La crisis financiera y comercial que sufrió IMPSA y que fue solucionada a partir de un extenso proceso judicial y del desembarco del Estado nacional en su capital accionario, no parece ser la única que atraviesan los grupos mendocinos de mayor relevancia a nivel nacional.

Al caso de la ex empresa de la familia Pescarmona se suma el problema que se encuentra atravesando una empresa de otro ilustre apellido provincial como es el de los Cartellone.

Una de las empresas controlada por este grupo también sufre una preocupante situación financiera que la llevó a recurrir también a la justicia para evitar la quiebra.

Se trata de José Cartellone Construcciones Civiles, fundada hace más de 100 años y con operaciones en toda la Argentina y en varios países de la región.

El directorio de la compañía debió recurrir a un pedido de apertura de concurso preventivo de acreedores que, según explicaron sus representantes legales aclararon que afectará únicamente a la constructora y no al resto de sus divisiones.

A través de un comunicado, explicaron que el objetivo está puesto en reorganizar sus pasivos, afectados por una caída de contratos de participación público-privada, litigios que no se han solucionado en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia del Covid-19 ha generado en el desarrollo del negocio.

Desde el holding agregaron que las causas "de tan difícil decisión" se enmarcan en la necesidad de "resolver cuanto antes la compleja situación creada, esencialmente por razones ajenas al manejo empresario, que obligan a la sociedad a priorizar la aplicación de sus recursos al mantenimiento de la empresa en marcha, acudiendo a este remedio legal del concurso preventivo".

No se trata de una empresa más, teniendo en cuenta la trascendencia de la familia Cartellone para la economía mendocina y en el negocio de la construcción a través de su filial que, adicionalmente, en los últimos tiempos atravesó varios cambios, pasando inclusive por disputas internas que ya han sido solucionadas a partir del desembarco de la cuarta generación de la familia en el control del holding.

De hecho, los problemas debieron ser resueltos en el ámbito judicial en el marco de la causa "Cartellone, Gerardo c/ José Cartellone Construcciones Civiles-Cartellone, José Gerardo- Rubio Juan Manuel- Ostergaard Claudia Irene- Gaido Hugo Javier –Tripoli Sergio Andrés y Miquelarena Meritello Gustavo Andrés p/ Acciones Societarias" (Expte. 254.070).

El caso quedó radicado en el Tercer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, que el 4 de diciembre del año pasado dispuso hacer lugar al pedido de intervención de la sociedad y disponer la designación de un interventor-coadministrador, por el término de un año.

El cargo recayó en el contador Lucas Gil Daziano, quien actúa conjuntamente con el directorio.

Viejos problemas 

Si bien actualmente José Cartellone Construcciones Civiles tiene en ejecución 15 obras dentro del territorio nacional y en el exterior, los abogados de la sociedad entienden que proceso concursal permitirá reorganizar los pasivos y asegurar el normal desarrollo de esos proyectos, además del mantenimiento de las fuentes de trabajo que alcanzan a más de 5.000 familias.

"La compañía ha sorteado con éxito grandes crisis a lo largo de su vida centenaria", agregan las fuentes.

Al respecto, una nota del portal mendocino MDZ, refleja la situación por la que atraviesa la constructora ejecuta obras como la Variante Palmira en Mendoza, donde también construye el complejo penitenciario Almafuerte II y el colector Boedo Ponce. Otra obra millonaria en Mendoza es la planta depuradora Paramillos.

Más allá de los problemas de su controlada, el propio holding viene atravesando un escenario judicial complicado por haber sido involucrada en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

En la investigación abierta por el fallecido juez Claudio Bonadío, la constructora está implicada en el dudoso financiamiento de la obra pública por parte del sector privado.

La empresa se encuentra involucrada en la causa de los cuadernos que investigaba el fallecido juez Claudio Bonadío

Según la causa, Cartellone formó parte del grupo de empresas que recibieron pagos millonarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a cambio de supuestos sobornos para la obtención de millonarias obras públicas.

De hecho, Bonadio ordenó a la AFIP que sistematizara todos los pagos realizados por la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015, tarea que la actual administración del Frente de Todos no continuó.

Más allá del costado judicial que complica a la empresa, sus actividades comerciales también atraviesan por un escenario de inestabilidad desde hace ya varios años, lo cual la llevó a dejar de cotizar sus acciones en el mercado bursátil local para blindar el valor de sus acciones de la crisis, la devaluación y la incertidumbre financiera y económica que por estos momentos enfrenta la Argentina.

Por lo menos así se refleja en los estados de resultados del año pasado, donde informa ingresos por obras, venta de bienes y prestación de servicios consolidados por $23.075 millones, y un resultado negativo consolidado por $1.856 millones.

Según la propia empresa, su rojo se debió en gran medida a los altos costos financieros, producto de las tasas vigentes.

Para este año, preveía el mantenimiento de las restricciones para la obra pública que sin embargo, actualmente nada de eso parece viable. De hecho, varios de los contratos que Cartellone tenía firmado con el Estado se cancelaron, como los rubricados bajo el paraguas de los PPP lanzados por Mauricio Macri y anulados por Alberto Fernández.