribuyente que maneja el organismo, por lo que incrementó el pasivo que se verificó en 2017, cuando abrió el concurso preventivo, que por entonces fue de $4494 millones.

En la actualidad, OCA opera con normalidad, aunque con un leve retraso en el pago de sueldos y sin hacer el total de los aportes al personal.

Fuentes vinculadas a la quiebra informaron que el próximo paso será que el juez comercial Pablo Tejada ordene la venta y decida el contenido definitivo del pliego, lo que podría ocurrir entre marzo y abril.

Según trascendió, la compañía sería tasada entre 30 y 40 millones de dólares. Además, habría una condición, impuesta por el sindicato: los trabajadores conservarían su antigüedad y sus derechos bajo el convenio 40/89, de los camioneros.

Entonces, la duda que surge es si el interesado en adquirir OCA deberá afrontar la millonaria deuda con la AFIP.

"La deuda es irrelevante porque en el pliego de ventas se va a pasar todos los activos de la empresa y la deuda quedaría en la quiebra", argumenta Rodrigo Condori, abogado del sindicato de camioneros y el hombre que Moyano ubicó en el timón de OCA.

Actualmente, Condori está al frente de OCA junto con Pablo Yannibelli, director nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Producción.

Yannibelli fue ubicado por la gestión macrista y conserva hasta el momento su cargo. Junto con ellos, hay dos interventoras designadas por el juez, que son María del Carmen Pérez Alonso y María Cristina Ratibel, quienes serían las encargadas de administrar los fondos y firmar los cheques. La crisis de OCA comenzó hace cuatros años, con retraso en el pago de los sueldos, pérdida de clientes de peso y una deuda tributaria que crece hasta la actualidad.

Patricio Farcuh, el ex dueño y de quien se sospechó que actuó como testaferro de los Moyano a partir de movimientos financieros detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF), buscó demostrar en la Justicia con imágenes de las cámaras de seguridad que entre junio de 2016 y mayo de 2017 la empresa fue "usurpada" en una suerte de "golpe de estado interno" por parte del gremio y dirigentes jerárquicos de la compañía que se habrían aliado al líder camionero.

Con dinero del sindicato, durante ese período en el que Farcuh denunció una usurpación, Moyano pagó parte de los sueldos de los empleados, lo que alimentó por entonces las versiones de que la empresa podría también ser suya. Camioneros aportó aquella vez 50 millones de pesos para afrontar el pago de los salarios y desactivar una huelga de su propia tropa, según publicó La Nación.

Farcuh, que afronta al menos dos expedientes judiciales por presuntos delitos tributarios, está hoy alejado de OCA.