iPlan: aseguran que la telco creció de la mano de un negocio "discrecional" y para "amigos"

iPlan: aseguran que la telco creció de la mano de un negocio "discrecional" y para "amigos"
La empresa sigue operando frecuencias que recibió en los años 90 sin costo y por las cuales no abona canon a la espera de hacer negocios millonarios
Por Andrés Sanguinetti
08.09.2021 18.31hs Negocios

Entre los años 1997 y 1999 se consumó lo que quedó marcado, para algunos, como la mayor estafa en la historia local del mercado de las telecomunicaciones: la entrega "discrecional", gratuita, sin licitación y sin extinción de derecho de una gran parte del espectro radioeléctrico del país.

Es decir, el reparto que se habría hecho entre amigos, parientes y empresas "creadas para la ocasión" de las bandas utilizadas para la prestación de diversos servicios de comunicaciones, de manera combinada o no con medios tangibles como cable, fibra óptica, entre otros.

Quienes cuestionan estas medidas argumentan que por esos años se cedió un recurso escaso que en otros países reportó millonarios ingresos a partir de empresas que pretendían ingresar a nacientes negocios como los de telefonía celular, además de otros servicios de datos tanto para la comunicación audiovisual como en telecomunicaciones.

Los dedos acusadores señalan al entonces secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, como quien habría liderado este dudoso mecanismo de entrega de un recurso natural que, por definición oficial, constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.

El ex funcionario menemista tomó la decisión de entregar las frecuencias que se agrupan en "bandas" de manera directa, sin licitación para que pudieran ser utilizados por los beneficiarios de alguna Licencia Única de Telecomunicaciones para la prestación de servicios como radiodifusión (AM, FM, TV); internet; telefonía fija y celular.

El ejemplo más claro de esta entrega se habría dado en la figura de Marcos Álvarez, cuñado de Kammerath y fundador de la empresa Macrocom, que recibió gratis varias bandas y luego las vendió por u$s7,1 millones, tal como figura en la nota «El escándalo en las licencias», del periodista Alejandro Alfie y publicada en el 2001 por la revista Information Technology.

El proceso fue considerado único en el mundo si se tienen en cuenta sus inusuales y sospechosas características ya que, a nivel global y según aclaran expertos del sector, las frecuencias se licitan o se otorgan sin costo pero por un tiempo determinado y con el pago de un canon al Estado como contraprestación de esa entrega como forma de evitar que este bien considerado patrimonio de la humanidad pueda ser utilizado a modo especulativo por sus titulares.

Por esos motivos, los críticos del mecanismo elegido por Kammerath aseguran que la oscuridad fue tal que el ex funcionario terminó procesado en su momento por la Cámara Federal por el delito de "peculado" en una causa abierta precisamente para investigar las irregularidades cometidas en el otorgamiento de las licencias del espectro radioeléctrico durante su gestión.

La misma suerte corrieron otros ex funcionarios menemistas como el segundo de Kammerath en la Secretaría y algunos de los beneficiarios de esas licencias como el propio Marcos Aurelio Álvarez; Gustavo Fernández Supera (presunto testaferro), Miguel Angel Cappa (contador) y los hermanos Carlos, Pedro y Roberto Castoldi.

En aquellos años, la Sala I de la Cámara Federal consideró que todos ellos "montaron un esquema de asignación de bandas a demanda que buscaba beneficiar a personas de su círculo íntimo para que luego éstas pudieran lucrar con su venta o asociación posterior con interesados en intervenir en el sector".

La causa se inició en el 2000 tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción formalizada a partir de una investigación de los entonces diputados del Frepaso Graciela Ocaña y Atilio Tazioli, quienes revelaron el presunto otorgamiento gratuito de frecuencias comprendidas entre los 20 y los 40 Ghz a sociedades formadas por amigos y familiares de Kammerath, quienes posteriormente las habrían revendido a empresas del sector ocasionándole al Estado un perjuicio estimado en los u$s200 millones.

Si bien en junio del 2004, la jueza María Servini de Cubría dictó la falta de mérito y sobreseyó a los inculpados, la causa se mantuvo abierta y se sumó a otra en la que se investigó el presunto pago de coimas de la firma francesa Thales Espectrum a cambio de obtener la concesión del control del espectro radioeléctrico.

De todos modos, ambas investigaciones quedaron en la nada con el sobreseimiento de Kammerath y la mayoría de los imputados tal como recuerdan quienes consideran al ex funcionario como el único "inteligente" que tuvo el sector y quien, en gran medida, fue artífice de los marcos regulatorios más modernos del sector.

Si bien admiten que no fue el más ecuménico, aseguran que fue uno de los funcionarios más brillantes que pasó por el sector y a quien, en gran medida se le debe la modernidad de la industria telco.

Pero quienes mantienen las dudas sobre su desempeño entienden que para evitar sospechas de parte del sector empresario de las telecomunicaciones, que de todos modos ocurrieron, Kammerath habría repartido espectro también entre varias compañías del sector, entre las que figuran Datco; Datacop e iPlan, que en esos tiempos no contaban con la tecnología necesaria para el uso de las frecuencias, al contrario de lo que mandan las normas internacionales de espectro que sugieren cederlas sin el debido respaldo técnico, en especial entre las frecuencias más altas como las de 28 y 26 GHz.

La empresa sigue operando frecuencias que recibió en los años 90 sin costo

Cambio "para la tribuna"

 Para intentar normalizar la situación, el gobierno de Fernando De la Rúa emitió una resolución que declaró la "emergencia del espectro radioeléctrico"; ordenó la auditoria permanente sobre todas las frecuencias asignadas; abrió a consulta el cambio en el sistema de cómputo para el pago del canon por el uso del espectro y modificó la metodología de asignación de frecuencias.

