La relación entre los ejecutivos del único concesionario privado de autopistas del país y el Gobierno abrió una grieta interna entre los accionistas del grupo a cargo de las operaciones de los accesos Norte y Oeste y de la avenida General Paz.

Se trata del holding europeo Abertis que en Argentina brinda servicios a través de sus filiales Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

La continuidad de ambas concesionarias están en la lupa desde que Alberto Fernández asumió la presidencia y ordenó abrir una investigación del contrato que el anterior gobierno de Cambiemos extendió por otros 30 años.

De hecho, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ya adelantó la posibilidad de que las autopistas de Ausol y GCO vuelvan a manos del Estado nacional, tal como ya ocurrió con el resto de las rutas con peaje que atraviesan el país.

Hace unas semanas, calificó de "ilegítimo" ambos contratos de concesión y comenzó a preparar el camino para re estatizar las rutas antes de fin de año, culminando así un plan para que todas las rutas con peajes de la Argentina queden en manos de la administración pública.

Esto ya ocurre con los otros cinco corredores viales cuyos contratos vencieron en el primer semestre del año pasado y los seis que estaban bajo el sistema de los PPP que fueron cancelados por el Presidente Fernández a través de acuerdos con las empresas que habían sido adjudicatarias de esas obras que contemplaban la construcción y mantenimiento de 2.559 kilómetros de rutas y autopistas, en seis corredores viales.

Frente a la avanzada oficial, ambas sociedades enviaron notas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en donde anticipan la estrategia legal que adoptarán para mantener sus operaciones en el país.

Informan haber cumplido "oportunamente" con el requerimiento formulado por Katopodis el 29 de julio pasado, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas con el invocado objeto de "revisar" el llamado Acuerdo Integral de Renegociación Contractual que consensuaron con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri y que fue aprobado por el Decreto N° 607/2018.

El convenio les extendió los plazos de la concesión hasta el 2030 y contemplaba un reconocimiento para Ausol y GCO de los reequilibrios pendientes de pago por falta de actualización de las tarifas de los peajes por casi 800 millones de euros.

También se estableció que el cuadro tarifario se ajustaría cada seis meses por inflación calculado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y, a cambio, Ausol y GCO se comprometieron a encarar un ambicioso plan de inversión y a retirar una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones.

El reclamo fue sobre el 40% del total de Abertis en la compañía y la cifra surge de analizar lo perdido por los supuestos incumplimientos del Estado nacional y por la rentabilidad perdida por no haberse aplicado el acuerdo del 2006 de manera apropiada.

Sin embargo, todo indica que el holding europeo dueño de ambas concesionarias volverá a solicitar la ayuda judicial de este tribunal internacional manejado por el Banco Mundial para resolver controversias de empresas privadas con estados nacionales.

Uno de los accionistas de la sociedad que opera el Acceso Norte y la Panamericana cuestiona la gestión del directorio

De hecho, en las presentaciones realizadas ante la CNV, tanto Ausol como GCO dejaron planteadas la nulidad e improcedencia del proceso de revisión del Acuerdo Integral y dieron respuesta a las objeciones formuladas respecto de la legitimidad de los contratos, "desarrollando los argumentos correspondientes, explicando las razones e identificando los antecedentes y evidencias que brindan sustento a todo lo expuesto por la sociedad".

Las empresas reafirmaron que el Acuerdo Integral "es plenamente legítimo" y que fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional luego de un proceso en el que se cumplieron con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable.

Agregan que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, seguirán realizando las presentaciones correspondientes con el objeto de preservar sus derechos y se encuentran analizando los remedios previstos en el contrato de concesión y los posibles pasos a adoptar a tales fines.

Con las cartas queda claro que las dos operadoras defenderán la continuidad de sus concesiones por entender que lo firmado con Macri es completamente legal y también por considerar inválida la investigación iniciada por el actual gobierno a principios del año pasado que pone en duda el origen del contrato y entiende, entre otras cosas, que el dinero que el Estado nacional se comprometió a reintegrar a las empresas pone en riesgo las finanzas oficiales.

Asamblea caliente

La situación fue tratada durante una asamblea especial de accionistas Clase A y Clase B de la concesionaria que maneja la ruta Panamericana que se llevó a cabo el 27 de septiembre pasado por la mañaña.

