El gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente provincial, dispuso el cese de actividades de canteras de arenas silíceas, ubicadas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.

Esto ocurrió en el marco de una audiencia de conciliación desarrollada el 29 de abril pasado en el juzgado Federal de Gualeguaychú, donde se llegó a un consenso entre las partes, aceptándose la propuesta de las autoridades provinciales.

Durante la audiencia se acordó prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, realizar actividades de extracción de arena silícea de las Zonas I, II, III, IV y V de los ríos Paraná y Uruguay, en lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, por un plazo de 45 días.

Desde esa repartición, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, se informó que un total de nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas, que venían desplegaban su actividad en la zona sur de la provincia, las que habían finalizado el plazo de habilitación para la explotación de este tipo de áridos, y habiendo sido intimadas en tiempo y forma para cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas, la Secretaría de Ambiente decidió el cese preventivo de sus actividades hasta tanto cumplimente los informes técnicos que exige este tipo de explotaciones.

Entre Ríos estableció el cese preventivo de las canteras que funcionaban de manera irregular

Los alcances de la medida

Tal como publicó el diario El Día de Gualeguaychú hace algunas semanas, "los denunciantes señalaron falta de controles, de estudios de impacto ambiental, de depredación de la arena y del agua y hasta una empresa (Cristamine S.A)  que opera y multiplica cifras millonarias con la habilitación vencida hace cinco años y sin ningún tipo de control".

Ahora, de las 14 areneras radicadas en las zonas, a nueve se les dispuso el cese de actividades. De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación (dos para renovación y una en la etapa de participación ciudadana).

Desde el Gobierno provincial y su organismo de aplicación de trabaja diariamente para que las empresas que tienen actuación en este sector, cumplan con las normativas que regulan las acciones susceptibles de provocar degradación del ambiente o impactar negativamente sobre el medio natural o antrópico.

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, comentó que Entre Ríos "se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere".

El fiscal detalló que "las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente".

En ese marco, Rodríguez Signes se refirió al amparo presentado por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, y explicó que "el Juez Federal de Gualeguaychú, nos citó a una audiencia de conciliación previa a dictar una medida cautelar, en la cual participó junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo".

de las 14 areneras radicadas en las zonas, a nueve se les dispuso el cese de actividades

La resolución de la Justicia

Explicó que en esa audiencia, desde la provincia propuso, "y el juez resolvió favorablemente, un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades". Y agregó: "Lo que se pactó fue un plazo en el cual se regularizara la situación".

Entonces, mencionó que "ya había otro amparo similar contra la provincia de Entre Ríos, pero tramitó en el ámbito del Poder Judicial provincial. En este caso el que se interesó fue el Juez Federal, porque el tema ambiente trasciende la competencia provincial exclusivamente y es un tema en el que ejercen competencias concurrentes las provincias, la Nación, los municipios".

"El objetivo es regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente", afirmó.

Entonces, remarcó que "fue una audiencia en el marco de ese proceso y el Juez dispuso como medida cautelar, receptó esta propuesta nuestra de establecer un plazo para que todos los que están en esta actividad regularicen su situación, en un plazo de 45 días".

La Justicia de Entre Ríos resolvió un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades

Finalmente, indicó que "hay muchos juicios ambientales de distintas organizaciones", pero este "es el primero en el que se hace una audiencia de conciliación convocada por el Juez Federal en Gualeguaychú y es la que concurre el Ministro y propone un plan de regularización".