A simple vista, la cláusula "anti periodismo" que contiene la reforma judicial y la decisión de declarar servicio público esencial a las telecomunicaciones no parecen tener nada en común.

Sin embargo, ambas medidas nacieron de la misma usina kirchnerista enquistada en el llamado Instituto Patria, donde se gestó la modificación del artículo 72 inciso E. del proyecto de modificación de la justicia que impulsó Oscar Parrilli y también la idea de regular y controlar las tarifas de las empresas de telecomunicaciones y de TV paga.

Ambas decisiones persiguen el mismo objetivo: controlar la actuación de los medios de comunicación. Por un lado, creando un cepo informativo en las causas de investigación, en especial a las que involucren al mundo kirchnerista, obligando a los jueces a denunciar a periodistas o programas que realicen este tipo de tarea bajo el supuesto de una "presión mediática".

Por el otro, generando un ahogo financiero a los medios dueños o con acciones en operadores de cable que tengan opinión crítica, mediante el uso discrecional de la aprobación o no de un aumento en los precios de sus servicios.

Las constantes críticas de Clarín contra la reforma judicial fueron las principales detonantes de la "venganza" K

Es decir, entregando al Gobierno la dudosa potestad de decidir sobre los ingresos y las ganancias de este sector a partir de la mayor o menor simpatía que demuestran por la política oficial.

Como Parrilli con su reforma judicial, la diputada Alicia Castro también se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner antes de darle impulso al proyecto de declaración de servicio público esencial en el que desde ahora se tendrá que mover el mundo de las telecomunicaciones.

Si bien otra diputada K como es Fernanda Vallejos, había impulsado la misma idea pero a partir de un proyecto de ley, la ex embajadora en Venezuela de Néstor Kirchner fue la que convenció a CFK para usar esta medida en su renovada guerra contra el Grupo Clarín.

El proyecto para que la estrategia se convierta en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recién llegó a manos del presidente Alberto Fernández luego de la charla entre Castro y la Vicepresidenta y después de un duro llamado telefónico a Gustavo López, segundo en la línea de mando del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para ordenarle su alineación detrás de esta estrategia y que deje de convalidar aumentos en los precios como los que el había negociado y aceptado hace unas semanas y que se iban a poner en práctica a partir de septiembre próximo.

En este caso, es llamativo el silencio del titular del organismo, Claudio Ambrosini, sobre el abrupto cambio de rumbo en las relaciones entre el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones.

Proveniente de las filas de la agrupación que lidera Sergio Massa, el titular del Enacom había logrado un acercamiento con las operadoras telcos para que aceptaran un congelamiento parcial de tarifas durante lo más duro de la cuarentena y de la pandemia del Covid-19 a cambio de evitar que el proyecto de ley de la diputada Vallejos tuviera éxito.

Sin embargo, el nuevo DNU cambia la vinculación que a partir de ahora, será mucho más dura y hasta promete el inicio de nuevos juicios contra la Argentina en los tribunales internacionales.

En especial, de los grupos extranjeros dueños o accionistas de compañías telcos que se verán obligados a presentar demandas en el Ciadi, por ejemplo, ante un cambio en las reglas de juego que afecta directamente los tratos de reciprocidad en las inversiones que la Argentina tiene firmado con varios países.

No es un tema menor para empresas que cotizan en los principales mercados bursátiles del mundo que ahora verán afectada sus ecuaciones económicas por el DNU presidencial.

Pero además de este preocupante escenario y de la batalla personal que CFK tiene contra el holding de medios encabezado por Héctor Magnetto y todo lo que "tenga olor a Clarín", la mirada kirchnerista también tiene en cuenta la brecha cambiaria y las supuestas maniobras realizadas por el mayor holding de medios y por otras empresas de telecomunicaciones para comprar dólares en el mercado del llamado Contado con Liqui.

