Como en junio del 2020 con la intervención de Vicentín, y en julio del mismo año con el avance estatizador en Edesur, el Gobierno ahora identificó otro "enemigo" dentro del sector corporativo para este 2021.

O por lo menos así piensan en la industria de la alimentación, donde las principales productoras sugieren que las autoridades nacionales las eligieron para confrontar ante la opinión pública y acusarlas de ser las "culpables" del aumento de la inflación.

No se trata de una estrategia que impulse el Ministerio de Desarrollo Productivo sino de una jugada de ciertos sectores kirchneristas que orienta la vicepresidenta Cristina Kirchner y que impulsan políticas de confrontación con los ciertos actores del establishement local.

La estrategia es apostar a que los controles de precios -en sintonía con un dólar quieto y las tarifas congeladas- puedan bajar la inflación del 4% al que llegó en enero pasado.

Pero, a diferencia del pensamiento del ministro Matías Kulfas, en estos ámbitos no comulgan con la idea de que la inflación es un problema macro, cuya responsabilidad mayor depende de la política monetaria, fiscal y de coordinación entre los distintos actores del gabinete económico.

Al contrario, los aliados de CFK aseguran que las "corporaciones neoliberales" son las grandes causantes de todos los males que sufren los argentinos y por eso intentan que el Gobierno despliegue un arsenal de medidas orientadas a profundizar los controles sobre el mercado.

Representantes de varias de las empresas imputadas habían concurrido al encuentro organizado por el jefe de gabinete

Documento "aplaudido"

En esta línea salieron a "aplaudir" la reciente difusión de un comunicado de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que precisamente lidera la dirigente kirchnerista Paula Español y que identifica a un grupo de grandes empresas locales y multinacionales como causantes del desabastecimiento de una serie de productos alimenticios.

El documento habla de "imputaciones" contra Mastellone; Fargo; Aceitera General Deheza (AGD; Danone; Molinos Cañuelas; Bunge; Molinos Río de la Plata; Unilever; P&G; Paladini y Potigian. Se las imputa de generar desabastecimiento, retener producción o no haber entregado determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

En rigor, se trata de la, por ahora, última jugada de este sector del oficialismo para regular y ponerle cepos a la actividad alimenticia local, ya encorsetada por los programas que establecen precios máximos o leyes como la de Góndolas o Etiquetado que van en el mismo sentido.

Poder a las organizaciones sociales

Estas medidas se suman al poder que se le otorgó a varias organizaciones sociales y piqueteras para que realicen controles de precios en los comercios y cadenas de supermercados. Una decisión bastante polémica que ya está generando muchas críticas y hasta acusaciones por pedidos de coimas para evitar denuncias en contra de las empresas.

El sábado pasado, los movimientos sociales salieron a recorrer los supermercados en un tarea voluntaria que encararon representantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para chequear que los precios de las góndolas coincidieran con los establecidos por la Secretaría de Comercio.

El domingo, se sumaron a las fiscalizaciones empleados de la AFIP que, junto a los inspectores del ente que dirige Paula Español salieron a vigilar los precios, haciendo 53 inspecciones en el área metropolitana, elaborando 14 actas por infracciones a Precios Máximos y se verificando faltantes de productos del programa Precios Cuidados.

La tarea es compartida por los integrantes del reciente creado Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) con el objetivo extender a todas las jurisdicciones las tareas de control de "ejecución de los programas y regulaciones". Un organismo que le dará marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización de los acuerdos de precios para diez cortes de carne vacuna, además de la continuidad del programa "Precios Cuidados.

El Gobierno acusa a empresas alimenticias de ocultar productos y reducir la producción

Toda esta batería de medidas no fue precisamente parte de la agenda de temas desplegados el jueves de la semana pasada en la reunión que empresarios alimenticios y de otros sectores mantuvieron con los integrantes del gabinete económico.

De hecho, varias de las empresas ahora imputadas por desabastecimiento fueron del encuentro convocado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la excusa oficial de consensuar políticas que permitan alcanzar un gran acuerdo de precios y salarios.

