La crisis de Garbarino: el Gobierno duda en otorgar auxilio financiero con el plan que presentó la empresa
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La propuesta hecha por Garbarino al Gobierno para obtener fondos estatales que permitan paliar en parte la grave situación financiera que atraviesa la cadena de electrodomésticos, no estaría convenciendo a las autoridades nacionales.
El pedido de auxilio fue cursado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo durante una reunión que ejecutivos de la compañía mantuvieron hace más de una semana con el propio ministro Matías Kulfas y varios de sus colaboradores.
El objetivo de Garbarino es que esos fondos públicos ayuden a reducir su abultada deuda que actualmente asciende a los $15.000 millones y que actúa como una verdadera espada de Damocles sobre el futuro inmediato de la que era considerada la mayor cadena de venta de artículos electrodoméstico de la Argentina.
Sin embargo, y según lo que pudo recabar iProfesional de fuentes que siguen de cerca el día a día de Garbarino, el ministro Kulfas no está convencido de que un préstamo oficial sea la forma adecuada para que la compañía mitigue sus problemas financieros.
De hecho, la compañía ya recibió algo más de $1.000 millones de parte del Gobierno, fondos que se canalizaron a través de los programas de ayuda al sector privado para paliar los efectos económicos negativos que generaron las medidas sanitarias dispuestas para combatir la pandemia del Covid-19.
Es decir, abonando el 50% de los salarios de los 3.800 trabajadores que contemplan los llamados ATP desde que se lanzaron en abril del año pasado, y también mediante las diferentes etapas de los Repro, así como por las exenciones al pago de los aportes patronales.
Un combo que es considerado suficiente como ayuda por parte del Gobierno, que por estas horas no tiene en carpeta nuevos formatos de auxilio para Garbarino, aunque todavía quede una puerta abierta para negociar una línea de crédito oficial.
Si esto sucede no sería con el formato solicitado por la empresa porque no convenció a las autoridades. El esquema planteado por los ejecutivos de Garbarino se basa en que el Ministerio de Desarrollo Productivo inyecte fondos en un fideicomiso constituido por la compañía que permitiría recuperar el volumen de mercadería necesario para satisfacer las demandas de sus clientes; incrementar el flujo de caja disponible y regularizar las moras en los pagos de sueldo, tanto como con proveedores y otros actores acreedores involucrados en la operatoria.
A este dinero se sumarían aportes de un grupo de inversores privados que no serían de origen mexicano pero que también tributarían al fideicomiso para la compra de mercadería, entre otras cuestiones.
De manera paralela, Carlos Rosales, dueño de Garbarino, logró cerrar la negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la devolución de las retenciones que realizó la AGIP. Se trata de $438 millones que fueron depositados en la cuenta de empresa que, a su vez, los utilizó para abonar parte de los salarios adeudados al personal.
Si bien en la empresa aseguran que se trata de fondos "retenidos en exceso" por parte del ente recaudador porteño, la empresa habría usado dinero no enviado a las arcas oficiales por su carácter de agente de retencion, para financiar sus actividades. De hecho, fuentes de la AGiP explicaron que durante los últimos meses, Garbarino y Compumundo retuvieron fondos de terceros y no los depositaron ante el fisco de la Ciudad.
Estas retenciones por parte de las empresas llevaron a que acumularan deudas impositivas ante la AGIP, por lo que ambas fueron declaradas en la máxima situación de riesgo fiscal. Durante junio de este año, comenzaron a regularizar su situación fiscal, por lo que la AGIP inició el proceso de devolución de los saldos a favor.
A fines de junio ya se les reintegró la mitad del total de estos saldos reclamados, los cuales resguardaban el crédito fiscal, producto de los fondos indebidamente retenidos. La otra mitad se encuentra en estos momentos en etapa de verificación fiscal por parte de la AGIP y, para el caso de Garbarino, serían alrededor de $200 millones más que se suman a los ya devueltos por la AGIP esta semana.El resto pendiente continúa el correspondiente proceso administrativo para su posterior devolución.
A esto se suma ahora la novedad del remate del 51% del paquete accionario de Compumundo mediante un proceso de remate de 58.650.000 de acciones que son propiedad de Garbarino y que integra el grupo de sociedades del holding junto con Garbarino Viajes; la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina.
