A través de un grupo de senadores del kirchnerismo que responden al Frente de Todos, el kirchnerismo pretende crear una sociedad estatal para regular y controlar de manera total los puertos y la navegabilidad en las principales rutas marítimas del país, además de fabricar barcazas y buques para impedir el ingreso de naves armadas en el exterior.

La idea surgió en el Instituto Patria, bunker de la vicepresidenta Cristina Kirchner y usina de pensamiento del sector kirchnerista dentro del Gobierno. Como modelo se tomó en cuenta a Enarsa, creada en el 2004 por Néstor Kirchner para intervenir en el mercado energético y participar de toda la cadena de exploración, producción, distribución, transporte y venta de hidrocarburos.

Y fue plasmada en un proyecto de ley ya presentado en el Senado de la Nación y que en las próximas semanas debería también llegar a Diputados luego de que se le de el visto bueno desde el Ministerio de Transporte que comanda Mario Meoni.

Puntos destacados

La nueva sociedad estatal se llamará Empresa Nacional de Dragado S. E. (Enadgras) y en su artículo vinculado al objeto social se explica el poder casi global que tendrá la nueva empresa estatal ya que pasará a controlar desde las labores de dragado y balizamiento, pasando por la regulación de tarifas, hasta la construcción de buques de bandera argentina.

"La compañía tendrá la responsabilidad de garantizar la navegabilidad desarrollado en el país el estudio, exploración y explotación de los servicios de dragado y balizamiento, su residual y el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad de servicios, industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto", dice el artículo donde se hace mención al poder que tendrá Enadrag.

Para los autores del proyecto, el Estado argentino debe tener a su cargo el dragado y balizamiento de todos los espejos de agua, canales de acceso a los puertos a partir de una empresa que renueve la flota, recupere los recursos existentes, construya en astilleros nacionales las embarcaciones, utilice efectivamente los talleres de mantenimiento y que active las filiales requeridas en las provincias.

"Todo esto denotará una visión estratégica de recuperación de los recursos estratégicos nacionales que, sin dudas, son la clave de un rápido resurgimiento de la economía del país y la calidad de vida de los argentinos", aseguran sus impulsores.

En este sentido, la sociedad estatal podrá además generar, transportar, distribuir y comercializar el producido del dragado y balizamiento, así como la operación y mantenimiento de las vías navegables.

También tomará a su cargo la exploración y explotación de otras cuencas, cuando, a su juicio, resulte económicamente factible o sea conveniente a los intereses de la nación.

Se le reservará la industrialización, el transporte y la comercialización de toda clase de producidos, minerales, naturales o procedentes de elaboración, así como de sus derivados, productos, y subproductos que provengan del dragado. Y hasta comprar, vender, permutar, importar y exportar por sí o por terceros.

La nueva sociedad estatal buscará regular las tarifas de navegación por el territorio argentino

El control accionario de Enadgras estará repartido entre acciones de Clase A; Clase B y Clase C. Las primeras estarán en poder del Estado nacional y representarán el 51% del capital social; las de Clase B, por un 39%, serán distribuidas entre las provincias de Río Negro; Chubut; Santa Cruz; Buenos Aires; Santa Fe; Entre Ríos; Corrientes; Misiones; Chaco; Formosa y Tierra del Fuego. Y las de Clase C, por el 10% restante, se destinarán al personal de la sociedad bajo el régimen del Programa de Propiedad Participada (PPP).

Si bien el proyecto de ley avanza en la Cámara alta, todavía no fue enviado a Diputados hasta tanto se le corrijan algunos párrafos que están siendo analizados en el Ministerio de Transporte y también por el gobernador bonaerense Axel Kiciloff, uno de sus principales impulsores.

Intervencionismo

Su contenido evidencia un fuerte sentimiento de nacionalización del sector de vías navegables y puertos al sostener, por ejemplo, la necesidad de trabajar "por la Recuperación Nacional de una traza logística integral que cambie el paradigma de ser caros y que además demoran el flujo de mercancías, lo que implica una inestimable pérdida de recursos en el puerto, la ciudad y el hinterland".

Los legisladores mencionan de manera adicional la necesidad de evaular las condiciones de la "disgregada" flota de dragado y balizamiento para iniciar las tareas de recuperación en los astilleros nacionales, lo cual activaría la industria naval y facilitaría el aprovechamiento de esos recursos.

En ese sentido, se cuestiona la tarea de la Dirección de Puertos y Vías Navegables por la "lentitud" de los procesos administrativos que, según los legisladores kirchneristas, implicala pérdida definitiva de la maquinaria con los impactos ambientales que eso también significa.

En este contexto resulta imprescindible la creación de Enadgras S.E. con participación de los trabajadores, ya que los ingresos de Hidrovía S.A. promedian actualmente los u$s200 millones anuales por lo que en menos de un año se recuperaría la inversión inicial", se sostiene en los considerandos del proyecto de ley.

La empresa está adicionalmente pensada para la ampliación de la red logística actual, la puesta en valor del equipamiento perteneciente a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, de manera tal de recuperar obras concesionadas a empresas extranjeras o emprender nuevas obras.

Se le otorga también la potestad de intervenir en el mercado nacional de dragado y balizamiento para "evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios".

Y se le transfieren los contratos de construcción pendientes y en curso asumidos por prestadores privados de los servicios de dragado y balizamiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. A esto se le sumarán activos que provienen de la Subsecretaría de Puertos y Vías navegables referidos a dragado y balizamiento; la totalidad de los créditos, los bienes muebles, inmuebles, marcas, registros patentes y demás bienes materiales cuya titularidad detenta el actual titular y de todos aquellos que se encontraren afectados al uso en sus unidades productivas a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

En este sentido, el capital social inicial de Enadrag será de $9.000 millones que estará representado por la misma cantidad de acciones ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y propiedad del Estado Nacional. Pero la sociedad estatal también podrá incrementar esos fondos a partir de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en moneda nacional o extranjera; créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de organismos internacionales. También por el producido de sus operaciones; fondos que el Estado le asigne presupuestariamente para programas generales, especiales o con destino al financiamiento de proyectos específicos; subsidios o cualquier otro recurso que pueda corresponderle o le sea atribuido por ley.

Recibirá además los derechos exclusivos de exploración, explotación, comercialización y

exportación del dragado y sus derivados directos e indirectos y de la comercialización de todo el dragado residual que se produzca en el país.

No pagará impuestos, incluido el IVA, que graven las importaciones definitivas de cosas muebles, maquinarias y equipamientos adquiridos.