Tras más de dos meses sin discutir o aprobar ningún tipo de proyecto de ley, la Cámara de Diputados volverá a retomar funciones y la actividad inmobiliaria tendrá gran protagonismo en este retorno. Sucede que en la jornada de este miércoles volverá a tratarse la situación de los hipotecados UVA y el oficialismo buscará avanzar, a partir del quórum propio, con un proyecto que alcanzó cierto consenso a mediados del mes pasado. A la par, la oposición volvería a la carga en su intento por lograr que la modificación de la ley de alquileres resulte incluida en el temario.

La sesión de esta jornada cobra forma a partir del pedido al menos una docena de legisladores oficialistas. Igualmente, una parte del radicalismo también acompañó el pedido. Sucede que Julio Cobos, diputado nacional por esa fuerza, está entre los impulsores del cambio de régimen para las familias que tomaron los créditos.

El PRO, la Coalición Cívica y otro sector de la UCR siguen mostrándose en contra de darle prioridad a un problema que afecta a más de 100.000 familias.

La propuesta para cambiar los créditos UVA

La iniciativa para los UVA que propone el oficialismo fija que la cuota a abonar no supere el 30 por ciento del ingreso de las familias que tomaron los créditos. A su vez, los endeudados podrán vender sus propiedades e, incluso, sus compromisos UVA.

Según se informó de forma oficial, la iniciativa "establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito".

Entre otros aspectos, el proyecto también incluye la creación de un fondo que se haría cargo de cubrir hasta tres cuotas en aquellas situaciones en que las personas endeudas sufran cese laboral.

Las familias hipotecadas destinan más del 70% de sus ingresos para cubrir las cuotas UVA.

Respecto de la propuesta de ley, desde el colectivo Hipotecados UVA comentaron a iProfesional que, tal como está, el texto sigue otorgando ventajas a los bancos "y deja a las familias hipotecadas en una extrema situación de desigualdad y desamparo, vulnerando el derecho al acceso a una vivienda digna reconocido internacionalmente y en nuestra constitución".

Desde la organización se indicó que se insiste en "cuidar el instrumento UVA como si fuera un sistema novedoso y afable y no se conocieran los perjuicios y desastrosas consecuencias que ocasionó en las familias trabajadoras".

Siempre de acuerdo al colectivo, hoy por hoy las familias destinan hasta el 70 por ciento de sus ingresos para afrontar los pagos de las cuotas, que continúan ajustando a partir de la inflación desatada.

Ley de alquileres

En simultáneo a la situación con los UVA, la oposición buscará este miércoles revivir la discusión sobre la ley de alquileres y la necesidad de reformar el marco vigente. En esa dirección, Juntos por el Cambio solicitará la incorporación al temario de los dictámenes ya alcanzados para esa normativa.

Uno de ellos, motorizado también por el oficialismo, sostiene el esquema consolidado por la ley aprobada en 2020. Esto es, mantiene el contrato a tres años y la actualización anual atada a la inflación y la variación salarial.

Pero incluye, también, ciertas flexibilidades para alquilar para los monotributistas, la exención del pago de Bienes Personales, la ampliación de las ofertas de seguro de caución y una serie de incentivos para generar el desarrollo de viviendas que luego deberán ser volcadas al mercado de los alquileres.

La ley de alquileres derrumbó a oferta y generó aumentos fuertes y constantes.

El dictamen de la oposición, en cambio, propone la reducción de los contratos extensos al período de dos años, ajustes a consensuar por períodos de 3 a 6 meses o de un año, y porcentajes de subas a convenir entre propietarios e inquilinos.

Más allá de esta posibilidad en Diputados, lo cierto es que en las inmobiliarias predomina el desaliento respecto de la posibilidad de que el marco resulte modificado este año.

"Últimamente no ha habido reuniones entre los bloques políticos por este tema. El oficialismo no está interesado y los diputados provinciales ni siquiera responden los llamados", señalan, dando cuenta de una falta de voluntad política que resulta inseparable del proceso electoral que se definirá en diciembre.