La operación se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 11 de la mañana por cuenta y orden del Banco VOII y el valor nominal de cada una de las acciones será de $1 a los cuales además les corresponderá a un voto por acción emitida por Compumundo.
Según se desprende de la convocatoria del remate, las condiciones de pago de cada acción serán al contado, en efectivo y al mejor postor, aunque también se admite abonar por transferencia o cheque emitido por entidad bancaria domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires.
Se supone que el dinero recaudado por esta operación también se orientará a incrementar la caja de Garbarino para poder operar y, de manera, paulatina, retomar normalmente sus actividades en todo el país.
Futuro incierto
Por ahora, la situación siendo crítica, con empleados que todavía no tienen sus ingresos normalizados; una gran cantidad de los 200 locales cerrados o sin mercadería; proveedores que reclaman el cobro de sus facturas y acreedores que acuden a la justicia para solicitar la quiebra de Garbarino como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y Boca Juniors, entre otros.
Actualmente, la compañía acumula un pasivo cercano a los $15.000 millones, con proveedores, bancos y compañías financieras que Rosales intenta normalizar a partir de varias alternativas que, sin embargo, hasta el momento no logró concretar.
Por lo menos desde que rechazó la oferta de compra de la cadena que había presentado Facundo Prado, dueño de Supercanal, hace unos meses.
Antes de esta situación, Rosales había llegado a un acuerdo con los bancos para reestructurar una deuda de $5.000 millones, y con los acreedores para pagar otros $7.000 millones. De todos modos, continuó pidiendo dinero a financieras y mutuales por un monto global de más de $3.500 millones.
En el mercado entienden que la quiebra de Garbarino no sería conveniente para ninguno de los involucrados, en especial para sus propios acreedores en su mayoría empresas proveedoras de los artículos que la cadena ofrece y que cada día que pasa son menos por el rechazo de las empresas a seguir abasteciendo a la cadena mercadería, ni siquiera en consignación.
Tal como ya anticipó iProfesional, se asegura que el giro de fondos necesario para poner en marcha Garbarino nuevamente rondaría los $4.000 millones, dinero que le permitiría rearmar su capital de trabajo y volverla nuevamente operativa.
A esto le debería agregar otra suma parecida en avales para convencer a los proveedores de que abastezcan la cadena nuevamente.
Rosales desembarcó en Garbarino en junio del año pasado, en plena pandemia del Covid-19 y después de haber sellado un acuerdo con la familia fundadora de la cadena.
En ese momento, prometió hacerse cargo de la profunda crisis financiera que sufría la empresa desde el 2018, cuando comenzaron sus problemas producto de la recesión de la economía y de la fuerte caída del consumo de electrodomésticos.
Cuando asumió, Rosales pudo reestructurar la deuda que la cadena tenía con un grupo de bancos liderados por el Santander y el Galicia, que buscaban cobrar $5.000 millones.
También mantuvo negociaciones para resolver el reclamo de los proveedores locales y extranjeros de la empresa a los que se les adeudaban otros $7.000 millones.
Además, comenzó a desarrollar una nueva estrategia comercial basada en un mayor uso de las herramientas tecnológicas y el comercio electrónico.
Su plan de negocios se basaba en transformar las 200 sucursales de Garbarino en tiendas online con punto de entrega para convertirlas en un canal virutal que permita a los proveedores potenciar sus marcas de la mano de ofertas, promociones y planes de cuotas dirigidos a los consumidores.
También esperaba lanzar su propia billetera virtual o asociarse a varias de las que ya operan; impulsar el ecommerce y cerrar acuerdos con empresas de delivery para que los clientes puedan comprar mayormente de manera remota.
Sin embargo, la realidad fue otra, muy diferente a la imaginada. La empresa siguió sufriendo por las restricciones económicas impuestas por las medidas sanitarias para combatir la pandemia y por la recesión que derrumbó las ventas de productos electrónicos. A esto se sumaron las medidas del Gobierno que imponen restricciones a las importaciones de ciertos productos y componentes que Garbarino necesita para comercializar y para su planta de Tierra del Fuego.
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Tampoco logró reducir sus costos fijos para transformar su estructura en cuanto a cantidad de empleados y locales a un escenario como el que le toca atravesar.