Las casi seis millones de facturas que Edesur y Edenor emiten por mes quedaron en medio de una polémica por la forma en que ambas distribuidoras deben calcular el consumo mensual de cada uno de sus usuarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA).

Desde pequeñas y medianas industrias, hasta grandes empresas y, más que nada, los clientes residenciales manifestaron preocupación por el formato de "consumo estimado" que las dos distribuidoras están tomando en cuenta.

Un formato al que se vieron obligadas a recurrir porque el personal afectado a la lectura de los medidores no fue considerado dentro de la categoría de actividad esencial y por ende no iene permitido llevar a cabo esa tarea.

Los "lecturistas" deben cumplir con el aislamiento social obligatorio, por lo menos en el ámbito de alcance del servicio de ambas concesionarias del servicio eléctrico ya que la situación no se replica con el resto de las distribuidoras que operan en otras regiones del país que pueden llevar a cabo esa tarea y enviar a sus clientes facturas con el costo exacto del consumo correspondiente al período en curso.

Así sucede incluso en la provincia de Buenos Aires con Edelap y Edesa o en Córdoba con Epec y Santa Fe con Epe, por citar algunas localidades donde los "lecturistas" están exeptuados de cumplir con el cepo sanitario obligatorio.

Esta diferencia entre las empresas del interior y las de Capital Federal y GBA se explica porque las distribuidoras provinciales son reguladas por cada gobernación o municipio mientras que Edesur y Edenor se mantienen bajo la órbita nacional luego de que el gobierno del Frente de Todos dio marcha atrás con el traspaso de ambas concesionarias a las jurisdicciones de Horacio Rodriguez Larreta y Axel Kiciloff.

En el sector se aseguran que esta discriminación está incubando un grave problema a futuro, teniendo en cuenta que las mediciones "a ojo" deberán ser recalculadas cuando la situación se normalice y los lecturistas puedan cumplir con su tarea nuevamente.

Habrá, dicen los expertos en energía, saldos a favor de los consumidores pero también muchas facturas que llegarán a millones de hogares con valores mucho más altos acumulando las diferencias a cuenta de las compañías, más que nada porque la mayor permanencia de la gente en los hogares incrementa el consumo de electricidad.

Este eventual problema ahora no se estaría reflejando en las facturas debido a que el Ente Regulador de la Electricidad obliga a calcular el período con una ecuación casi inentendible para los técnicos de las distribuidoras, pero que al fin de cuentas tira hacia abajo las facturas mensuales de manera ficticia.

Hace unas semanas, el Gobierno también reglamentó el decreto 311 que prohíbe los cortes de servicio por 180 días y que estableció la creación de una Unidad de Coordinación conformada por funcionarios de las carteras de Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Economía, los entes de control Enre, Enargas y Enacom, Cammesa, Aysa y la Jefatura de Gabinete para analizar la situación del sector.

Esta prohibición potenció la morosidad en el sector al punto que en los meses de cuarentena se está evidenciando una ralentización en el ritmo de pago de las facturas al punto de que el 50% de los hogares dejó de cumplir con esta obligación.

Si bien el DNU fijó la exención para beneficiarios de planes sociales, jubilados y pensionados, entre las empresas ya no se discute que la interrupción de los pagos es tendencia incluso en los sectores de mayores ingresos.