Con el fin de mostrarse como impulsor de la iniciativa enmarcada en la "transición energética global" y evitar la caída de los anuncios de inversión realizados en los últimos años, la administración de Alberto Fernández se encamina a girar al Congreso un nuevo proyecto de ley para promover y desarrollar la producción de hidrógeno y fijar las reglas de juego de largo plazo para las empresas locales y extranjeras que decidan volcar sus recursos en esa industria renovable clave.

El proyecto -elaborado en la Secretaría de Energía que conduce la massista salteña, Flavía Royón- contempla entre sus puntos principales una estabilidad fiscal para los proyectos de inversión de tres décadas, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, beneficios financieros, exenciones del pago de derechos de exportación y un acceso diferencial al mercado libre de cambios.

Prometido desde fines de 2021, el proyecto de ley de promoción de inversiones para la producción de hidrógeno fue motivo de varios tironeos internos que frenaron su envío al Congreso y recién en la última semana pasó a formar parte de los temas relevantes que el Gobierno apuesta a dejar encaminados antes de las PASO.

Más allá del tardío empuje que ahora los funcionarios de Energía y del ministerio de Economía buscan darle al proyecto, las chances de que sea tratado y aprobado en el Congreso en este año electoral son muy remotas y lo más probable es que quede en la lista de las cuestiones legislativas pendientes para 2024.

Detalles del proyecto

Junto con el marco regulatorio específico y los beneficios fiscales, el proyecto que aterrizaría en los próximos días en el Senado prevé la creación de la "Agencia Nacional de Hidrógeno" y el "Consejo Federal de Hidrógeno", donde podrán participar las provincias que se adhieran a la nueva normativa nacional.  Determina, además, que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía que se encuentra bajo la órbita del ministerio de Economía.

El proyecto establece como objetivos centrales "propiciar la investigación, desarrollo, producción, transporte, y comercialización nacional e internacional del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, así como el desarrollo productivo a lo largo de su cadena de valor, fomentando las inversiones y los desarrollos científicos y tecnológicos".

El proyecto de ley de promoción de inversiones para la producción de hidrógeno fue motivo de varios tironeos internos que frenaron su envío al Congreso

El texto del proyecto contempla los tres tipos de producción de hidrógeno: el "azul" a partir del reformado de gas natural incluyendo una etapa de captura de carbono; el "verde" con fuentes renovables y el "rosa" que se obtiene mediante electrólisis del agua alimentada por energía nuclear.

En lo que respecta al "hidrógeno azul", prevé que "será la autoridad de aplicación la que defina los estándares de máximos de emisiones de gases de efecto invernadero que involucren la utilización o transformación de combustibles fósiles". 

La "letra chica" del proyecto

La "letra chica" del proyecto contiene cuatro capítulos económicos clave. El primero se refiere al "paquete de incentivos fiscales" que se extenderán por un plazo de 30 años e incluyen los siguientes beneficios: amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, acreditación y/o devolución anticipada del IVA, extensión del plazo para computar los quebrantos, deducción de la Carga Financiera del Pasivo Financiero, pago a cuenta en el impuesto a las ganancias por un importe equivalente al 10% del monto del componente nacional que fuera incorporado de forma excedente a los mínimos establecidos, exenciones por importación de bienes en los primeros 10 años y y estabilidad fiscal. 

El segundo determina que "los titulares de proyectos de producción de hidrógeno que cuenten con su declaración de Inclusión gozarán de un monto de libre aplicación de hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales y/o financieros con el exterior".

El tercer aspecto referido a las retenciones señala que "se establecerán alícuotas porcentuales máximas, medidas en términos del valor FOB por tonelada, que varían en función del tipo de hidrógeno y el momento en que se efectúan. La alícuota del 0% se aplica a las exportaciones realizadas durante los primeros 10 años de vigencia de la ley y para el tipo de hidrógeno verde o rosa, y sus vectores asociados".

En tanto, la cuarta arista económica saliente determina que "los proveedores de la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, incluyendo proveedores de equipamiento y sus piezas y partes, gozarán de la exención de aranceles respecto a la importación de bienes de capital, líneas de producción, partes y piezas nuevas destinadas a aumentar la oferta nacional y a la integración nacional de conjuntos y subconjuntos de la cadena de valor del hidrógeno".

Flavia Royón, secretaria de Energía

Proyectos en danza

La decisión del Gobierno de sacar a la cancha el proyecto de ley se aceleró en los últimos días cuando asomaron las primeras señales de que la empresa Fortescue Future Industries (FFI) había decidido frenar el mega emprendimiento que contempla invertir en una década US$ 8.400 millones para producir hidrógeno verde a escala industrial en la provincia Río Negro.

Si bien los representantes locales de FFI salieron a "ratificar su compromiso de trabajar en Argentina", en el comunicado que difundieron a los medios dejaron en claro que "este año continuarán con los trabajos y estudios en curso, pero para el avance a las siguientes etapas del proyecto es clave contar con un marco regulatorio que defina las bases del desarrollo de la industria del hidrógeno verde".

FFI es una unidad de negocios ecológicos del grupo minero Fortescue Metals Group (FMG), el cuarto productor de hierro a nivel mundial. En noviembre de 2018, el grupo desembarcó en el país con la compra de la empresa Argentina Minera y desde entonces explota 48 concesiones de cobre y oro en la provincia de San Juan.

El proyecto de FFI comprende el montaje de tres parques eólicos con una potencia total de generación de 2.000 MW y una mega inversión a desembolsar en 10 años de u$s8.400 millones. Según lo anunciado a fines de 2021, la ejecución del proyecto generaría 15.000 puestos de trabajos directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Para 2030, la producción de hidrógeno verde llegaría a 2,2 millones de toneladas anuales, que equivalen al 10% de la energía que consume Alemania en un año. Además del proyecto de FFI, existen otras dos iniciativas que esperan la aprobación del marco regulatorio y del esquema de incentivos que están en juego para el desarrollo de la industria del hidrógeno. 

Una de ellas tiene como protagonista a Y-TEC, el brazo tecnológico de YPF que lidera junto con el Conicet el denominado "Consorcio H2ar" que está conformado por más de 50 empresas locales que buscan desarrollar la viabilidad de nuevos negocios y proyectar pilotos tecnológicos que impulsen la cadena de valor del hidrógeno desde su producción hasta su utilización final.

La otra iniciativa está motorizada por la estatal Enarsa bajo el paraguas de un acuerdo firmado con el instituto alemán Fraunhoferl. Los técnicos germanos tienen pendiente la definición de tres puntos esenciales del proyecto que se localizaría en Bahía Blanca: la tecnología a utilizar, el costo de las instalaciones y los equipos electrolizadores y los potenciales clientes externos del hidrógeno.