La Liga Naval Argentina denunció que, a partir de la implementación de las nuevas restricciones en materia cambiaria, el Banco Central no autoriza a las empresas navieras a pagar los importes correspondientes a los alquileres de buques rentados a navieras extranjeras, incorporados al cabotaje nacional y tratados como si fueran de bandera argentina, siendo tripulados en su totalidad por marinos argentinos.

"Estamos ante una situación extrema en la que peligra seriamente la posibilidad de mantener estas unidades en el país", asegura uno de los armadores navieros más importantes de la actividad.

Desde la Liga Naval Argentina agregan que el negocio naviero es considerado como una actividad de capital intensivo; el costo de un buque muchas veces supera el centenar de millones de dólares y normalmente una naviera requiere de varias unidades para atender distintos tipos de servicios.

"En un país como Argentina, cada vez es más difícil que el mercado financiero otorgue facilidades a una naviera para inversiones de semejante porte. Es normal que los armadores utilicen algunas unidades propias junto con otras que son alquiladas a casco desnudo (sin tripulación) e ingresadas al mercado local previa tramitación de un permiso (waiver) ante la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. En estas condiciones y a todos los efectos, el buque ingresado al país, tiene los mismos derechos y obligaciones que uno que enarbola el pabellón nacional. Ahora, claro, a fin de mes hay que pagar el alquiler", explican.

La Cámara Naviera Argentina (CNA), con representatividad empresarial a nivel nacional, le envió una nota oficial con carácter de urgente Miguel Pesce, presidente del Banco Central,  donde solicita que se contemple la particular situación atinente a buques y artefactos navales que se encuentran afectadas a cuestiones propias del comercio marítimo y fluvial (incluyendo el sensible tema del transporte de combustibles desde las bocas de extracción hacia las refinerías y la posterior de los productos destilados a distintos puertos del país como así también a las usinas termo generadoras de electricidad).

De acuerdo a lo expresado por la CNA, en forma directa unos 20 buques están viendo peligrar la continuidad de sus servicios, ya que a partir de la implementación de las normas citadas, no se pueden pagar los distintos "bareboat charter" (alquiler a casco desnudo) sin autorización previa del BCRA. Con el agravante que entre las autorizaciones contempladas por esta entidad se encuentran las relacionadas con la operatoria de tarjetas de crédito, servicios prestados por ciudadanos no residentes en el país, primas de reaseguros y empresas de asistencia al viajero. "Nada dice la normativa de la manera en que se pueden cancelar las obligaciones de un sector tan importante como el marítimo", sostienen.