Oficial: la impactante cantidad de hogares argentinos que no pueden pagar la luz y el gas
Si bien todavía se mantiene el debate sobre el porcentaje de suba que tendrán las tarifas de gas a partir de abril próximo, un informe reciente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), puede ayudar a entender cuál es el razonamiento que utiliza el Gobierno para analizar la viabilidad o no de esos retoques en las facturas de ese servicio.
Se trata de un documento redactado por el ente oficial en el cual se critica la política tarifaria del anterior gobierno de Mauricio Macri y se la acusa de haber incrementado la cantidad de hogares que debieron atravesar problemas para pagar las facturas de la luz y el gas, precisamente por esas políticas de actualizaciones de precios.
Pobreza Energética
El informe se da a conocer en el marco del llamado Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes denominado "Estado del Gas", en el cual se publicó el documento gráfico titulado "Hogares con Pobreza Energética. Total País 2015-2019".
Las actuales autoridades del Frente de Todos entienden por hogares con pobreza e indigencia energética a todos aquellos que sufren serias dificultades para afrontar el pago de los servicios de energía, (gas por redes, energía eléctrica y GLP envasado o garrafa) tomando en cuenta sus ingresos mensuales.
Siguiendo este razonamiento del gobierno del presidente Alberto Fernández, cuando un hogar destina el 10% o más de sus ingresos al pago de esos servicios se lo considera energéticamente pobre, mientras que la indigencia energética afecta a aquellos que gastan el 20% o más de sus ingresos en pagar sus facturas de luz y gas.
En este sentido y según el informe, la política de aumentos llevada a cabo por el anterior gobierno de Mauricio Macri incrementó "gravemente" la cantidad de hogares en esas situaciones.
El documento del Enargas, toma como punto de partida el año 2015, cuando había en todo el país 1.335.000 hogares con pobreza energética y cuando finalizaba la gestión política del kirchnerismo y desembarcaba Cambiemos en la Casa Rosada.
A partir del 2016, el informe observa un incremento del 103% en relación con el año anterior, "registrándose a nivel país un total de 2.710.000 hogares pobres en materia de energía, es decir que emplearon el 10% o más de sus ingresos para pagar esos servicios".
En el 2017 el aumento fue algo menor pero se mantuvo creciente la cantidad de hogares energéticamente pobres. Ya en el 2018 la situación empeora de modo dramático toda vez que no sólo sigue el crecimiento sino que aparece el registro de indigencia energética.
En ese año, del total de 2.792.000 hogares con serias dificultades para pagar sus servicios, 1.395.000 cayeron en esa categorización, mientras que la otra mitad permanece en la pobreza energética, de acuerdo a los datos registrados por el Enargas.
Un año después, la cantidad de hogares pobres energéticamente vuelve a aumentar sumando 2.849.000 y representando un 104% más que en el 2018. Pero los indigentes energéticos aumentan a 1.425.000, es decir 30.000 hogares más que en el año anterior.
"La suma de ambas categorías totaliza 4.274.000 hogares energéticamente pobres e indigentes en todo el país, es decir que atravesaban gravísimas dificultades para el pago de los servicios de energía", advierte el trabajo oficial.
De tal modo, al trazar la comparación con el 2015, se observa que el incremento fue del 220%, lo que representa que desde entonces 2.939.000 hogares más entraron en esas condiciones.
Impacto de las tarifas
Para los funcionarios del Enargas "el relevamiento deja claramente expuestas las consecuencias derivadas de los nuevos cuadros tarifarios dispuestos desde el 2016, la política económica con un claro sesgo regresivo en la distribución del ingreso y los altos índices de inflación que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de las familias".
A ello se le debe sumar la caída de la actividad económica con la consecuente pérdida de empleo, y las modificaciones discrecionales y restrictivas en relación con los criterios de inclusión para el acceso a la llamada Tarifa Social a nivel nacional, que entre 2017 y 2019 implicaron una disminución del 34% de beneficiarios, es decir, 591.828 personas que se vieron privados de ese derecho.