Las audiencias públicas llevadas a cabo hasta el 12 de mayo para debatir aumentos a las facturas de luz y gas y la puesta en marcha de un esquema de segmentación de tarifas, no cambiarán la complicada situación financiera que ya sufren las mayores distribuidoras de servicios públicos de la Argentina.

Es decir, Metrogas, Edenor y Edesur, que atienden a más de 10 millones de usuarios distribuidos en Capital Federal y una gran parte del conurbano bonaerense.

Desde hace ya varios años, sus ejecutivos vienen reclamando al Gobierno que aplique un mecanismo de sinceramiento en el valor de distribución de la electricidad y el gas.

Lo vienen haciendo sin suerte porque el Gobierno se niega a aplicar esta política, por dos razones, una ideológica y una de sentido común electoral.

La primera tiene que ver con las banderas levantadas por el kirchnerismo dentro de la alianza oficial del Frente de Todos desde el primer mandato de Néstor Kirchner, cuando la emergencia económica desatada tras el 2002 obligó a congelar las tarifas para evitar injusticias sociales.

Esta política se mantuvo durante 12 años y fue generando un cepo tarifario tan grande que en la actualidad es imposible destrabar en su totalidad.

Inflación, pobreza y subsidios: el escenario de coyuntura del país

Es que la segunda razón se vincula precisamente a ese escenario de coyuntura de país, con una inflación galopante, más del 50% de la población pobre y millones de pesos gastados por el Estado en subsidios a los precios de la luz y el gas que favorece a todos los sectores sociales, sin importar sus ingresos.

Edenor comenzó el año informando una pérdida de $2.818 millones durante el primer trimestre

EPero, a partir de esta bandera de política social inclusiva, las compañías a cargo de los servicios vienen acumulando balances en rojo que en el 2020 fueron potenciados por los efectos del coronavirus que ni siquiera una actualización tarifaria acotada como la que se dio el año pasado y en este 2022 alcanza para revertir.

l deterioro en los ingresos de Edenor, Edesur y Metrogas es tan grande que, en estos dos años y medio de gestión del presidente Alberto Fernández, acumulan una pérdida conjunta de $73.908 millones.

Es decir, $6.159 millones por mes; $202 millones por día e incluso de $8,4 millones cada 60 minutos.

Los datos surgen de sumar lo que perdieron en el 2020 ($37.033 millones); lo del 2021, ($33.868 millones) y el rojo que llevan acumulado en el primer trimestre del 2022, que asciende a $3.007 millones, con la salvedad de la ganancia por $2.202 millones lograda por Edesur en el mismo período.

Empresas de servicios: gastos sin equilibrio

Las compañías insisten en anticipar que el mismo escenario de inestabilidad financiera que enfrentan no cambiará por los aumentos que surjan de las audiencias públicas llevadas a cabo a fines de esta semana.

Sostienen que en los encuentros convocados por la Secretaría de Energía de la Nación no estuvo en debate el precio de la distribución dentro de la tarifa final, por lo cual el incremento que puedan recibir será escaso y seguirá sin alcanzar para equilibrar sus gastos, en el marco de un país como Argentina, que apunta a cerrar el año con una inflación superior al 60%.

Tampoco ven como positivo para sus cuentas al nuevo esquema de segmentación. Lo consideran como un procedimiento de política energética para redistribuir fondos del Estado que llegan directamente a los consumidores y que se vuelcan para mantener congelado el precio de la energía y el gas con el objetivo de darle una mayor equidad a ese reparto.

Entre enero y marzo pasados, Metrogas acumuló un rojo de $189 millones por falta de adecuación tarifaria

Además, plantean dudas sobre el formato de segmentación que se aplicará a partir de la conformación de los tres sectores que tendrán precios diferentes.

Entienden que se trata de un esquema muy complejo que debe, entre otros factores, cruzar la titularidad del servicio con índices vinculados al precio de la propiedad y a los ingresos de sus habitantes.

Por eso estiman que su implementación se demorará por lo menos en dos meses y no comenzará a regir a partir de junio próximo, fecha establecida por el Gobierno para modificar los precios de la luz y el gas y comenzar a aplicar los aumentos que, según fuentes oficiales, rondarán el 16% al 20% de promedio.

