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Robo de petróleo a YPF: proponen incrementar los controles y la trazabilidad de las naftas que llegan a las estaciones

Robo de petróleo a YPF: proponen incrementar los controles y la trazabilidad de las naftas que llegan a las estaciones

Robo de petróleo a YPF: proponen incrementar los controles y la trazabilidad de las naftas que llegan a las estaciones
La detención de la banda que "pinchó" el oleoducto de la estatal derivó en un pedido de mayores controles. Cómo operaba la organización desarticulada
Por Patricio Eleisegui
16.09.2020 12.06hs Negocios

El robo de petróleo que sufrió la estatal YPF el año pasado y este, y que ya a comienzos de septiembre derivó en allanamientos y detenciones, comenzó a motorizar acciones desde el ámbito político.

Confirmado que la compañía sufrió pinchaduras en su oleoducto en enero de 2019 y la primera parte del corriente, ahora se presentó un proyecto que pide revisar "medidas de prevención, monitoreo y control para garantizar la trazabilidad de los combustibles que se venden en las estaciones de servicio". Y también los aspectos orientados a "detectar y reprimir la existencia de refinerías ilegales".

Si bien la iniciativa parte del cuerpo de senadores de Juntos por el Cambio -con Pablo Blanco a la cabeza-, lo cierto es que el delito en cuestión es interpretado como "un daño patrimonial directo a la empresa y, en consecuencia, al bien público del país, un riesgo para las personas que participan en la manipulación, un daño directo a los particulares que emplean combustibles que no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad de las bocas de expendio autorizadas y certificadas y un daño grave al medio ambiente en los lugares de operación de estas destilerías".

También se señala que "una investigación preliminar indica la existencia de casos de robo de petróleo en los años 2002, 2007, 2011, 2015 y 2016".

Entre otros aspectos, según pudo constatar iProfesional, se expone a las estaciones de servicio "sin bandera" como "una zona gris en un mercado de altísima regulación como el de los combustibles".

"El establecimiento de procedimientos para la trazabilidad de los procesos económicos desde el punto de vista de la legalidad pero sobre todo de la seguridad de las personas es ser un mandato permanente y vigoroso de la sociedad hacia el gobierno", se insiste en el proyecto, siempre con foco puesto en el circuito de producción y venta de naftas a partir del crudo robado a la estatal.

El proyecto en cuestión surge a partir de lo ocurrido en la primera parte de septiembre. A comienzos de mes, 21 personas fueron detenidas -entre ellas, Alberto Torres, concejal de Cambiemos en Lanús- luego de 39 allanamientos realizados en distintas zonas del conurbano bonaerense y del interior del país en el marco de una causa que investiga a una organización criminal que robaba petróleo de un oleoducto de estatal YPF.

La banda en cuestión luego refinaba el crudo en destilerías clandestinas y lo vendía como combustible en distintas estaciones de servicio, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos, informaron a iProfesional fuentes ligadas a la causa, fueron ordenados por el juez federal 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene a su cargo la investigación de la maniobra ilícita.

La acción de hace dos semanas corrió por cuenta de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA), que actuaron en sendos puntos del conurbano bonaerense y en las localidades de Olavarría, Azul y Villa Ramallo de la provincia de Buenos Aires.

Otros operativos también fueron llevados a cabo en la ciudad de San Lorenzo -provincia de Santa Fe-, en la localidad rionegrina de General Roca y en la ciudad de Neuquén.

A comienzos de mes, 21 personas fueron detenidas petróleo de un oleoducto.
A comienzos de mes, 21 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por robo de petróleo.

Así operaba la banda

Las pruebas recolectadas permitieron determinar que la banda obtenía crudo de manera ilícita de diversas fuentes, afectando a varias empresas del sector. En particular, en febrero pasado la banda intentó extraer petróleo mediante una punción a un oleoducto de YPF, en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, para lo cual los miembros se habrían alojado previamente en Bahía Blanca.

Fuentes judiciales indicaron que para extraer el crudo del oleoducto -que transporta el petróleo desde Puerto Rosales, justamente cerca de Bahía Blanca, hacia la refinería de Ensenada-, los miembros de la organización pretendían realizar perforaciones y, mediante un sistema de "bypass", verter el hidrocaburo en piletones sellados con lonas realizados en la tierra.

Posteriormente, este resultaba cargado con mangueras en camiones cisterna que, en algunos casos, luego trasladaban el líquido a una planta clandestina ubicada en Valentín Alsina -que vierte sus desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo- donde era destilado y refinado. El combustible resultante se comercializaba a estaciones de servicio sin bandera -también conocidas como "blancas".

El combustible resultante se comercializaba a estaciones de servicio sin bandera
El combustible resultante del robo de crudo se comercializaba en estaciones de servicio sin bandera.

De acuerdo a las escuchas realizadas por los investigadores, se estableció que las maniobras demandaban el uso de tres camiones cisterna y el empleo de cuatro choferes. También, que los conductores realizaban un circuito que permitía realizar dos cargas de petróleo a dos vehículos por noche.

Se constató que todas las operaciones comenzaban durante la tarde-noche y culminaban cerca de las 6 de la mañana del día siguiente.

De acuerdo a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, los integrantes de la banda obtenían "un alto rédito económico, no sólo sorteando todas las exigencias y controles estatales, sino también construyendo con sus maniobras un circuito económico y comercial completamente ilegal", y que además "habrían realizado acciones que dañan el medio ambiente de manera ostensible".

Durante los allanamientos, además de las detenciones, se secuestraron herramientas para la punción de los oleoductos, dinero en efectivo -12 millones de pesos y 3.700 dólares-, teléfonos celulares y vehículos varios.