Si bien son conscientes de que podría tratarse de otra promesa electoral que solo busca llamar la atención y sacudir el tablero político y económico, las empresas de colectivos de la región metropolitana del AMBA le tomaron la palabra al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa y salieron a avalar sin rodeos su reciente propuesta orientada cambiar el destino de los subsidios tarifarios para que vayan directamente a los bolsillos de los usuarios.

Tras tomar nota de la iniciativa enunciada por Massa y replicada por las autoridades del ministerio de Transporte, las cinco entidades que agrupan a las líneas urbanas de colectivos manifestaron su apoyo a la reconfiguración del actual esquema de subsidios tarifarios que está basado en la "oferta" y no en las necesidades de la "demanda" de los pasajeros.

En línea con el consenso generalizado que parecería ir tomando forma entre las principales fuerzas políticas que compiten en las elecciones, los dueños de los colectivos del AMBA se mostraron a favor de que el Estado deje de compensar las cuentas de las empresas y pase a girar los montos de los subsidios en juego en forma directa a cada usuario.

De esa modo, las empresarios volverían a recaudar de los pasajeros la tarifa plena de cada viaje como lo hicieron hasta la crisis de fines de 2001 y cortarían la dependencia actual que tienen con los funcionarios del Gobierno que administran los desembolsos de las multimillonarias partidas de subsidios que vienen sosteniendo de manera precaria el funcionamiento de los colectivos.

"Consideramos que la iniciativa permitiría transparentar el sistema y hacerlo más eficiente al subsidiar únicamente a quienes lo necesiten y además pondría en evidencia las verdaderas razones de la crisis por la que atraviesa la actividad, que no es otra que la insuficiencia de ingresos de más de 30% para solventar la totalidad de los costos operativos del sistema", destacó el documento conjunto firmado por los directivos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajero de Buenos Aires (Ceutupba).

Disminuir el costo del transporte para los usuarios

Las entidades recordaron que "desde un comienzo en año 2002, el objetivo de los subsidios fue disminuir el costo de transporte para los usuarios. Fueron creados con la denominación 'compensación tarifaria' porque tenían como objetivo compensar a las empresas por la reducción de recaudación derivada de la imposibilidad de trasladar a los pasajeros la totalidad del costo de los servicios a partir de la crisis de 2001".

Las empresarios volverían a recaudar de los pasajeros la tarifa plena de cada viaje

Tras señalar que "no se oponen, ni se opusieron nunca a que el subsidio se asignara en forma directa a los usuarios", las empresas transportistas reclamaron que "las autoridades responsables del sector aborden el tema a la brevedad posible como única forma de garantizar la continuidad del sistema que enfrenta un severo proceso de descapitalización que pone en riesgo la normal prestación de los servicios".

Según la resolución 424/23 de la cartera de Transporte -que calculó los gastos y costos operativos de todas las líneas que prestan servicios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires-, el valor actual del boleto sin subsidios que deberían pagar los usuarios del AMBA llega a $287,52.

De ese boleto promedio de $287,52, los usuarios abonan, en promedio, solo $42,06, equivalente al 14,6% del precio real de cada viaje.

El 85,4% restante -que representa $ 245,46- es lo que está girando, en promedio, el Estado en concepto de subsidio a las empresas. En el caso de que se implemente el cambio prometido por Massa, ese monto de $245,46 por viaje es el que tendría que transferir el Gobierno a las tarjetas SUBE de cada usuario.

Las cuentas oficiales indican que el Gobierno tiene previsto transferir en setiembre una suma total de $62.862 millones en subsidios a las líneas del AMBA. Eso implica un giro constante para poder mantener los servicios de casi $2.100 millones cada 24 horas que con el nuevo esquema en danza tendrían que ir a parar a manos de los usuarios.

Cómo se compone el mapa metropolitano de los bondis

De acuerdo con un trabajo realizado el año pasado por el Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en la región del AMBA existen 156 empresas de colectivos, entre pequeñas empresas que brindan unos pocos servicios y grandes grupos que cuentan con cientos o incluso miles de unidades.

El Gobierno transferiría parte del boleto de colectivo a las tarjetas SUBE de cada usuario.

El parque total de colectivos asciende aproximadamente a 18.300 unidades, el plantel laboral abarca algo más de 55.000 personas empleadas y la prestación de los servicios implica por mes un consumo de 45 millones de litros de gasoil.

Al analizar los parámetros más significativos que intervienen en los gastos operativos del sector, el informe destacó que los salarios, el combustible y la compra y mantenimiento de los vehículos representan más del 80% de los costos totales. El 20% restante corresponde al beneficio empresario, los seguros y otros conceptos diversos, como el pago de impuestos, tasas y egresos administrativos.

El trabajo realizado por Emilio Álzaga, Antonio Cortés, Jorge Sánchez y Alejandro Sicra puso sobre el tapete que la cantidad de líneas en servicio asciende a 383, de las cuales 137 pertenecen a la jurisdicción nacional; 128 a la órbita provincial y 118 a las administraciones municipales. Del paquete total, 40 son operadas por empresas "monolíneas"; 110 están en manos de compañías que manejan más de una y las restantes 233 pertenecen a los grandes grupos empresarios.