Tras un sinfín de versiones y especulaciones, el Gobierno dio el paso y dispuso la estatización de cinco represas hidroeléctricas operativas en la cuenca del Comahue. La medida, promovida desde la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón, cobrará forma a través del rol de ENARSA en un proceso que tiene lugar a escasas semanas de que concluyan las primeras concesiones en ese nicho. La firma estatal se hará cargo de complejos de relevancia como El Chocón y Piedra del Águila.

Royón instruyó a Agustín Gerez, al frente de ENARSA, a través de una nota en la que remarcó la "necesidad de garantizar la seguridad pública y la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica que requiere el sistema, atendiendo al vencimiento inminente de las concesiones".

"Resulta pertinente disponer que, una vez extinguidos los plazos de las concesiones y revertidos los bienes al Estado Nacional, el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica de los complejos hidroeléctricos quedará asignada oportunamente y conforme los instrumentos legales que correspondan, a ENARSA", añadió la funcionaria.

Las hidroeléctricas que quedarán bajo control de la empresa estatal son El Chocón y Arroyito, concesionados a la firma italiana Enel, Piedra del Águila, controlada por Central Puerto, Alicurá, operada por AES Argentina, y Planicie Banderita, concesionada a Orazul Energy.

ENARSA, al frente de las hidroeléctricas

La Secretaría de Energía también dispuso que ENARSA se haga cargo de "la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales".

La decisión de la dependencia que lidera Royón rápidamente incrementó el malestar en la Patagonia, que a través de las gobernaciones de Neuquén y Río Negro batalla para hacerse con el control provincial de las usinas.

El Chocón es una de las centras que quedó bajo control de ENARSA.

Ante esta decisión de Energía, Omar Gutiérrez, mandatario provincial de Neuquén, anticipó que reclamará ante la Justicia un cambio que considera inconstitucional. El funcionario definió a la medida como "centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales".

Por el lado de Río Negro, la gobernación emitió un comunicado solicitando una reunión urgente con Sergio Massa, actual ministro de Economía, y la misma Royón.

"La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito emplazados en los ríos Limay y Neuquén", expresó el gobierno de ese distrito.

Para enseguida remarcar la necesidad de "optimizar los usos como el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica".

Río Negro y Neuquén: el interés por un negocio millonario

Las provincias de Río Negro y Neuquén pretenden asumir el control de estas instalaciones con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales.

Desde hace meses, Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.

Parrilli encabeza la ofensiva "cristinista" que propone la estatización de la energía.

En la vereda de enfrente, el oficialismo argumenta que en tanto las represas "las pagó Nación en su momento", corresponde que la explotación de cada complejo regrese a ese actor.

En el transcurso de los próximos dos años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento masivo de las concesiones otorgadas durante el período menemista. Hoy por hoy, se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20 por ciento del total del Mercado Eléctrico Mayorista.

Los contratos que vencen a partir de agosto suman 17 y en el oficialismo señalan que la vuelta al Estado también es consecuencia de la pronunciada falta de inversiones privadas en ese segmento.

"A lo largo de estos 30 años de concesiones, las empresas privadas no han reinvertido un solo peso para generar más energía hidráulica en Neuquén. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de rentabilidades", afirmó a principios de año Oscar Parrilli, senador neuquino por el Frente de Todos y uno de los funcionarios que más presiona a favor de la estatización.