Distribuidoras de gas reclaman cambios en la tarifa social

Advierten que es un error utilizar el consumo como indicador de vulnerabilidad económica y aseguran que el beneficio dejó de ser relevante
Por Andrés Sanguinetti
11/01/2022 - 11,42hs
Distribuidoras de gas reclaman cambios en la tarifa social

A pocos días de la audiencia pública pactada para evaluar aumentos en las facturas de gas, las empresas distribuidoras aseguran que los subsidios que otorga el Gobierno a los sectores de menores recursos ha venido disminuyendo y actualmente es casi irrelevante.

No se trata de una crítica sino más bien de una propuesta para modificar la medida que fue implementada durante la presidencia de Néstor Kirchner y que se mantiene en la actualidad con el objetivo de diferenciar el valor del gas que consumen las clases sociales más vulnerables del resto.

En este sentido, en el documento presentado por Metrogas al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para justificar su pedido de aumento tarifario, existe un apartado relacionado a la tarifa social.

Bajo el subtítulo de "Otro ejemplo del error de utilizar el consumo como indicador de vulnerabilidad económica", la compañía explica que la tarifa social en el área de MetroGAS alcanza a un 13% (300.000 beneficiarios) de los usuarios residenciales, desde casi un 20% que llegó a tener en el período 2016-2018.

Según el informe de la compañía controlada por la petrolera estatal YPF, esta reducción tiene vinculación con la continua depuración de los padrones de beneficiarios que realiza la ANSES, que ha permitido focalizar la tarifa en aquellos que reúnen las condiciones establecidas en la reglamentación.

"Desde su implementación, el beneficio hacia los usuarios ha ido disminuyendo y, actualmente, la diferencia en el costo final del servicio para los segmentos que consumen más de 499 m3/año perdió relevancia producto de haber establecido un precio diferencial que está absorbiendo el Estado Nacional, por hasta sólo 499 m3/año, con una distribución mensual que en algunos casos no termina siendo aprovechada por el usuario y no es compensable en otro período donde registra mayor consumo", asegura el informe de la principal distribuidora de gas de la Argentina.

Para ejemplificar su postura, el documento reitera la inexistencia de una correlación directa entre la cantidad de beneficiarios de la tarifa social y el consumo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y teniendo el 61% de los clientes residenciales de esta distribuidora que representan el 57% del consumo, los usuarios con tarifa social son solo el 38%, consumiendo el 29% del volumen.

En la provincia de Buenos Aires, teniendo el 39% de los clientes residenciales que consumen el 43% del volumen, la cantidad de beneficiarios con tarifa social asciende al 62%, consumiendo a su vez el 71% del volumen destinado a ese valor.

Según Metrogas, ambos ejemplos manifiestan que el esquema de otorgamiento de la tarifa social en función de las características socioeconómicas y su comparación con los ratios de volúmenes, "pone en evidencia la vulnerabilidad del criterio del consumo como indicador para un análisis de tarifas o de categorización de las mismas".

Además, la compañía reitera que la idea de poder incrementar la cantidad de beneficiarios de la Tarifa Social se lograría reanalizando los criterios de inclusión y/o mejorando la identificación de los potenciales candidatos a través del entrecruzamiento de las bases de datos oficiales de distintos organismos.

Distribuidoras de gas reclaman cambios en la tarifa social
Distribuidoras de gas reclaman cambios en la tarifa social

"Esta mayor apertura al ingreso de nuevos usuarios a este beneficio requiere a su vez que se mantenga la indemnidad tarifaria en los márgenes de distribución de la distribuidora y los reintegros de los subsidios se efectúen en los plazos originales establecidos en la Resol. MINEM 508/17", añade el documento.

En concreto, desde Metrogas se está planteando un mejoramiento del estudio que viene llevando a cabo el ENARGAS para diferenciar las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a los niveles de ingreso de los consumidores, tanto de gas como de electricidad.

Un plan que podría implementarse a partir del segundo semestre de este año y que implicaría cobrar un cargo diferencial de acuerdo a una segmentación de usuarios entre sectores de altos ingresos; clase medida y consumidores de bajos recursos.

Sin embargo, para los ejecutivos de Metrogas, es un "error" tomar al consumo como indicador de vulnerabilidad económica del usuario.

No se trata de un pedido cualquiera si se tiene en cuenta que Metrogas es una de las empresas de servicios públicos más importantes de la Argentina y la mayor en el sector de distribución de gas natural. Por su número de usuarios residenciales (2.3 millones) es la primera de América Latina con un área de servicio que abarca una superficie de 2.150 km2 y cubre una población de 7.5 millones de habitantes, que representa alrededor del 27% del total usuarios conectados a las redes de distribución.

Según el informe de la compañía que será presentado durante la audiencia pública del próximo 19 de enero, en su área de concesión "no resulta válido asumir que el consumo resulte un buen indicador sobre la vulnerabilidad económica de los usuarios, si se lo toma en forma directa sin ponderarlo con otros indicadores".

