El cierre del año será a todo conflicto para el Ministerio de Trabajo, las empresas y las organizaciones gremiales. La inflación incontenible sigue reavivando los choques por el reclamo salarial y algunas de las principales organizaciones de los trabajadores recrudecieron los reclamos, por lo que de aquí a diciembre lo que viene es una batería de medidas de fuerza que, temen en el Gobierno, complicará la evolución de una economía que no termina de enderezarse. La pelea que más preocupa al oficialismo corresponde a la paritaria de Camioneros, que acumula tres rechazos seguidos por parte de la fuerza que encabeza Pablo Moyano y poco a poco se encamina al paro general.

Fuentes ligadas a esta organización indicaron a iProfesional que el cese de movimientos por parte de los transportistas del sindicato podría concretarse a mediados de la próxima semana.

Camioneros exige un ajuste del orden del 131 por ciento más un bono de fin de año y varias compensaciones adicionales. En la vereda de enfrente, las empresas proponen un incremento salarial no mayor al 85 por ciento.

"Los empresarios saben que tienen una semana más para acercarse a lo que pretende el sindicato. La realidad es que, si el miércoles que viene no aparece una propuesta superadora a la actual, el paro se pondrá en marcha de forma automática y sin ningún tipo de contemplación", dijo a este medio una fuente cercana al gremio.

Algo similar declaró Marcelo Aparicio, secretario gremial de Camioneros, tras la reunión de esta semana en oficinas de la cartera de Trabajo. "Si (los empresarios) no vienen con respuestas concretas, actuaremos en defensa de nuestro derecho, sin miedo y con h…, como lo hacemos siempre los camioneros", advirtió.

Reclamos salariales: la UTA definió otro paro para la semana próxima

A la situación en torno al sindicato que lidera Moyano le sigue la decisión de Unión Tranviarios Automotor (UTA) de activar una nueva medida de fuerza a partir del próximo martes 25. El paro se extenderá por 72 horas y afectará a los servicios en el interior de la Argentina.

Los choferes exigen el pago de subsidios oficiales para la mejora salarial acordada.

El cese de actividades, que se sumará al paro que la organización ya se realizó el miércoles y jueves de la semana pasada, se confirmó luego de la reunión que tuvieron el martes, de manera presencial, los representantes del sindicato con las autoridades del Ministerio de Trabajo, en la que no se llegó a un acuerdo.

"Informamos a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del interior del país, que asistimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados", notificó el gremio, a través de un comunicado, luego del encuentro en la cartera.

"Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los gobiernos la lealtad y el reconocimiento que los trabajadores se merecen. Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir. Por ello ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el transporte de pasajeros del interior del país por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente", se añadió.

El inicio del conflicto refiere a la presunta falta del pago de hasta 8.000 millones de pesos en subsidios que, afirma la UTA, afecta al último acuerdo salarial alcanzado con las empresas. Sin esos fondos, señala la organización, las compañías del sector no han podido cumplir con el piso de 165.000 pesos mensuales para los conductores acordado en septiembre pasado.

Los conflictos en Salud

Otro de los gremios con plan de acciones es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). Distintas organizaciones ligadas a esta entidad vienen reclamando mejoras salarias en Capital Federal, Chaco y Neuquén.

El reclamo es por una paritaria a nivel nacional que genere un piso muy por encima de los saltos inflacionarios.

La inflación acelerada acentuó la movilización gremial.

Dentro de la geografía porteña, un sector de trabajadores y trabajadoras de Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizaron el miércoles un paro de actividades y se movilizaron hacia el Ministerio de Economía en demanda de una recomposición salarial y un piso de ingresos idéntico al valor de la canasta familiar, de 180.000 pesos.

"El reclamo es por el 80 por ciento de recomposición salarial que es lo que perdimos desde 2017 y el ajuste por inflación de este año que va a ser el 100 por ciento y nos dieron 60, con un piso salarial de 180.000 pesos que es la canasta familiar", explicó Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

Minería y granos, en pie de guerra

A tono con los pedidos de suba salarial y mejoras laborales en general, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), el gremio encabezado por Marcelo Mena Muñoz, anticipó que prepara un paro general por tiempo indeterminado en los yacimientos de Santa Cruz y San Juan.

"Decidimos rechazar, tras varios intentos de negociaciones con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la propuesta del 0,5 por ciento referido al pago de antigüedad para aquellos trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos que se encuentran en el yacimiento desde el año 2021", expuso el gremio. "También reclamamos hacer efectivo el pago del 10 por ciento para mantener la pirámide salarial, según lo establece y está acordado en el artículo 30 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo Marco", agregó, a través de un comunicado.

Desde ASIJEMIN informaron que los yacimientos que podrían frenar su actividad van desde Veladero y Gualcamayo, en la provincia de San Juan, hasta Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz, Minera Triton, Minera Don Nicolás, Newmont Cerro Negro y Cerro Moro, en territorio santacruceño.

Por último, la Unión Recibidores de Granos y Anexos (URGARA) también se mantiene en estado de "alerta y movilización" luego de que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictara la conciliación obligatoria en el conflicto que los trabajadores del sector mantienen con empresas como DesdeelSur SA. La organización denuncia remuneraciones bajas y resistencias de la compañía al encuadramiento sindical.