Con el lanzamiento de una nueva canasta de 70 productos esenciales con precios congelados y establecidos en las etiquetas, el Gobierno modificará en parte la política de control que viene llevando a cabo sobre la industria alimenticia.

Ocurre que a partir de que este nuevo programa esté activo, se dará por finalizado el de Precios Máximos que nació a inicios de la pandemia de Covid-19 como un mecanismo para contener aumentos en momentos en los cuales muchos trabajadores habían perdido el empleo o estaban afectados por recortes salariales.

La eliminación de este programa es algo que las empresas alimenticias vienen reclamando que se desarme por entender que los casi 15 meses de vigencia que ya lleva no permiten volver a extenderlo con el actual nivel de inflación y gastos crecientes que deben enfrentar.

El fin de ciclo de Precios Máximos se llevará adelante gracias a que el sector privado prometió el abastecimiento y distribución de la nueva canasta Súper Cerca para lograr la capilaridad necesaria que permita su comercialización en todos los comercios del país y no solamente en las grandes cadenas como Walmart, Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, o en los supermercados mayoristas.

Sin embargo, desde el Gobierno analizan el modo de evitar que se disparen las subas de los artículos que incluye el esquema porque el actual nivel de inflación no permite dejar de contener los precios de miles de productos que si se liberan podrían meter más presión a los alimentos.

También preocupa el problema de expectativas que se puede generar y por el cual se impulsarían aumentos "por las dudas" de parte del sector para cubrirse de futuros nuevos cepos.

De hecho, hasta ahora los valores de los productos que fueron deslistados de Precios Máximos no se dispararon debido a que la Secretaría de Comercio Interior sigue manteniendo un control sobre las políticas de negocios de las empresas.

Por eso mismo, cuando Precios Máximos se encuentre en modo off, el organismo que conduce Paula Español ocupará un rol todavía más relevante a la hora de controlar los precios de los alimentos, ya que las empresas deberán pasar por la oficina de la funcionaria para negociar los retoques.

El objetivo de la funcionaria que forma parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo será el de evitar que, al eliminarse Precios Máximos, se genere una dispara generalizada de subas que presione aún más a una inflación que desde principios de año viene siendo elevada y que para junio ya se proyecta cercana nuevamente al 4%.

Será una especie de control informal parecido al que utilizaba Guillermo Moreno en sus años de gestión cuando, para negociar incrementos, citaba a las empresas referentes y les imponía sus propias pautas sin prestar atención a los reclamos del sector privado en base a la evolución de costos y de los índices inflacionarios, entre otros factores.

Español ya viene utilizando una herramienta similar cada vez que deslistaba productos de Precios Máximos, como ocurrió el 14 de mayo pasado cuando se extendió el programa hasta junio pero se excluyeron artículos cuyos precios dejaron de estar controlados.

Ese día y a través de una resolución oficial, se decidió extender el esquema de control hasta este 8 de junio pero para un conjunto de 120 productos de la canasta básica.

El resto de las 36 categorías que quedaron afuera no pudieron aplicar subas inmediatas ni de un gran porcentaje ya que las empresas fabricantes debieron negociar subas moderadas, paulatinas y autorizadas por Comercio Interior.

Desaciertos y elecciones

Hay, en esta estrategia oficial también un alto componente político con las elecciones de medio término cada vez más cercas y donde la imagen del presidente Alberto Fernández y su gabinete se encuentra en su peor momento por los errores en el combate al Covid-19.

También se critican los desaciertos oficiales en el control de la inflación que no baja del 4% mensual, por lo cual los mecanismos regulatorios de precios que se vienen utilizando no han servido tampoco de muros de contención que permitan un alivio a los complicados bolsillos de los argentinos.

En este contexto, las estrategias que viene utilizando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también son cuestionadas aunque el funcionario en más de una oportunidad aclaró que la baja de la inflación se logra con planes de contención del gasto y políticas monetarias.

Por eso, ahora se le dará una vuelta de rosca a los esquemas, que comenzarán a girar en torno a tres patas: Precios Cuidados; la nueva canasta Súper Cerca y los controles informales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostiene que la inflación se combate con contención del gasto y políticas monetarias.

En el primer caso, se mantendrá asegurado el valor medio y razonable de 800 productos y marcas de primera línea de la canasta de consumo masivo que sirven como referencia para productores; distribuidores; supermercados y mayoristas.

Para el Gobierno, es un arma "necesaria" para su política de combate contra la inflación al estar presente en 54 cadenas de supermercados y mayoristas o 2.800 bocas de expendio de todo el país.

Se mantendrá y seguirá siendo renovado cada tres meses, con aumentos establecidos por Comercio Interior que no superan el 6% en promedio y con la premisa de contener los precios de la canasta básica.

Este año, el presidente Alberto Fernández relanzó el programa sumando 260 productos para robustecer las referencias actuales, sobre todo en rubros donde se verifican diferencias significativa en variedades y marcas de referencia que al mismo tiempo actúan como anclas para productos de la misma góndola que están fuera del listado.

Con respecto a Súper Cerca, serán 70 artículos con precios congelados hasta fin de año que deberán estar identificados en los envases y que se ofrecerán en los comercios de cercanía de todo el país, teniendo en cuenta que los sectores más populares o de menores recursos hacen sus compras habituales en los almacenes de barrio o en locales de origen asiático y no en las grandes cadenas.

Por eso y si bien el formato es similar al de Precios Máximos, ofrecerá una canasta de productos más acotada y, en principio, solamente en almacenes y súper chinos, donde hasta ahora no se lograron establecer métodos eficientes de revisión de precios como los que se llevan adelante en las grandes superficies, más fáciles de auditar que el resto del sector, donde la informalidad y los precios "libres" son moneda corriente.

Con la nueva canasta, que es provista por 24 empresas alimenticias, se le pondrá un cepo a los valores de productos de primera necesidad como aceites, yerba, fideos, harina, entre otros, y que ya son los más baratos de cada categoría.

Con la identificación del precio en la etiqueta, Comercio Interior podrá asegurarse que los productos lleguen con el mismo valor pactado con las empresas para todo el país y que no podrán variar hasta principios de diciembre próximo.

El rotulado del precio también es un mensaje para los proveedores mayoristas con el fin de evitar que remarquen los productos a los comercios que abastecen.

No se descarta que el programa también sea ofrecido a los grandes hipermercados de cadena como Coto, Walmart o Carrefour

El tercer instrumento para aplicar cepos a los precios de los alimentos será la propia Paula Español con los controles informales sobre el resto de los productos que queden fuera de Precios Cuidados y Súper Cerca.

Más que nada para reducir la brecha entre los supermercados y los almacenes y súper chinos que venden en promedio un 10% más caro, porque los controles oficiales son efectivos en las grandes superficies pero casi no se observan en los comercios de menor tamaño donde las listas llegan con retoques sin que las autoridades de Comercio Interior se enteren o, en su defecto, no pongan el mismo énfasis a la hora de las inspecciones.

Ante esta lectura, en el Gobierno entienden que la nueva canasta podrá ayudar a desarmar esa dispersión, por lo menos unificando precios de los alimentos más barato de cada categoría.