Marco errático

"La segmentación no resolverá nuestros problemas de caja ni despejará la incertidumbre respecto a la operatividad de los servicios", advierten desde las compañías, donde también dudan de la capacidad del Gobierno para sincerar el precio de los servicios pisados desde hace 13 años, más allá de correcciones menores como las del año pasado y las de este año.

Por lo tanto, ya no se sabe a ciencia cierta el valor real actual de la electricidad y el gas, al punto que un informe de la calificadora Moody´s que analizó la performance de Distribuidora de Gas Cuyana.

Anticipa un peligroso marco de volatilidad por la decisión de las autoridades de seguir controlando las tarifas.

Edesur fue la única distribuidora de electricidad que mostró un balance positivo durante el primer trimestre del 2022

"Las regulaciones oficiales para el segmento del gas se han vuelto más inciertas, afectando la evaluación crediticia de las compañías", detalla el documento de Moody´s en donde se estima además que las subas tarifarias del gas que otorgará el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se encontrarán por debajo de la inflación y la variación en el tipo de cambio en el 2022.

La firma también apunta al Gobierno por la "discrecionalidad del marco regulatorio, la elevada incertidumbre sobre la evolución de las tarifas reguladas y la falta de políticas claras para el sector, que podrán continuar deteriorando la capacidad de pago de las compañías en los próximos 12 a 18 meses".

Además califica al proceso de actualización tarifaria como "errático e insuficiente" para garantizar una adecuada recuperación de costos y de nuevas inversiones.

Mayores deudas para cubrir las necesidades de financiamiento

Para compensar ese deterioro en la capacidad de generación de flujo, Moody´s explica que las empresas aumentaron sus deudas comerciales por pagos a proveedores para cubrir las necesidades de financiamiento.

Por caso, desde Metrogas vienen advirtiendo que mientras la tarifa se mantenga en valores constantes, "esto continuará impactando negativamente en la sociedad, disminuyendo el flujo de ingresos y empeorando la actual situación económico-financiera".

Como mecanismo de protección, la compañía propiedad de la petrolera estatal YPF comenzó, en diciembre del año pasado, a pagar la mayor parte de la deuda por los acuerdos con los productores de gas contraída durante el 2019, además de iniciar negociaciones para saldar el pasivo generado por el gas entregado en junio, julio y agosto del 2020. A esta altura, la empresa pudo ya acordar con el 70% de los productores, cancelando varios de esos vencimientos de deuda.

Proceso de negociación de la deuda bancaria

Con respecto a su deuda bancaria, también puso en marcha un proceso de negociación, el 23 de abril pasado, con los bancos ICBC; Itaú Argentina y el Itaú Unibanco Nassau Branch para refinanciar la totalidad del capital cuyo vencimiento operaba en 2021, así como una reducción del costo financiero y la carga de intereses.

Desde su gira internacional, Fernández defendió el modelo que aplica el Gobierno

En lo que respecta a las distribuidoras de electricidad la situación de Edenor y Edesur es similar ya que para cubrir sus costos se financian con Cammesa. Es decir, no le pagan a la compañía con control estatal encargada del despacho de electricidad la totalidad de lo que les factura por el costo de generación, sino que están en un nivel de cobrabilidad de 60%.

Pero, más allá del escenario financiero que sufren las concesionarias de los servicios públicos de gas y luz por una falta de sinceramiento tarifario, desde Alemania, Alberto Fernández defendió el modelo que aplica el Gobierno, al considerar que actualmente "se está subsidiando energía al 10% más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios".

También advirtió a los funcionarios de la alianza oficialista que no están de acuerdo con su mirada que se vayan del gobierno. Un mensaje directo a los referentes del kirchnerismo dentro del Ministerio de Economía; la Secretaría de Energía y los entes de control de la electricidad y el gas que rechazan la política oficial y piden encarar un proceso tarifario diferente, repitiendo el mandato recibido de parte de su jefa, la vicepresidente Cristina Kirchner.

De hecho, de las últimas audiencias públicas no participaron el secretario de Energía, Darío Martinez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y los interventores de los entes reguladores, Federico Bernal (Enargas) y Soledad Manin (ENRE), quienes responden a CFK y manifestaron su desacuerdo con los futuros aumentos.