Se profundiza la crisis en Garbarino y el fantasma del concurso de acreedores está cada vez más presente
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La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino se vuelve cada vez más complicada. El fantasma del concurso de acreedores está cada vez más presente. Tiene una gran deuda pendiente, no logra conseguir un socio que lo ayude afrontar este duro momento, y recibió una respuesta negativa del Gobierno porteño sobre el reclamo de devolución de $438 millones de "multas indebidas" con los que podría pagar los sueldos atrasados de sus 3.800 empleados.
Todo esto se da en el contexto de una protesta de los trabajadores que tienen plantas de la compañía tomadas.
El empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof y director ejecutivo de la compañía desde hace un año, perdió toda esperanza de que la renovación de la cúpula de Garbarino posibilitara remontar el negocio, porque el principal interesado en comprarla, Facundo Prado, retiró su oferta.
A ese contexto, se suma el cierre de varios locales a lo largo del país, y las denuncias de los empleados que se quedaron si trabajo sin previo aviso y con sueldos sin cobrar.
"Estamos ante un lockout patronal", dijo el secretario gremial del Sindicato de Comercio, Juan Gómez, quien contó además que muchos trabajadores tomaron los locales para defender sus puestos de trabajo y exigir la reapertura de los negocios.
Desde Garbarino dicen, en cambio, que "la mayoría de los puntos de venta están abiertos" y que los cierres se efectivizaron solamente en locales "cuya situación pudiese implicar un riesgo para la integridad física de las personas, tanto empleados como clientes, y de los bienes, la mercadería y el mobiliario".
Rosales rechazó la oferta de compra que propuso Facundo Prado, propietario de la firma de telecomunicaciones Supercanal Arlink, y ahora busca nuevas alternativas para la mayor cadena de electrónica y electrodomésticos del país.
La delicada situación de Garbarino se profundizó durante la fuerte caída del consumo se produjo durante en los últimos años, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente por la pandemia. Sus trabajadores hoy cobran desde hace meses sus salarios en cuotas.
De todos modos, Carlos Rosales aún busca una salida a la crisis y analiza alternativas, que incluyen la venta de una parte del negocio, con inyección de fondos para solventar la situación financiera.
Durante los últimos días, la empresa comenzó a cerrar casi todos los locales que tiene distrubidos por todo el país como en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre otras.
En la actualidad, Garbarino cuenta con 200 sucursales, muchas de las cuales han sido tomadas por sus empleados reclamando la reapertura y el compromiso del propietario de la continuidad laboral.
Del mismo modo, la planta productora de Tierra del Fuego se encuentra en crítica situación y en los últimos días el sindicato de comercio mantuvo comunicaciones con las autoridades provinciales para reclamar ayuda y evitar que cierre.
Garbarino viene sufriendo un proceso de deteríoro desde hace varios años, incluso antes que Rosales asumiera el control de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina.
Acumulaba una deuda por $12.000 millones con un grupo de acreedores entre los que se encontraban los principales bancos y empresas de tecnología del país.
De ese monto, su directorio pudo encaminar un acuerdo con las entidades financieras para reestructura la cancelación de unos $5.000 millones.
En el caso de los proveedores fue Rosales quien encaminó las conversaciones para reordenar la deuda por los $7.000 millones restantes.
Sin embargo, en los últimos meses la compañía comenzó a tener problemas para cumplir con los acuerdos y Rosales debió recurrir a la ayuda de compañías financieras con las que también incumplió y acumula una deuda por otros $2.300 millones.
En medio de dicho proceso, el dueño del grupo asegurador Prof puso en venta la cadena comenzando negociaciones con Facundo Prado, actualmente dueño y CEO de la operadora de TV paga Supercanal.
El empresario llevó a cabo un proceso de revisión de las cuentas de Garbarino y la semana pasada acercó una oferta concreta que fue rechazada por Rosales.
Tras este fracaso, Prado habría retirado su interés por la cadena y Rosales habría empezado a preparar el terreno para solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores.
Intervención oficial
Al respecto, desde las filiales provinciales de la Asociación Empleados de Comercio de la Argentina comenzaron a reclamar la intervención del gobierno nacional para que se levante lo que consideran un lockout patronal que afecta a cerca de 4.000 trabajadores y representa el conflicto más grande en la actividad privada en los últimos años.
En Rosario, por ejemplo, la empresa cerró el salón de ventas ubicado en la peatonal Córdoba al 1200, además de las sucursales situadas en los shoppings Alto Rosario y El Portal y la que funcionaba en un hipermercado de la zona sur.
En el caso de Mendoza, las tres sucursales que quedaban el Gran Mendoza por la tarde de ayer cerraron sus persianas.
La misma situación se da en otras localidades como Mar del Plata, Lanús y la capital de la provincia de San Juan.
De esta forma y con una importante deuda que se sigue acumulando, problemas con los gremios por atrasos en los pagos al personal, y la demora en cerrar un cambio de propietario, el futuro de Garbarino parece encaminarse hacia una resolución judicial mediante un proceso concursal.
En la misma situación se encontrarían el resto de las empresas del grupo como son la tecnológica Compumundo; la cadena de celulares Tecnosur; la fábrica de electrónica Digital Fueguina; Garbarino Viajes y la Financiera Fiden (que emite las tarjetas de crédito de Garbarino y Compumundo).
De hecho, trascendió que durante esta semana habrá una reunión con representantes de varias aseguradoras con la que tiene contratos de seguros de crédito que podrían verse afectados si no se llega a un acuerdo con Prado y sus socios.
En especial, por las repercusiones que un posible proceso concursal pueda tener en sus principales proveedores y tenedores de gran parte de su deuda como serían Fapesa (Philips); Alladio (Drean) y Electrolux.
En el mercado entienden que la quiebra de Garbarino no sería conveniente para ninguno de los involucrados, en especial a sus propios acreedores que en su mayoría son las empresas proveedoras de los artículos que la cadena ofrece y que cada día que pasa son menos por el rechazo de las empresas a seguir abasteciendo a la cadena mercadería, ni siquiera en consignación.
Las fuentes estiman que el giro de fondos necesario para poner en marcha Garbarino nuevamente rondaría los $4.000 millones, dinero que le permitiría rearmar su capital de trabajo y volverla nuevamente operativa.
A esto le debería agregar otra suma parecida en avales para convencer a los proveedores de que abastezcan la cadena nuevamente.
Fondos que Rosales no tendría disponibles actualmente y que, si las negociaciones con Prado fracasan, lo llevarían a optar por el proceso concursal.