El encuentro fue convocado por pedido de los representantes de Natal Inversiones, que reúne una participación mayor al 14% del capital y que desembarcó en la sociedad en el 2016 tras comprar las acciones de las constructoras Dycasa y ACS.

Se trata además del tercer inversor en importancia dentro de Ausol, detrás de Abertis que controla el 31,59% de las acciones, y de Webuild, con otro 19,82% del capital, mientras que el 34,47% restante flota en los mercados bursátiles.

A partir de esa fortaleza, los accionistas de Natal Inversores pidieron incluir en el Orden del Día de la asamblea que se llevó a cabo de manera remota la remoción de los directores de la sociedad que representan a Abertis.

Lo hicieron por considerar que su tarea frente al avance del gobierno nacional fue deficitaria ya que no han podido frenar los objetivos estatizadores del gobierno nacional ni las causas penales tramitadas en la justicia contra varios ejecutivos de la empresa por las presuntas irregularidades del contrato que extendió las concesiones en el 2018.

El punto III de la asamblea planteaba la remoción de los directores designados por los tenedores de acciones Clase A y Clase B.

En ese marco, Ezequiel Fernández, representante de Natal, expuso los motivos de la solicitud, dejando constancia que su representada "con carácter constructivo y en un marco de buena fe", manifiesta tener divergencias respecto del modo de gestionar la sociedad por parte del directorio.

El ejecutivo destacó también que la actual integración del organismo cuenta con directores ausentes en el exterior la mayor parte del año, en un momento en el cual considera que existen dificultades que afectan a la concesión, en un contexto de gran litigiosidad contra la compañía por parte de su sindicato de trabajadores y del gobierno nacional.

Fernández también destacó el marco de cuasi congelamiento de tarifas que sufren las concesiones de Ausol que, tras más de dos años sin retoques, fueron autorizados a subir un 9% en junio pasado.

A partir de este escenario, el representante de Natal Inversiones pidió a la asamblea la remoción de un director no independiente -de los dos que nombran las clases de acciones A y B-, por entender que no tiene la necesaria presencia física en el país "en momentos tan difíciles de la Argentina, además de que carecen de los contactos políticos y sindicales necesarios como para gestionar correctamente la sociedad". Asimismo, propuso una reorganización en el directorio, solicitando que Abertis nombre un director independiente y un no independiente, permitiendo de ese modo que una persona de origen local, "con buenos antecedentes y conocedor de la actualidad argentina" asuma el cargo.

En tal sentido aclara que, si bien Natal aprobó la gestión del directorio por el ejercicio 2020, lo hizo bajo la expectativa de que se produjera un cambio del Director General y la incorporación de directores expertos "que mejorasen sensiblemente la gestión de la compañía", lo que en su opinión no ocurrió.

Desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández puso en revisión las concesiones de Ausol y GCO 

Adicionalmente, respecto de las autoridades de Ausol, manifestó que si bien han empezado a mejorar la gestión ante pedidos de Natal, han demostrado inoperancia frente a hechos como un inadecuado control en las cabinas de peaje troncales con levantamiento de barreras innecesarios y continuos, con largas colas y cierres de parte de estas vías mientras que se mantienen operativas y sin colas las cabinas manuales.

También criticó la falta de personal "desmedida" durante la pandemia con más de 140 ausentes crónicos en forma simultánea durante largo tiempo; incorrecta gestión comunicacional con falta de presencia en redes sociales; inadecuada política de pago de incentivos al personal en funciones y que se desvinculan de la empresa que no se adecuan a la realidad argentina y la frágil situación financiera de la sociedad.

Además, cuestionó la falta de diálogo con organismos de control como la Dirección Nacional de Vialidad; incorrectas negociaciones con el sindicato SUTPA ante temores a represalias por parte de los delegados sindicales otorgando aumentos desmedidos en relación a las subas de tarifas; demoras y cautelas innecesarias en la negociación con el organismo de control y la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a la necesidad de reajustes de los cuadros tarifarios y cierre de estaciones de peaje manuales.

