En el medio de la crisis económica que está generando la pandemia del coronavirus en casi todos los sectores de la vida diaria del país, el Gobierno acaba de anular una licitación mediante la cual se iba a construir la primera línea de transporte de alta tensión bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).

Se trata de un esquema creado por el anterior gobierno de Mauricio Macri para desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

Sin embargo, las nuevas autoridades del Frente de Todos cuestionaron este mecanismo y pusieron bajo revisión todas las obras anunciadas, muchas de las cuales se abandonaron.

En el caso de la línea de alta tensión, iba a insumir inversiones por hasta u$s2.000 millones para desarrollar una línea de extra alta tensión de 500 kV mediante un nuevo tendido de 490 kilómetros que conectaría la estación de Río Diamante, en Mendoza, con una nueva planta transformadora que que se iba a construir en Coronel Charlone, localidad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Pero, a través de la Resolución 124/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo publicada esta jornada en el Boletín Oficial, se decidió dejar sin efecto la convocatoria bajo el argumento de que no están dadas las condiciones para encarar el proyecto debido a la situación de crisis financiera y económica que atraviesa la Argentina.

El proceso había sido lanzado en el 2018 y luego postergado por las mismas razones por las anteriores autoridades energéticas del país que decidieron reflotar las obras en octubre del año pasado, semanas antes de las elecciones nacionales que derivaron en la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. La nueva fecha para la apertura de los sobres había sido establecida para el pasado 5 de marzo y la apertura de los sobres para este próximo 31 de marzo.

Sin embargo, desde la Secretaría de Energía de la Nación se recomendó dar de baja la licitación por el escenario de volatilidad e inestabilidad económica que atraviesa el país y que se ha profundizado por el desembarco de la pandemia del coronavirus.

"Debe tenerse presente el contexto de problemática económica y financiera en el cual se desenvuelve la economía nacional, expresamente reconocido por el propio Congreso de la Nación mediante la sanción de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, circunstancia que fue la causa de las sucesivas prórrogas dispuestas durante el transcurso del año 2019 por parte de la Autoridad Convocante", se sostiene en la resolución.

Por ese motivo, el ministerio que dirige Matías Kulfas interpreta que no hace falta, por el momento, incorporar esta obra al sistema de transporte de energía Eléctrica en alta tensión ya que "no representará un ahorro para los usuarios del servicio de energía eléctrica, pagadores en definitiva del costo del proyecto, siendo así conveniente aguardar un momento más propicio para retomar la marcha del proceso licitatorio, o en su defecto, evaluar la posibilidad de utilizar procedimientos alternativos".También se asegura la existencia de "fundadas razones que aconsejan dejar sin efecto el llamado a licitación, en tanto resulta de público conocimiento que el estado actual de acceso al crédito a tasas razonables y el estado de emergencia económica y financiera, implicaría el aumento en definitiva del costo de las obras para los demandantes de energía eléctrica".

De esta forma, el gobierno de Alberto Fernández sigue dejando de lado la mayoría de las obras impulsadas por Mauricio Macri en el marco de los PPP, mecanismo con el cual se proyectaba la extensión del sistema eléctrico nacional y de una gran cantidad de rutas en todo el país.

El mecanismo iba a generar inversiones cercanas a los u$s12.000 millones de la mano de aportes del sector privado. Pero la crisis que comenzó a atravesar la economía a partir de mediados del 2018 frenó la iniciativa, ya que los bancos locales e internacionales que iban a aportar fondos para financiar las obras dejaron de hacerlo.

Y tras el cambio de gobierno y la llegada del Frente de Todos, el sistema comenzó a ser cuestionado y puesto bajo estudio al punto que todas las obras se encuentran paralizadas.

Ya en 2018 se había publicado un pre-pliego para la construcción de esta línea de alta tensión, pero luego de la disparada del riesgo país y de la corrida bancaria, las autoridades frenaron el paquete de licitaciones de PPP, afectando el plan de ampliación que preveía ocho nuevas líneas de alta tensión, por más de 2.100 kilómetros de extensión.

Luego, en el 2019, se decidió reflotar esta línea y elaborar un nuevo pliego que establecía que el 33% de los insumos electromecánicos deberían ser provistos por la industria nacional y que el período de construcción previsto para la obra iba a ser de 33 meses. El contrato ideado iba a tener una duración de 15 años y se dividía en dos etapas: construcción, que termina con la habilitación comercial de la obra. Y su posterior operación y mantenimiento.

De acuerdo con el esquema que había diseñado la Secretaría de Energía cuando estuvo a cargo de Gustavo Lopetegui, el proyecto ahora anulado iba a ser el primero de otros ocho del programa de ampliación de líneas de alta tensión.