El Gobierno profundiza la vigilancia de precios sobre el sector alimenticio
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Más allá de la ley de góndolas, la de etiquetado frontal, de los Precios Cuidados y de otras medidas y cepos que viene tomando desde que asumió para regular las actividades de supermercados y empresas alimenticias, el Gobierno está a punto de activar nuevas políticas de vigilancia sobre una industria a la que identifica como parte responsable del aumento de la inflación.
En ese contexto y como viene sucediendo hasta ahora, será la Secretaría de Comercio Interior la que tendrá a su cargo el control sobre las actividades de las grandes cadenas y grupos del sector de consumo masivo, en especial sobre su rentabilidad.
La preocupación oficial es que las nuevas medidas para fortalecer los salarios e impulsar el poder adquisitivo de la sociedad no se trasladen a los precios ni que se genere una transferencia de rentabilidad a través de eventuales incrementos.
Es decir, controlar que la estrategia electoral para captar votos con más emisión y supuestas mejoras salariales no tenga impacto inflacionario colocando el gran pie del Estado sobre la industria para pisar cualquier posibilidad de mejora en las ya desmejoradas cuentas de hipermercados y productoras de alimentos.
Como parte de este andamiaje de planteos contra el sector, Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, retomó las reuniones con los CEOs de las cadenas de supermercados y alimenticias.
Lo hizo la semana pasada cuando convocó a varias empresas a su despacho, que se encuentra ubicado muy cerca del de su jefe, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y quien tiene a su cargo delinear las políticas públicas que regulan a la industria de la alimentación.
Pero su fuente de pensamiento se ubica en el Instituto Patria, el think thank del kirchnerismo y de donde surgen todas las decisiones de tono estatista que luego se transforman en medidas de sesgo anti empresas.
Tras haber presentado la renuncia a su cargo, tal como se lo ordenó la vicepresidenta Cristina Kirchner, su referente ideológico, Español se quedó en el Gobierno para reafirmar las políticas regulatorias con las cuales el Gobierno viene intentando sin éxito reducir la inflación.
La más saliente para esta industria es la del control estricto de precios sin importar si la presión de los costos sobre la rentabilidad empresaria amenaza la estabilidad financiera de las empresas.
El esquema seguirá basándose en otorgar a la Secretaría de Comercio Interior el poder total sobre las listas de precios que las productoras alimenticias negocian con las cadenas de supermercados.
Control y administración
Actualmente, ningún listado de este tipo tiene vigencia si no tiene autorización previa de la oficina que dirige Español tal como la funcionaria le recordó los empresarios con los cuales ya mantuvo conversaciones durante la semana pasada.
La misma premisa será el centro de la conversación que este lunes 27 de septiembre lo CEOs mantendrá con los hipermercados que fueron citados por la funcionaria por la tarde.
Reafirmar el control y la administración de precios por parte del propio Estado mediante el fortalecimiento de las mesas de coordinación con la industria será lo que escucharán los supermercadistas de parte de Español.
El objetivo, poner en caja cualquier amenaza de aumentos de precios que ponga en riesgo la estrategia electoral impulsada por el Frente de Todos para intentar dar vuelta la paliza de las PASO y mejorar su performance en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre.
De hecho, la preocupación oficial va más allá de ese día, al punto que también se les recordará a los empresarios que los cepos se mantendrán, por lo menos, hasta fin de año, cualquiera sea el resultado de los comicios.
Por eso, la orden que recibirán los empresarios será clara: el Gobierno no permitirá que el fortalecimiento del poder de compra de los salarios se traduzca en suba de precios y mucho menos en una mejora de la rentabilidad que, para las autoridades nacionales, es sinónimo de "abuso" contra el poder de compra.
Desde el oficialismo entienden que la política de control sobre el mercado interno alimenticio "tiene como objetivo cuidar el acceso a los productos de la canasta básica de las y los argentinos y evitar que se produzcan abusos".
En concreto, la agenda oficial reafirmará, por caso, las medidas dispuestas para regular las subas a través de los programas de Precios Cuidados y Súper Cerca que se lanzó en junio pasado para reemplazar el desarmado Precios Máximos y que contempla una canasta de 70 productos con precios congelados hasta diciembre en productos de almacén (aceite, yerba), alimentos (fideos, arroz, polenta), lácteos, bebidas sin alcohol, productos de limpieza, higiene y cuidado personal, que según se anunció tendrían valores en promedio 7% más bajos en los llamados "comercios de proximidad".