La lista de quejas de Natal Inversiones sigue con falta de iniciativas para gestionar áreas comerciales que aumenten el flujo de fondos de la sociedad; la inconveniencia de la vigencia del contrato de asesoramiento técnico que recibe el accionista Abertis, ante la situación de la empresa que ha visto deteriorado sus ingresos en forma alarmante.

Por último, y siempre sosteniendo que las críticas se llevan a cabo en un marco de buena fe, manifestó su discrepancia respecto del carácter de la asamblea especial a partir de haber consultado a muy prestigiosos estudios de abogados del fuero local con muy amplia experiencia en temas societarios, señalando que debió ser convocada con presencia de la totalidad de los accionistas de todas las clases de acciones.

Lo hizo en atención al tenor de cuestionamiento sobre la actual gestión de la empresa, por lo que sostuvo que sus planteos se realizan "en defensa de los intereses de todos ellos, solicitando la debida comprensión y colaboración para el mejoramiento de la gestión de la compañía".

Luego de los reclamos de los accionistas de Natal Inversiones tomó la palabra Andrés Barberis Martins, presidente del directorio de Ausol, quien realizó algunas aclaraciones respecto de varios puntos mencionados por Fernández.

Según el ejecutivo, el directorio encomendó a sus asesores legales que confeccionen un informe respecto de los alcances del pedido de Natal Inversiones y el carácter de debía revestir la asamblea cuyos resultados fueron analizados por los miembros del ente en una reunión del 27 de agosto pasado y, en consecuencia, se procedió a convocar a la Asamblea Especial.

Respecto del fondo del pedido, dejó constancia que la solicitud de remoción de directores que por estatuto deben ser designados por una clase o más clases de acciones particulares, cuando no medien supuestos de remoción establecidos por ley, debe ser tratada por dichas clases de acciones que poseen la facultad de designarlos y que así lo dispone la Ley General de Sociedades.

Se mostró además sorprendido por las declaraciones de Fernández sobre la supuesta ausencia de los directores en sus cargos, como así también sobre otros pedidos de Natal Inversiones, aclarando que durante el último año y medio -en coincidencia con el inicio de la pandemia provocada por la irrupción del Covid 19- el nivel de labor desarrollado por el directorio ha sido no solo muy intenso, sino que también muy eficiente, "habiéndose dado seguimiento puntilloso a la gestión de todos los aspectos inherentes a la compañía, teniendo reuniones prácticamente mensuales".

Según Barberis, en la mayoría de esas reuniones, el directorio de Ausol sesionó con la totalidad de sus miembros, destacando que en todas estuvieron presentes quienes se encuentran aludidos en los argumentos de la solicitud de asamblea efectuada por Natal.

Por otra parte, rechazó que la sociedad haya experimentado casos de falta de representación que permitan concluir la existencia de una presunta situación de acefalia, máxime destacando además que cuando cuatro de sus cinco miembros tienen residencia permanente en el país.

Por esos motivos, consideró que "semejante actividad y volumen de tareas desarrolladas por el directorio contrastan notoriamente con la presunción de que pudo haber existido una situación de ausencia de gestión".

Adicionalmente, Baberis señaló que las observaciones de Natal Inversiones deberían realizarse durante la Asamblea General Ordinaria anual, cuando se efectúa el tratamiento de la gestión de los directores, teniendo en consideración que al fin del actual ejercicio habrá que renovar el directorio por cumplimiento del plazo de sus mandatos.

"En esa oportunidad, el accionista Natal podría compartir sus preocupaciones de gestión frente a todos los accionistas de la Sociedad", argumentó.

Tras sus palabras, intervino Roberto Fortunati, representante de Abertis, quien compartió los argumentos de Barberis, y dejó constancia que, si bien valora el espíritu constructivo de la postura de Natal Inversiones, no está de acuerdo.

Del acta del encuentro se desprende también que el representante de Ausol defendió los perfiles profesionales, las características y experiencias necesarias para conducir satisfactoriamente la compañía que tienen los actuales miembros del directorio.

Agregó que tener contactos políticos y sindicales "no es una condición necesaria para ejercer con idoneidad el cargo de director".

