La Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró en el 2020 la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La norma delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) las facultades necesarias para implementar las políticas públicas, además de mantener las tarifas de electricidad bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente o extraordinario por un plazo máximo de hasta 180 días contados a partir de su entrada en vigencia, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias.

Luego, mediante el Decreto Nº 543 del 18 de junio de 2020 se prorrogó el plazo y se dio a la vez inicio a la RTI estableciéndose un plazo que no podría+ exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia del decreto que culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la RTI.

Posteriormente, este plazo fue prorrogado por un año por el Decreto Nº 815 del 6 de diciembre de 2022 a la misma vez que se intervino el Ente Nacional de la Electricidad (ENRE), que funciona bajo el manto del Ministerio de Economía.

Tras esa medida, el organismo que hoy está a cargo de Walter Martello, sugirió iniciar un proceso de renegociación de la RTI vigente para las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, estableciendo un plazo no mayor a 90 días para realizar dicha tarea.

Es más, se recordó la obligación de realizar revisiones tarifarias cada cinco años, teniendo en cuenta que la última vez que esto ocurrió fue en el 2017, con lo cual resulta necesario convocar a una nueva revisión a fin de adecuar los procedimientos, regulaciones e índices de calidad vigentes en la prestación del servicio público de distribución.

A partir de la Resolución 363 publicada en la edición de este martes del Boletín Oficial de la Nación, el ENRE dio inicio dicho proceso para las empresas Edenor y Edesur con el objetivo de definir los niveles de calidad de servicio esperados para la prestación del servicio y determinar los costos asociados a su consecución.

Edenor deberá presentar su plan tarifario para los próximos cinco años que será analizado por el Gobierno 

Cuadro tarifario de electricidad hasta 2029

Esto se debería traducir en una propuesta de un nuevo cuadro tarifario que regirá desde el 2024 al 2029 pero que antes se someterá a una audiencia pública "a efectos de resolver su aplicación, después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito", según establece la resolución.

En este sentido, el ENRE tendrá que contratar los servicios de un grupo consultor independiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45 del Decreto Nº 1398 de fecha 6 de agosto de 1992 que obliga al Estado a encarar esa contratación para realizar el estudio de la propuesta tarifaria presentada por las distribuidoras.

Además, el ENRE tendrá que elaborar, en un plazo de 30 días contados luego del próximo 1 de junio, las pautas y cronograma de desarrollo que regirá el Proceso de RTI del servicio público de distribución de energía eléctrica.

La medida también alcanza al segmento de transporte, en este caso a las empresas Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Transco y EPEN y durante esta etapa el ENRE efectuará el análisis y la evaluación técnico económica que permitirá definir para el quinquenio 2024-2028, los parámetros de calidad de servicio, las adecuaciones de procedimientos y regulaciones vigentes, y las inversiones que deberán realizar las empresas concesionarias.

Para el Gobierno se trata de una etapa en la cual se definirán nuevos criterios de calidad a través de un mecanismo abierto a la sociedad ya que sus funcionarios entienden como imprescindible para elaborar un plan de inversiones capaz de garantizar una verdadera mejora en los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica.

Plan de obras

Hace unos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el acuerdo alcanzado con Edesur para establecer un plan de inversiones, definidas por el interventor e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, junto al resto de los mandatarios de municipios donde opera la distribuidora.

Más allá del plan de inversiones por $7.000 millones que encarará, Edesur sigue con el "cartel de venta"

Se trata de obas que la empresa del grupo italiano Enel tendrá que encarar en casi 300 municipios del sur del Conurbano bonaerense en los próximos 180 días, en los cuales deberá destinar $7.000 millones para beneficiar a 600.000 usuarios.

El gobierno aclaró que el financiamiento de las obras se realizará mediante el porcentaje determinado en la resolución de incremento tarifario para el 2023, que ya se les otorgó como parte del régimen de transición tarifaria que rige hasta que entre en vigencia una nueva RTI.

Pero más allá de este proceso de obras, Edesur se mantiene con el "cartel de venta" ya que sus dueños europeos definieron salir de la Argentina. De hecho, ya se desprendieron de sus centrales de energía y comenzaron ahora el proceso de encontrarle un nuevo dueño a la mayor distribuidora de electricidad del país.