Qué variantes plantean los empresarios al "impuesto a la riqueza" que se debatirá en el Senado

Lograda la media sanción del llamado "Impuesto a la riqueza" en la Cámara de Diputados y enviado el proyecto al Senado para ser convertido en ley, los principales grupos empresarios del país insisten en rechazar la iniciativa y hasta proponen alternativas al tributo que impulsa el Gobierno.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), pasando por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), hasta el Foro de Convergencia Empresarial se suman rechazos a la norma que pretende establecer un "aporte solidario y extraordinario" a las grandes fortunas.

La mayoría de los empresarios coinciden en que se trata de una nueva carga sobre las personas con grandes patrimonios, que va a incrementar una presión impositiva ya de por sí muy elevada, y que frenará proyectos de inversión futuros.

En este marco, y teniendo en cuenta que la aprobación del proyecto por parte del Congreso es inevitable al tener el oficialismo mayoría en el Senado, se presentan variantes para morigerar el impacto negativo que el tributo tendría para el sector empresario.

Las propuestas de la Cámara de Comercio

Un ejemplo es la propuesta de la CAC para que se reemplace el impuesto a la riqueza por un "impuesto patriótico" que permita asistirá las urgencias fiscales, como una alternativa superadora, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social.

Para los empresarios del sector del comercio es necesario reducir las ineficiencias en materia de gasto público, combatir la informalidad y hasta, en la crítica coyuntura actual, aprobar un "empréstito patriótico", en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores.

"La CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava los mismos activos sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta nueve veces en el último año", cuestiona la entidad.

Asimismo, sus integrantes se muestran convencidos de que la expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, "requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable".

Sin embargo y ante la inminencia de la aprobación del impuesto oficial piden también hacer varios cambios al proyecto durante su debate en el Senado, tendientes a morigerar los efectos negativos del aporte solidario.

Por caso, reclaman incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto.

También, transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que significaría una importante mejora en materia de equidad.

Otro pedido es el de eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.

La CAC entiende además que es necesario suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento, así como reducir las alícuotas aplicables.

En este sentido, aconsejan a los senadores gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.

Reclaman eximir los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite y disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.

"En definitiva, la CAC ratifica su rechazo al aporte propuesto, a la par que hace un llamado a que, en caso de este se concrete su aprobación, cuanto menos se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional", detalla el comunicado empresario.

Reclamos e ideas de la UIA

El paquete de "consejos" de la CAC se suma al ya propuesto desde la Unión Industrial Argentina, donde aseguran que tratamiento del proyecto en Diputados no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

En este sentido, la central fabril reitera la importancia de que el Senado "incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto" y escuche ciertos cambios.

En el caso de la UIA se suman la necesidad de excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles).

Y la propuesta de permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

También suman las exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación).

Dicen desde la UIA que hace falta incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales, teniendo en cuenta que el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente.

"Confiscatoriedad, porque grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo)", según la UIA.

En el caso de la capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos. Y con respecto a la retroactividad de la condición de residente, porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año.

Para la entidad que preside Miguel Acevedo, "en un contexto atravesado por una crisis de escala global, la redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida". Y asegura que más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo.

En el caso del Foro de Convergencia Empresarial el aporte extraordinario a los grandes patrimonios es contrario a la necesidad de promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino.

"El proyecto oficial, a todas luces, generará un efecto inverso, por lo que sorprende que cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos", acusan desde la entidad en donde califican al impuesto de "dislate".

Coinciden con la UIA en que se trata de una iniciativa confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y que desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional.

"Al ser un impuesto no coparticipable se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias. Además, apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia", detalla el Foro en un comunicado.

Sus integrantes aseguran además que no impactará solo en las "grandes fortunas", como se pretende hacer creer, dado que grava a los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio.

"Finalmente, afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente", cuestionan.

Señalan también al sector público por no haber, hasta ahora, evidenciado ninguna medida de redimensionamiento o racionalización, como sí lo ha tenido que hacer el sector privado.

Recuerdan que la presión tributaria en Argentina ya es una de las más altas del mundo y advierten que la creación de nuevos impuestos para financiar un gasto público creciente en los tres niveles del Estado no va a permitir que salgamos de la prolongada recesión en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo.

"Por eso, convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos", piden.