Con algo más de la mitad de los locales cerrados y el resto con ventas que se derrumbaron, el sector del comercio advierte sobre la grave crisis que deberá enfrentar si el cepo sanitario obligatorio se extiende más allá del 27 de abril.

Tendrán problemas para pagar salario, servicios e impuestos y deberán reducir sus estructuras y hasta tener que pensar en cerrar.Por lo menos así surge de una encuesta elaborada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en la cual se detalla el duro escenario que está atravesando este sector a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno para combatir el avance del coronavirus.

La encuesta se realizó entre el 14 y el 20 de abril entre empresas de diversos tamaños: hasta 9 empleados (65,9%); entre 10 y 49 empleados (24,6%); entre 50 y 200 empleados (6,5%); y empresas con más de 200 empleados (2,9%). Fueron consultadas por aspectos tales como evolución de las ventas, posibilidad de pagos de sueldos e impuestos, acceso del crédito y asistencia estatal en materia laboral.

Un sector que, en algunos casos, viene operando gracias al uso del delivery y de las ventas online para poder sostener una cada vez menor facturación e intentar mantener su dotación de personal y sus actividades.

Según la consulta, en la actualidad un 52% de los comercios está cerrado; otro 39% opera parcialmente y solo un 8% lo hace de la forma habitual. De los que se encuentran operando, el 47,1% optó por el teletrabajo para preservar al personal del contagio y otro 36,6% redujo la jornada laboral, así como un 34,4% desarrolló nuevos canales de venta a través de internet, por ejemplo. También se aplicaron protocolos habituales como el uso de barbijos y el control de la temperatura.

De todos modos, esos cambios no alcanzaron para equilibrar la complicada situación financiera por la que atraviesan los comercios si se tiene en cuenta que al 92% de los consultados se le cayeron las ventas.

En el caso de los salarios, en marzo la mayoría pudo hacer frente a esta obligación de manera total, totalizando el 57,2% de los comercios, contra otro 28,6% que lo hizo parcialmente y un 14,1% que no pagó.

El problema se dará este mes, ya que la situación se complica si se tiene en cuenta que solo el 24,6% lo pagará totalmente, mientras que un 39,1% lo hará parcialmente y un 36,2% no podrá cumplir.

De hecho, la situación también se evidencia casi de la misma forma con los servicios y los impuestos. En el caso de alquileres, luz, gas, agua o telefonía hasta ahora un 44,2% de los comercios cumplió con la obligación, otro 30,4% lo hizo parcialmente y un 25,4% está en situación de mora. En lo que respecta a los impuestos, esos índices se reducen. Un 37% lo hizo parcialmente, un 42,4% no pagó y un 20,7% lo hizo íntegramente.

Con este cuadro, era de esperar que el sector se volcara a la ayuda que el Gobierno ha venido anunciando para aliviar la crisis. Sin embargo, el 70% de los comercios consultados no está utilizando ninguna ayuda del Estado por diferentes motivos vinculados con la burocracia para obtener ese auxilio más que nada.

Otro 22,% está usando la reducción o prórroga de aportes patronales; un 4% se adhirió al Repro y un 2,2% la asignación compensatoria. Es decir que casi ningún comercio logró adherirse a la línea de crédito bancaria con una tasa del 24% anual que fue promocionada por el Gobierno como la herramienta principal para que los comercios puedan sostenerse. Esto tiene que ver con que un 37,9% no intentó acceder, un 21,7% lo hizo, un 20,46% no alcanzó la calificación; un 11,5% no pudo comunicarse con el banco o le piden un trámite preferencial y un 8,5% denunció que le ofrecen una tasa superior al 24%.

Por eso mismo, advierten que si la cuarentena se extiende habrá consecuencias nefastas. Para un 56,9% se sufrirán grandes pérdidas; para un 33,7% habrá que reducir el tamaño; para un 14,1% se podrá seguir pero para otro 13,4% habrá que cerrar.

Desde la CAC se advierte sobre la necesidad de seguir realizando permanentes gestiones en búsqueda de medidas paliativas para el sector.

Por eso en la encuesta también se le preguntó a los comercios acerca de las principales medidas que debería implementar el Estado (en sus niveles nacional, provincial y municipal) para aliviar las dificultades.

Los principales puntos señalados fueron:

➢ Mayores reducciones impositivas y poder diferir el pago de tributos tales como el IVA e Ingresos Brutos.

➢ Reforzar la asistencia estatal para solventar el pago de salarios y contribuciones patronales, en particular entre los sectores más afectados por el freno de operaciones y la imposibilidad de realizar trabajo remoto.

➢ Permitir paulatinamente el funcionamiento de nuevos rubros de actividad, respetando medidas estrictas de seguridad e higiene y de distanciamiento social.

➢ Se relevan demoras en el pago a empresas proveedoras del Estado en sus múltiples niveles. En este contexto, se requiere dinamizar esos desembolsos.

➢ Mayores facilidades crediticias (tasas más bajas, refinanciación de créditos), asistencia en el pago de servicios, y más acciones de apoyo a sectores no alcanzados por las medidas hasta ahora anunciadas, tales como algunas categorías de monotributistas.