Según la empresa, a una misma temperatura ambiente el consumo está relacionado fundamentalmente con tres variables que son la cantidad de artefactos a gas que se encienden; la cantidad de horas en que los mismos están funcionando y, por último, las características edilicias de las viviendas.

Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo explica que los barrios con mayor ingreso per cápita presentan bajos consumos debido a la gran cantidad de inmuebles con servicios centrales de agua caliente o calefacción, por lo cual resulta incorrecto asociarlos con vulnerabilidad económica. Estos barrios, a su vez, son los que tienen el mayor valor inmobiliario por metro cuadrado.

Distorsiones

Metrogas advierte además ser la cara visible frente a los usuarios, toda vez que se trata de la empresa que factura el servicio, pero que no se queda con más del 30% de su valor total ya que el resto es para pagar el gas que proveen los productores, a las empresas transportistas y los impuestos.

"El impacto final a los usuarios por el servicio de distribución no representan porcentajes significativos de las mismas y las variaciones producidas a lo largo del tiempo han impactado diferente a cada tipo de tarifa, generándose una distorsión muy marcada entre los usuarios de tarifa Residencial y Comercial/Industrial Pequeña (PYME), versus los Grandes usuarios Comerciales e Industriales", sostiene el paper de Metrogas.

Por ese motivo, la compañía también solicita que se autorice el traslado de las tasas municipales a los usuarios de las jurisdicciones que las han impuesto con los valores actuales que, como consecuencia del congelamiento de tarifas, se están recuperando a valores desactualizados.

En función de ello, pide el traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y lo pagado correspondiente a los períodos de abril del 2018 a marzo del 2021 por $260,3 millones.

"De continuar dicho desequilibrio, estimamos un déficit acumulado al 30 de septiembre de 2021 de $ 271,7 millones", anticipa la compañía.

Por otra parte, solicita que se adopten las medidas pertinentes para solucionar los desbalances que se han producido entre lo pagado a los productores de gas y lo facturado a los usuarios en concepto del Fondo Fiduciario art. 75 Ley 25.565, que han producido un desequilibrio financiero importante cuyo monto ajustado al 30 de septiembre del 2021 por tasa BADLAR asciende a $793,5 millones.

También reclama al ENARGAS buscar mecanismos que atenúen las diferencias que se puedan producir en el futuro mediante la corrección del porcentual del traslado a los usuarios.

Respecto del subsidio correspondiente a la Resolución 508/17, solicita que se regularice su situación en lo que concierne al atraso en el pago de los reintegros por $271 millones en concepto de Tarifa Social.

Todos estos reclamos se suman al pedido de aumento de la tarifa de gas del orden del 30%, mientras que el Gobierno estaría dispuesto a otorgar hasta un 20% para todo el año, luego de que en el 2021 se autorizó una suba del 6% que las empresas también consideraron insuficiente para poder compensar los costos crecientes y las inversiones que deben realizar para mantener el servicio.

Desde Metrogas consideran que el aumento de las tarifas de gas no debería ser menor al 30%
Desde Metrogas consideran que el aumento de las tarifas de gas no debería ser menor al 30% y piden nuevo retoque en diciembre

A partir de este escenario, en su escrito Metrogas reclama que el nuevo ajuste reconozca o refleje el aumento real de lo costos operativos de las empresas, "de manera que, si el ajuste establecido a partir de junio de 2021 quedó muy por debajo de la inflación habida en el último año, no sólo debe contemplarse la inflación que se estima para el corriente 2022 (y nada menos que siguiendo el REM del BCRA), sino también la diferencia habida durante el año anterior, ya que las tarifas venían de un congelamiento que se remonta a octubre de 2019".

En igual sentido, desde Camuzzi advierten que los pedidos solicitados por las distribuidoras siempre están por debajo de la variación de salarios, que desde el congelamiento en 2019 acumula una suba del 190%, y representan para el usuario modificaciones de entre $100 y $300 o llevado a porcentaje, de entre 20% y 30% según el tipo de usuario.

"De concretarse el aumento sería el segundo ajuste de transición definido en el Acuerdo Transitorio de Renegociación, firmado el 21 de mayo de 2021 y fue ratificado por el PEN y dio lugar a los cuadros tarifarios de transición que dictó el Enargas mediante resolución 151/21 del 31 de mayo de 2021 con vigencia desde el 2 de junio de 2021", aclaran en la empresa.

En dicho acuerdo se previó que se recalcularía la tarifa para el 2022, con vigencia a partir del 1° de abril, pero por pedido de las empresas distribuidoras se planteó la posibilidad de que se hiciera con vigencia a partir de marzo, pedido que fue aceptado por el Ente y motivó la convocatoria a la audienciadel 19 de enero.

Los aumentos de transición fueron previstos para sostener la prestación del servicio en condiciones de seguridad, sin inversiones obligatorias a cargo de las licenciatarias, y mitigar los efectos económicos y financieros de los mayores costos y gastos de las empresas de manera transitoria, mientras se lleva adelante el proceso de renegociación de la RTI que, conforme al decreto 2020/20, debe culminar con sus correspondientes Acuerdos Definitivos de Renegociación de la RTI en diciembre de 2022.

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