Esta maniobra y las constantes críticas de Clarín contra la reforma judicial fueron las principales detonantes de la "venganza" K disfrazada en un DNU supuestamente gestado como una gesta para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

En líneas generales, toda la letra del decreto que declara a la telefonía celular y fija, a internet y a la TV paga como servicios públicos esencial, no sólo congela los precios hasta el 31 de diciembre de este año. También está pensado para regular los ingresos y las ganancias de las empresas que participan de esta industria.

Varios de sus artículos así lo disponen, a partir de transformar a estos servicios en competencia a públicos y esenciales, un cambio que en tiempos de respeto constitucional deben ser debatidos en el Congreso de la Nación.

Supuestas maniobras realizadas por el mayor holding de medios para comprar dólares, en la mira

Sin embargo, el kirchnerismo avanzó desconociendo esta premisa y hasta puso a Alberto Fernández bajo el mismo paraguas, a pesar de las buenas relaciones que el Presidente tiene y tuvo desde siempre con el Grupo Clarín. Ni bien ganó las PASO del 2019, participó como invitado especial de un seminario organizado por el holding en lo que, en ese momento, se creyó como una señal de acercamiento que tenía como objetivo terminar con la guerra entre Magnetto y CFK.

A la fecha, lejos quedaron esas sensaciones y el Jefe de Estado parece no contar con mucho margen de maniobra independiente a los pensamientos, decisiones y caprichos de quien lo eligió para ser el primero en la fórmula presidencial pero no para ejercer el poder en toda su dimensión.

De hecho, la defensa del DNU que hace el Presidente, aconsejados desde las usinas gubernamentales kirchneristas, es errónea. Por ejemplo, no es cierto que Estado recupera las herramientas regulatorias que el anterior gobierno de Mauricio Macri supuestamente había derogado.

Durante la gestión de Cambiemos se promulgó un decreto modificatorio de la ley Argentina Digital que se orientó a un cambio sobre el universo mayorista en la interconexión entre las empresas con sus usuarios y en la terminación de las llamadas.

Es cierto que la norma, sancionada en el 2014, contenía un régimen de servicio público pero que se orientaba solamente a ese segmento del negocio y que obligaba a las compañías a mantener un régimen de interconexión similar para que ninguna se aproveche de otra. En especial, las tres incumbentes (Telecom; Movistar y Claro), contra Telecentro o iPlan, por ejemplo.

Pero Macri, con el Decreto 267 deroga este aspecto de la ley y establece un servicio en competencia por precio. Una medida que causó varios inconvenientes al sector que debió encarar negociaciones para establecer los valores de interconexión entre la terminación de llamada de telefonía de fija a fija; de fija a móvil y de móvil a fija.

En el 2018, se debió establecer una nueva fórmula matemática para adecuar esos precios que se encontraban congelados desde el 2001 en u$s0,018 y también para computar los costos en segundos o en pulsos. Tras la intervención de las entonces autoridades del Enacom se estableció la tarifa en u$s0,48 y su formato de cobro en segundos.

Con la llegada de la crisis económica en el 2019, esos valores correspondientes a la terminación de las llamadas también fueron congelados. Luego, tras la asunción del Frente de Todos se descongelaron, lo cual marca una contradicción en la política oficial que ahora vuelve a colocarles un cepo.

A partir de esta nueva y compleja realidad, seguramente los usuarios supondrán que un congelamiento en los precios de lo que se paga por el cable, internet y la telefonía es una buena medida para sus alicaídos bolsillos.

Cierto para el corto plazo. Pero si se mira la película en el mediano y largo plazo los efectos serán otros. Seguramente la regulación oficial sólo generará un efecto contrario, ya que se pagará lo mismo pero por un servicio cada vez más deficitario. Las empresas dejarán de invertir para modernizar sus sus infraesctucturas o lanzar nuevos servicios mientras sus ingresos y ganancias dependan de la voluntad del funcionario de turno y de si son más o menos afines a la ideología de quien le debe poner la firma a un aumento de tarifas.