Tras haber realizado cambios en la presidencia de las dos concesionarias de autopistas que controla en Argentina, el grupo español Abertis salió a rechazar la continuidad del congelamiento en el precio de los peajes que rige en el país.

Lo hizo a través de sus controladas, Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que están a cargo de las operaciones de los accesos Norte y Oeste, de la Panamericana y de la avenida General Paz.

Ambas sociedades enviaron sendas cartas a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reclamando una actualización en el precio de los peajes, que se mantienen sin cambios desde enero del año pasado.

En qué se basa el reclamo

Para solicitar este "descongelamiento", las empresas hacen referencia a lo establecido por el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual (AIR), que Ausol y GCO sellaron el 26 de junio del 2018 con el anterior gobierno de Mauricio Macri y que se encuentra bajo proceso de revisión por orden del presidente Alberto Fernández.

Ese convenio fue aprobado por el Decreto N° 607/18, que extendió los contratos de concesión hasta el 2030, incluyó un nuevo plan de inversiones por más de $7.300 millones y establecía nuevas pautas para la recomposición de los precios de los peajes para los próximos años.

Si bien, tanto Ausol como GCO ya enviaron el 29 de junio pasado dos notas solicitando la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes del procedimiento de actualización establecido en la Cláusula 4.2, inciso (c), punto (i) del nuevo contrato, hasta ahora los valores se mantienen congelados.

Peajes: las concesionarias exponen argumentos para pedir el descongelamiento.

De hecho, tras asumir su cargo, el presidente Fernández ordenó continuar con la decisión del anterior gobierno de Cambiemos y luego, por la aparición del Covid-19 y la aplicación de medidas sanitarias para combatir la pandemia, se profundizó con la prohibición de cobrar los peajes durante dos meses.

Igualmente, no hay señales de que el Gobierno quiera modificar la decisión de descongelar los peajes si se tiene en cuenta que ya se anticipó que la medida regirá hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, sin preverse plazos estimados.

El propio Presidente, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, el 1° de marzo pasado, reiteró la vigencia del congelamiento por tiempo indeterminado.

"Por ello, ante la falta de un pronunciamiento expreso respecto de la Nota 169/20, y teniendo en cuenta los antecedentes del Órgano de Control y de la DNV a partir del congelamiento tarifario anunciado en abril de 2019 que rechazaron ajustes tarifarios devengados bajo el AIR, es que interpretamos que, a criterio del Órgano de Control, la medida de impide que este concesionario pueda aplicar los cuadros tarifarios; lo que, en preservación de los derechos de Ausol, nos vemos en la obligación de no aceptar ni consentir", advierten los comunicados de las empresas.

Solicitan además que, "en caso de que el Órgano de Control siga una interpretación distinta respecto de lo aquí manifestado, en cuanto a la vigencia y aplicación de la medida de congelamiento tarifario (que AUSOL se ve igualmente en la necesidad de impugnar por afectar sus derechos), tenga a bien hacérnoslo saber a la brevedad".

Impacto del congelamiento en las empresas

Tanto desde Ausol como desde GCO advierten que el mantenimiento en el tiempo del congelamiento les genera una lógica preocupación a partir de su "significativa" incidencia sobre la situación económica y financiera de ambos grupos concesionarios, que se proyecta en las posibilidades de afrontar los importantes costos operativos de la concesión.

En el caso de Ausol, se hace referencia a los 1.136 empleados que directamente, a las que deben sumarse alrededor de otras 450 personas más que actúan a través de proveedores. En el caso de GCO, se suman otras 860 personas trabajadores directos y 440 a través de sus proveedores.

Peajes: empresas reclaman una actualización para cubrir costos en alza.

Las empresas también advierten sobre la falta de actualización de los costos y de la imposibilidad de haber incluido en forma plena los ajustes contractuales, cuando la inflación acumulada desde enero pasado y hasta el 30 de junio alcanza el 75,91%.

"A esa circunstancia se suma el hecho de que, entre el 20 de marzo y el 18 de mayo, ambos inclusive, rigió la medida de suspensión total del cobro de las tarifas de peaje, lo que ha profundizado el déficit de ingresos de este concesionario y afecta su situación económica y financiera", argumentan en sus notas.

Por todas estas condiciones, las dos sociedades concesionarias reclaman que, en cumplimiento de lo convenido en el AIR, se tenga a bien dejar sin efecto la aplicación del congelamiento y no se impida, al menos de forma parcial, la entrada en vigor y aplicación de los cuadros tarifarios resultantes que deberían aplicarse a partir de la actualización semestral establecida en el contrato.

Solicitan también que no se afecte la plena vigencia del régimen tarifario, "sin perjuicio del derecho de Ausol y GCO a que oportunamente se cumpla con lo establecido en la Cláusula 4.9 y concordantes del AIR (en los términos y en el plazo allí previsto), y de los demás derechos de este Concesionario".