La realidad es que los ejecutivos solamente escucharon que se implementarán las medidas que el Gobierno ya viene aplicando, y sin éxito, para intentar frenar la escalada inflacionaria que no se detiene a pesar de que varios de los costos de la economía, como tarifas y precios, se encuentran regulados por el Estado.

No es casual entonces que el organismo que dirige Paula Español impulse imputaciones contra compañías de este rubro tras verificar incumplimientos a la intimación a "incrementar producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda".

La denuncia se basa en la Resolución 100/2020 y sus modificatorias, del 20 marzo del año pasado y que establece el basamento legal para la implementación de Precios Máximos y que busca proteger a los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento.

En este marco, los inspectores del Gobierno hicieron llegar a las empresas requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero pasado y comprobaron una importante caída de la producción o de la distribución de varios artículos alimenticios y de limpieza e higiene personal.

Entre las empresas apuntadas aseguran haber cumplido con todas las demandas oficiales y rechazan las imputaciones del Gobierno, además de sostener no haber sido informadas hasta ahora de ninguna clase de imputaciones en su contra.

Ejecutivos de varias de las compañías mencionadas en el comunicado oficial consultados por iProfesional coinciden en que el Gobierno pretende trasladar la responsabilidad por la inflación al sector alimenticio.

Inflación en la mira

Admiten que hay productos que se encuentran unos puntos por arriba de la inflación general del INDEC y que ese dato "preocupa y mucho", más que nada porque el mayor impacto se genera en alimentos no controlados, como carne, verdura y fruta que, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo, subieron casi 60%.

"Nosotros hemos enviado mucha información al Gobierno la semana pasada, tal como nos pidieron para cumplir con todas las normas y ahora nos enteramos por los medios de estas imputaciones", advierte un alto ejecutivo de una de las compañías locales que figura en el listado de Comercio Interior.

Otro de sus colegas recuerda que el año pasado todo el sector de alimentos y bebidas "se mató para que en las góndolas no faltara nada en medio de una tremenda pandemia como la que venimos soportando".

El empresario hace referencia a los protocolos y cuidado del personal y los clientes que llevaron a cabo las alimenticias, así como al proceso de abastecimiento encarado con un marco de dificultades provenientes de tener precios congelados pero costos libres y subiendo todos los meses.

"Es injusto que ahora nos quieran acusar de ser los culpables de la inflación", agrega este importante hombre de negocios que, como el resto de sus colegas, prefiere el anonimato para opinar sobre las medidas del Gobierno por temor a recibir represalias.

En la misma línea, desde una de las multinacionales también imputada advierten que los precios suben porque hay inflación y no, como quiere establecer el Gobierno, porque los alimentos incrementan sus valores.

"La industria de alimentos sufre con la inflación, no la provoca. Y preocupa que cada vez la regulación sobre el sector sea más grande", advierte este ejecutivo.

Por el contrario, desde Comercio Interior la mirada es diferente. Por ejemplo, en el comunicado reciente se identifica a Unilever, de haber registrado una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos. O a Danone, de haber disminuido la producción y despacho de quesos cremas y postres.

También se imputa a Procter & Gamble (P&G), de haber bajado el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes. Y a Fargo de tener un menor stock de presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.

Incluso se apuntó contra la local Aceitera General Deheza (AGD), la empresa del presidnte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. En este caso, según el Gobierno se acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones.

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites, mientras que en Bunge se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas.

En cuanto a Mastellone; la distribuidora de golosinas Potigian; la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo.

De acuerdo a las fuentes oficiales, todas las empresas imputadas tienen ahora cinco días hábiles para acreditar "de modo fehaciente" haber cumplido con las normas.

También deben restablecer los niveles de stock registrados a noviembre del año pasado y arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. Una vez que todas presenten sus descargos, recién habrá definiciones sobre si se les aplicarán multas o si se las sanciona o no. Habrá, entonces, que esperar para analizar cómo continúa esta guerra desatada entre el Gobierno y la industria de la alimentación.