Tras haber completado el proceso de reestructuración de una millonaria deuda y de haber recibido auxilio de parte del Gobierno para encarar ese proceso, IMPSA sale ahora a buscar fondos al mercado de capitales.

Lo hará a partir de la emisión de una nueva serie de acciones con la que espera obtener cerca de u$s20 millones, cifra que según sus autoridades, es necesaria para la recomposición del capital de trabajo.

Este sería el tercer paso del llamado Plan de Recomposición de Estructura de Capital lanzado el año pasado por la compañía. El primero, la reestructuración de la deuda, fue completado en noviembre pasado con éxito, mientras que en diciembre el Ministerio de Desarrollo Productivo aprobó la entrada de IMPSA al programa PAEERP de asistencia a empresas estratégicas que exportan alta tecnología.

Los datos figuran en un documento enviado por la ex empresa de la familia Pescarmona a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el cual se aclara también que si los fideicomisos de acciones que detentan la tenencia de las acciones de IMPSA renuncien a su derecho de suscripción preferente sobre las mismas o decidan no ejercerlo, serán ofrecidas al gobierno nacional y al de Mendoza.

Es decir que podrían sumarse el Estado nacional o el provincial como nuevos accionistas en conjunto con un importante grupo de acreedores que detentan el control de la compañía con sede en Mendoza.

Actualmente, y desde abril del 2018, las acciones de IMPSA se encuentran en poder de dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante) fue constituido en favor de los accionistas que controlaban IMPSA antes de la reestructuración.

La finalidad de ambos fideicomisos fue la de garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía, a través de un proceso en el marco del cual se llevaría a cabo una reestructuración.

Una asamblea clave para la reestructuración

Para continuar con este proceso y obtener las autorizaciones necesarias para alcanzar la emisión de la nueva clase de acciones, el directorio de IMPSA ha convocado a una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 16 de marzo próximo.

Ese día, además se tratará una reforma integral del estatuto social a fin de, entre otras cuestiones, reflejar la creación de la Clase C de acciones; contemplar la nueva estructura accionaria; aumentar a siete el número de directores titulares y disponer que corresponderá a la Clase C la elección de cuatro directores titulares y hasta otros cuatro suplentes, incluyendo al presidente y al vicepresidente de la sociedad. Al mismo tiempo, los accionistas de la Clase A y B mantendrán su derecho a designar dos directores y un director, con sus respectivos suplentes.

Este proceso se suma al plan de recomposición de su estructura de capital que había propuesto en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que la compañía metalúrgica presentó el año pasado ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de Mendoza, que lleva adelante su proceso de quiebra desde el 2018.

En dicha oferta, IMPSA apuesta a reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes de la compañía con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".

IMPSA ya recibió ayuda del Gobierno a fines del año pasado.

La propuesta mezcla una serie de instrumentos financieros para cancelar sus cuentas como Obligaciones Negociables (ON), con oferta pública denominadas en dólares; nuevo bono internacional también en dólares y nuevos préstamos millonarios.

Propuso emitir un bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036. Previamente, la oferta contempla que entre el 2025 y el 2028 comenzarían a pagarse, de manera semestral, parte de los intereses.

Además, IMPSA se comprometió al ingreso al régimen de oferta pública y cotización de acciones a partir de esta emisión de acciones Clase C.

De manera adicional, contratará un asesor financiero internacional para llevar a cabo una valuación del capital, estableciéndose que no podrán emitirse acciones bajo la par.

Actualmente, la compañía emplea a más de 720 trabajadores propios y otras 100 Pymes con las que habitualmente trabaja y tenía la necesidad de recomponer su estructura de capital, afectada por el contexto desfavorable que surgieron tras haber completado exitosamente el cierre del acuerdo preventivo judicial en el 2017.

Historia de un endeudamiento

Los problemas vinculados a su endeudamiento comenzaron cuando, durante el 2014, su filial brasileña Wind Power Energía, entró en cesación de pagos, dejando de operar y encontrándose aún en proceso concursal en Brasil.

Debido a que gran parte de la deuda de dicha compañía estaba garantizada por IMPSA, los acreedores iniciaron reclamos en contra de la compañía mendocina por más de u$s850 millones, lo que llevó el endeudamiento total del grupo a superar los u$s1.100 millones.

La empresa se vio obligada a iniciar un proceso de negociación con sus acreedores que derivó en un acuerdo de reestructuración instrumentado mediante el APE del 2017 que le permitió reducir el pasivo a u$s520 millones, que de todas formas representaba algo más del doble de la deuda propia que IMPSA tenía originalmente.

Como parte de ese proceso, se modificó la composición accionaria de la compañía, su directorio y su management, obligando a la salida de Enrique Pescarmona como su CEO y de toda su familia del control de la compañía.

IMPSA, una de las industrias más avanzadas de la Argentina, en crisis financiera.

Durante esos años, logró obtener nuevos contratos y fortalecer su imagen pública, pero fue nuevamente afectada por el agravamiento de la situación macroeconómica a partir de mayo del 2018, que resultó en la suscripción de un acuerdo de crédito stand-by entre la Argentina y el FMI, impuso severas restricciones al gasto público y derivó en la postergación y cancelación de diversos proyectos de obra pública que IMPSA tenía razonables expectativas de obtener.

Por eso, la emisión de las nuevas acciones Clase C le permitirá sostener este proceso comercial para consolidar sus operaciones locales y volver a competir en los mercados que lideró durante décadas exportando el 85% de sus productos a Asia, Europa, África y las Américas.

"Esta nueva capitalización permitirá preservar años de inversión en tecnología para la industria nacional y permanecer como referentes internacionales en materia de energía para la exportación de productos de alto valor agregado", afirmó Juan Carlos Fernández, CEO de IMPSA.

Actualmente, la empresa está ejecutando contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, como así también equipamientos para la industria del petróleo y gas. Por caso, diseña y fabrica las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM, entre los principales proyectos.

A su vez, tiene previsto competir este año para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.