A la vez, ponderó la gestión de Barberis como presidente y director titular de Ausol designado a propuesta de los accionistas Clase A y B en el 2014, "en atención a su trayectoria internacional con el accionista Abertis como operador de concesiones viales en diversos países, y que puede incluso sintetizarse en la evolución de la sociedad desde su asunción a la fecha, habiendo posibilitado -entre otros hitos- el fin de una situación de tensión y virtual conflicto con el órgano concedente mediante la suscripción del Acuerdo Integral de Renegociación contractual en el 2018".

Por otra parte, señaló que Francesc Sánchez Farré, quien se encuentra radicado en el país, cuenta con los antecedentes profesionales necesarios para el desempeño del cargo para el cual fue designado por las mismas clases de acciones, como así también para el ejercicio de la Dirección General de la compañía, destacando que su gestión es impecable y que, en cualquier caso, resulta prematuro abrir un juicio de valor sobre su desempeño. "Esto corresponderá que sea realizado a la fecha de consideración asamblearia de su gestión", aclaró.

Por las razones expuestas, el representante de Ausol sostuvo que la empresa se encuentra satisfecha con la gestión de la sociedad "que se viene realizando en las actuales circunstancias, bastante adversas en muchos aspectos, así como del desempeño y perfomance de los directores designados por las Clases A y Clase B".

Es decir, rechazó el pedido de renuncia o remoción propuesto por Natal Inversiones tanto en el directorio como en la alta dirección de Ausol.

Una vez finalizada las exposiciones, los presentes en la asamblea procedieron a votar la propuesta del representante de Natal Inversiones que fue rechazada por mayoría (votos computables: 159.734.255; votos afirmativos, 31.451.435; votos negativos, 128.282.820).

De este modo y por ahora, la conducción de Ausol se mantendrá sin cambios, aunque fuentes del sector entienden que la crisis interna entre los dos accionistas de la sociedad continuará y con final abierto.

Incertidumbre financiera

Ocurre que tanto Ausol como GCO no sólo deben enfrentar la avanzada estatizadora sino también situaciones financieras complicadas, con balances negativos y afectados por los años de congelamiento de las tarifas de peajes.

Por caso, durante el primer semestre de este año Ausol acumuló pérdidas por $286 millones, teniendo en cuenta que durante ese período aún persistía la imposibilidad de la aplicación de las tarifas de peaje que hubieran correspondido de acuerdo con lo pactado en el acuerdo de renegociación cerrado con el anterior gobierno.

En una carta enviada a la CNV, la empresa explica que se ve todavía obligada a continuar aplicando los mismos cuadros tarifarios que se encontraban vigentes desde el 5 de enero de 2019 y, consecuentemente, a valores depreciados por el proceso inflacionario que experimentó el país y con el consiguiente incremento de los costos operativos.

Cuestiona además el aumento otorgado por el presidente Alberto Fernández que entraron en vigencia el 1° de julio, porque "no cumplen con lo previsto en el AIR como tampoco reflejan mínimamente la inflación producida para el mismo período".

A esto, Ausol le suma que las diversas medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio que se han implementado desde el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19 "han producido una disminución del tránsito vehicular pagante impactando también negativamente en los ingresos por peaje".

Por todos estos conceptos, desde Ausol le reclaman al Gobierno una deuda de u$s76,2 millones sólo del 2020 de acuerdo con lo definido en el Acuerdo Integral sobre inversión no amortizada e intereses), que se suman a los conceptos adeudados correspondientes a 2018 y 2019 por un total de u$s42 millones más.

"Dichos conceptos adeudados se originaron principalmente con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios y la falta de compensaciones al respecto", agrega Ausol en la nota donde también recuerda que en los últimos tres años no fue autorizada a aplicar la redeterminación tarifaria anual y las actualizaciones tarifarias que habrían correspondido en virtud del Acuerdo Integral.

"En definitiva, durante los años 2019 y 2020, y en lo que va del actual período, los cuadros tarifarios que ha aplicado la Sociedad han sido significativamente inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el AIR, registrando incluso un marcado retraso respecto de la inflación", detalla la compañía.

Por esos motivos, le reclama al Gobierno como imprescindible que, haciendo lugar a los numerosos y reiterados pedidos formulados, resuelva el problema "de modo de permitir restablecer del equilibrio de la ecuación económica del Contrato de Concesión".