Lo hizo Henoch Aguiar, tras asumir la Secretaría de Comunicaciones, a partir de un cambio de rumbo con el cual pudo recuperar el 30% de las frecuencias fuera de uso que estaban en poder de empresas o personas que no habían realizado inversiones o no se encontraban en proceso de obras.

El resto tenía derechos adquiridos y, por lo tanto, no hubo forma de normalizar la situación a pesar de haberse detectado procesos de reventa de frecuencias a empresas ya establecidas en el mercado argentino, que estaban prohibidos por la reglamentación.

De todos modos, quienes cuestionan la gestión de Henoch Aguiar entienden que fracasó en su política de normalización del espectro radioeléctrico, y que solo "hizo jueguitos para la tribuna", ya que si comprobó lo que alegaba sobre la gestión anterior debió dar de bajas las licencias supuestamente mal entregadas a partir de la aplicación de herramientas establecidas en la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión y también la ley de procedimiento administrativo.

De hecho, entienden que las pocas licencias que recuperó fueron para evitar situaciones incómodas con las empresas que lograron parte de la entrega de frecuencias de MMDS y que mantuvieron en gran medida hasta la fecha, algunas ocupadas y en uso y otras lisa y llanamente sin utilización.

Por aquellos años, un informe de la Oficina Anticorrupción realizado a partir de la emergencia espectral acusó a Kammerath de haber asignado "discrecionalmente las bandas del espectro de alto valor económico sin proteger adecuadamente los intereses del Estado y de la comunidad".

La investigación sostenía "que los malos negocios realizados por el Estado nacional son los excelentes negocios realizados por personas y empresas con llegada al poder de turno, creadas al efecto, que consiguieron, sólo por sus vinculaciones, la entrega gratuita de las bandas".

En ese contexto, iPlan mantuvo la frecuencia de 28 Ghz, que actualmente no tienen uso y por las cuales tampoco estarían abonando las tasas correspondiente al uso del

Al igual que Datco, mejor conocida como Silica , realizó sus primera sus presentaciones para consolidar el derecho de la adjudicación con informes que habría elaborado Mario Miccelli, quien luego fue asesor en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), el organismo que reguló el sector durante los gobiernos kirchneristas.

Del mismo modo señalan que las administraciones nacionales que siguieron tampoco hicieron nada para poner en conocimiento de dicha situación supuestamente anómala ni objetaron la entrega de esas frecuencias para las cableras de radiodifusión y que hoy se mantienen sin resolver para encarar una verdadera limpieza del espectro radioeléctrico.

Esquema de negocios

Un contexto que dio inicio a iPlan y a Silica, la empresa que hoy utiliza la infraestructura de las Sapem o sociedades provinciales tecnológicas de capital estatal, y mantiene una exposición de marketing de 15.000 kilómetros de fibra óptica que, de acuerdo a las fuentes del sector, se basa en gran medida sobre el esfuerzo del Estado nacional que financia esas sociedades provinciales, a través de aportes no reembolsables.

En el mercado aseguran que en el caso de iPlan, presentó varios recursos de amparo ante la justicia para mantener esa decisión de no pago de las tasas que se mantienen hasta ahora y que estarían generando un perjuicio económico contra el Estado nacional que, de todos modos, nunca se ocupó en ordenar la situación de manera definitiva.

De esta forma, las empresas que fueron beneficiadas con el esquema menemista se mantienen todavía hoy como titulares de frecuencias que recibieron de manera gratuita, por las cuales no estarían abonando las tasas a partir de maniobras judiciales y que no usan desde hace más de 15 años con la intención, siempre según fuentes del sector, de poder revender a grandes jugadores interesados en ingresar a competir, por ejemplo, en el negocio de la tecnología 5G; las bandas milimétricas o la internet de las cosas.

En algunos casos, son las mismas compañías que defienden lo que se denomina "mercado secundario" que permite al titular de una frecuencia venderla a otra empresa privada permitiendo de este modo la competencia en el proceso con el Estado nacional.

Un esquema que tiene detractores y también defensores que aseguran que se trata de un instrumento que permite el ingreso de grupos nacionales en las telecomunicaciones como lo que ocurrió tras la de Nextel y sus frecuencias y que debería ser considerado como el mecanismo correcto para resolver el tema de la actual situación conflictiva de la banda de 700 megas que aún permanece sin entregar a las empresas que licitaron y sin la migración de las empresas que todavía las conservan.

Los expertos entienden que eso serviría para evitar cometer el mismo error en la licitación del 5 G, del que se cometió en la banda del 700 del 4G aún sin resolver.

En cuanto a iPlan, se asegura en el mercado que la sociedad fundada en los años 90 por Pablo Saubidet también respaldaría la coparticipación de espectro para que el dueño de la banda en desuso y sin inversión se asocie con una multinacional que aporte los fondos para llevar adelante el negocio.

Un modelo que en el resto del mundo se considera ilegal ya que lo que se permite es una asociación entre dos empresas del mismo estilo que operen en regiones diferentes para reducir costos y generar sinergias operativas en espectro e infraestructura.

El escenario descripto sirvió de base para el crecimiento de los negocios de operadoras chicas como iPlan que comenzó a fines de los años 90 ofreciendo banda ancha a pymes y que en la actualidad comercializa fibra óptica, con conexiones que comienzan en los 200 megas, para los hogares en zonas densamente pobladas y de alto poder adquisitivo como Recoleta, Palermo, Belgrano, Puerto Madero, Retiro y Cañitas, en Capital Federal.

La empresa también cuenta con más de 20.000 clientes corporativos distribuidos por CABA, Rosario, La Plata, Quilmes y Córdoba) y alcanza una facturación anual cercana a los $5.000 millones.

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