El Gobierno acumula poder para congelar e incluso bajar las tarifas del gas

Además de haber congelado las tarifas por seis meses y de prohibir los cortes de suministro a los deudores de las empresas de servicios públicos, ahora el Gobierno profundiza el poder de regular el precio del gas que los consumidores deberán pagar de ahora en más.

Lo hizo mediante la derogación de una norma que había establecido la gestión de Mauricio Macri que permitía el traslado a las facturas del valor del gas que las empresas distribuidoras compran en boca de pozo.

Se trata de la Resolución 72/2019 que establecía una "Metodología de Traslado a tarifas del precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas".

Había sido sancionada en febrero del año pasado y obligaba al ente a aprobar precios del gas contratados por el mecanismo de las subastas. Fue anulada mediante la sanción de otra resolución, la 27, que le permitirá al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), tener más poder sobre esos costos que habitualmente surgen de una subasta entre productores y comercializadores y que luego pasan a formar parte de la tarifa que abonan los consumidores.

Más allá del contenido de la nueva reglamentación, en concreto le permite al ente sumar poder y pasar a definir si el precio acordado entre las empresas es adecuado o si debe ser menor. Es decir, el organismo a cargo del interventor Federico Bernal, tendrá un mecanismo adicional para congelar las tarifas o definir una baja en los valores bajo el argumento de aplicar un "análisis de justicia y razonabilidad".

Una excusa disfrazada de medida que le permitirá a este funcionario de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex colaborador de Julio De Vido, tener una fuerte injerencia en el valor del precio del gas desde su extracción.

En este sentido, la nueva Resolución 27/20 forma parte de un proceso de revisión de todo lo actuado en este mercado por el anterior gobierno de Cambiemos y, desde su contenido se asegura que la norma derogada "le cercenaba al Enargas analizar la contratación en la compraventa de gas de parte de las distribuidoras".

La crítica, según la mirada del oficialismo, da cuenta de que esa norma habilitaba un pase casi automático a tarifas del precio del gas y le imposibilitaba al ente regulador realizar un juicio de razonabilidad en cada caso particular sobre la formación contractual del precio incorporado a la tarifa.

Para las actuales autoridades del Enargas, el cambio sustancial en las variables macroeconómicas y la necesidad de ponderar caso por caso con criterios técnicos que no se encuentren pre-configurados de modo que cercenen un análisis del precio del gas y el juicio de razonabilidad de la tarifa, son motivos suficientes para derogar la Resolución Nº 72/19.

Mediante un comunicado, Bernal defendió la nueva estrategia del gobierno del Frente de Todos entendiendo que se trata de "un paso fundamental para que el Enargas recupere su verdadero rol de organismo regulador de acuerdo a la Ley 24.076, rencauzando su accionar en lo que respecta al precio del gas en el cuadro tarifario conforme la doctrina del fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016".

Ese año, el máximo tribunal de justicia del país, por unanimidad, resolvió derogar dos resoluciones anteriores que habían sido cuestionadas por asociaciones defensoras de los derechos de los usuarios de gas y ordenó que para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio.

También le instruyó a las empresas retrotrae los valores a los vigentes previos al aumento dispuesto en el 2016 por las resoluciones que se invalidaban en ese momento.

Para Bernal haber mantenido la Resolución 72 resultaba incompatible con la cuestión tarifaria según señalamientos de la Ley de Solidaridad y de todo el marco jurídico regulatorio vigente. "Quiero aclarar que su derogación se efectúa sin perjuicio de las eventuales responsabilidades o consecuencias que pudieran observarse luego de las revisiones que aplicaremos a dicha normativa", agregó el funcionario kirchnerista.

Según la interpretación de las actuales autoridades del Enargas, la norma derogada limitaba la voluntad regulatoria del Enargas al mecanismo dispuesto por la entonces Secretaría de Gobierno de Energía, autolimitando sus facultades y deberes inherentes a la competencia legalmente asignada, que es de carácter obligatorio.

"El análisis del precio del gas que debe trasladarse a la tarifa es un elemento esencial del proceso de su determinación y de la elaboración del juicio de razonabilidad de la tarifa", se señala en el comunicado.

Se interpreta que dicho análisis "de justicia y razonabilidad" que debe realizar el ente es obligatorio y "no puede obviarse en el proceso de pase a tarifa del precio del gas en boca de pozo, pues la tarifa no es el fruto de un acuerdo de partes, sino que es un acto administrativo que le corresponde dictar al Enargas".

A modo de conclusión, Bernal señaló que "este ente, y por las facultades que nos fueron instruidas por el Presidente de la Nación a través de la Ley de Solidaridad y el Decreto 278 (de Intervención), ha vuelto a tener como premisa proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, tarifas justas y razonables, así como precios del gas igualmente justos y razonables".