La mayor parte del establishment argentino parece sentirse cómodo con el avance del Estado sobre el sector privado, en el marco de las medidas que el Gobierno viene tomando para ayudar a mitigar las consecuencias negativas del cepo sanitario obligatorio.

Desde los préstamos para Pymes, pasando por el pago de la mitad de los salarios de los trabajadores privados, hasta el diferimiento de impuestos y servicios, los principales empresarios del país reclaman que estas decisiones se mantengan.

Por lo menos, así se desprende de una carta abierta del llamado Foro de Convergencia Empresarial que acaba de ser dada a publicidad. En el texto se califica como "fundamental" que el Gobierno mantenga "las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas". El reclamo se basa en que las medidas serán fundamentales para lograr la reactivación de la economía "una vez que esto haya terminado".

No se trata de un pedido más si se tiene en cuenta qué cámaras sectoriales adhieren a este foro. Entre ellas están las bancarias; del comercio; la industria; clínicas privadas; hoteleras; del campo; exportadores de servicios; la Bolsa de Comercio. También, empresarios mineros; de centros de contacto; de compañías de origen norteamericano, francés, español e italiano; importadores; del seguro.

Es decir, la totalidad del establishment argentino encolumnada detrás de un reclamo que, en la práctica, busca mayor auxilio del Estado en el operativo de salvataje de la economía argentina que se deberá encarar a medida de que se vaya normalizando la situación sanitaria del país y virus deje de ser un gran riesgo para la sociedad.

Por eso, para los hombres de negocios el rol que el Estado tendrá luego del final del aislamiento obligatorio será excluyente, teniendo presente, según consideran, que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Alberto Fernández tomó medidas para frenar el agravamiento de la inestable situación económica y financiera que sufre el 90% de la economía local que representan erogaciones por $850.000 millones por parte del Estado nacional. Un gasto que solamente cubre los problemas derivados del aislamiento durante marzo y parte de abril, a pesar de que se supone que la reactivación de la industria, el comercio, los servicios y las finanzas no será inmediato sino que se irá dando de manera paulatina y en un contexto que seguirá siendo recesivo.

De hecho, en muchas actividades afectadas por el cepo sanitario, la generación de ingresos ha caído prácticamente a cero. En otras se encuentran con dificultades para pagar los salarios del personal, las cargas tributarias y previsionales y a proveedores.

Según la carta del Foro de Convergencia Empresarial, este escenario "es igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal".

Los empresarios reconocen que no se trata de un fenómeno local sino global. "El mundo enfrenta una situación inédita que afecta gravemente la salud de la población y tiene consecuencias económicas de duración y profundidad desconocidas hasta el momento, derivadas de la baja de actividad producto de la cuarentena y el aislamiento", aseguran en la carta.

Y advierten que en el caso de la Argentina, la llegada de la pandemia de coronavirus encontró al país en una situación de debilidad, producto de una prolongada recesión, de la falta de financiamiento que está requiriendo la renegociación de la deuda con acreedores extranjeros y organismos multilaterales de crédito y de una disminución significativa en la tasa de inversión privada producto de la pérdida de confianza.

"En este difícil contexto el Gobierno nacional y los provinciales han tomado severas medidas necesarias para aplanar la curva de contagios y permitir que los afectados por la pandemia sean tratados por el sistema de salud público y privado sin que éste sea desbordado por la cantidad de casos como ha ocurrido en otras partes del mundo", señala el Foro.

Pero la carta también reclama que algunas de las medidas adoptadas en ese escenario sean revisadas o finalicen de manera simultánea a la flexibilización del aislamiento.

Argumentan la necesidad de generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada a la que consideran un motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía.

En este marco, piden reestablecer el mercado de capitales local por considerarlo imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas. También reclaman anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio como la de los controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía.

Rechazan además los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas "por ser un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión".

Pero si bien le solicitan al Gobierno que siga adoptando medidas de auxilio para el sector privado, a la vez reclaman crear una mesa de diálogo de la que formen parte las autoridades, empresarios, sindicalistas y economistas de distintas tendencias doctrinarias y especialidades.

La razón sería analizar la coyuntura y pensar el día después, tal como se ha hecho con los expertos en infectología para tomar las medidas en materia de salud que han logrado un alto consenso y acatamiento por parte de la población.

En este sentido, apoyan la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo.