En una de sus últimas acciones antes del traspaso de mando al nuevo Gobierno de Javier Milei, la intervención del ENRE encabezada por el massista Walter Martello procedió a rechazar la apelación planteada por Edesur y dio por concluida la "auditoría técnica integral" sobre la gestión operativa de la distribuidora que había sido anticipada a mediados de año y en la cual recomienda a las autoridades energéticas el quite de la concesión por los "reiterados y graves incumplimientos contractuales".  

Por medio de la resolución 857/23, la conducción del ente regulador eléctrico ratificó las lapidarias y terminantes conclusiones de la auditoría integral sobre Edesur que había dispuesto tras los masivos y prolongados cortes de servicios que se registraron durante el último verano. El informe final de los técnicos del ente que evaluaron la capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico que presta la distribuidora manejada por el grupo italiano ENEL puso sobre el tapete tres cuestiones significativas.

La primera es que Edesur arrastra un "recurrente incumplimiento" de los planes de inversiones y del contrato de concesión que comprometen seriamente la normal prestación del servicio. En segundo lugar, la posición extrema del organismo regulador de desplazar al operador privado de Edesur deja muy expuesta la gestión de la titular de Energía, Flavia Royón, que no solo ha mantenido en pie a cuestionada distribuidora, sino que además le aprobó una beneficiosa reprogramación de la deuda cercana a $150.000 millones que había acumulado con la Cammesa por la falta de pago de las facturas de la energía recibida de los generadores.

La tercera arista relevante se focaliza en el hecho de que, prácticamente, los clientes de Edesur no podrán esquivar los cortes de servicio en el verano debido a la baja cantidad de cuadrillas disponibles para reparar las fallas y el mal estado que tienen las redes e instalaciones de Edesur por la falta de obras e inversiones.

El ENRE vuelve a recomendar el quite de la concesión a Edesur

Tras desestimar por "inadmisible" el "recurso de reconsideración" que interpuso la empresa para contrarrestar las conclusiones de la auditoría, el ENRE resolvió dar por finalizadas las tareas de control y fiscalización iniciadas en febrero y convalidar el informe final de 200 páginas que se había presentado en julio pasado.

¿Qué falencias detectó la auditoría en Edesur?

El informe de la auditoría identificó tres falencias clave en la operación de Edesur: la falta de instalaciones capaces de satisfacer el crecimiento vertical y horizontal de la demanda; un cortoplacismo en la toma de decisiones que impide la optimización del suministro y una calidad precaria del servicio con cortes cuya duración llega a superar las 24 horas seguidas y un sistema de atención al usuario deficitario que obliga a a los usuarios a tener que reiterar, varias veces, los reclamos. 

Entre otros aspectos técnicos que afectan la prestación del servicio, el relevamiento del ENRE consignó que "se verifica una tendencia permanente de posponer inversiones y subejecutar los planes de obras, en especial en Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT); a tal punto que para 2023 la propia empresa reconoce que los montos de las inversiones a ejecutar son el 50% de las necesarias para prestar el servicio en condiciones normales". Agregó, además, que "durante el verano 2022-23, la empresa dispuso entre personal propio y contratado, de un 60% menos de cuadrillas para las tareas de reparaciones y mantenimiento que en años anteriores".

Para los técnicos del ENRE, Edesur "no tiene la capacidad disponible en las instalaciones que permitan afrontar la prestación del servicio en condiciones normales. Tampoco dispone temporalmente de tiempo para revertir la situación. Aún con inversiones cuantiosas, la vastedad de las instalaciones que requieren intervención y el plazo de ejecución de las mismas, dejan inerme a las personas usuarias frente a la fragilidad del sistema que ha perdido confiabilidad y seguridad". 

En lo que respecta a la situación económica, los auditores alertaron que la empresa "posee un endeudamiento descontrolado, una proyección del flujo de caja insuficiente y la necesidad de un shock de inversiones estructurales en la red para poder detener la curva de empobrecimiento prestacional".

¿Por qué seguirán los cortes de Edesur?

Entre los desvíos y omisiones que condicionan la prestación del servicio, el informe remarcó la existencia de: 

• Una alta ocupación de instalaciones en AT/AT, AT/MT y MT/MT y sus respectivos vínculos que denotan fragilidad sistémica para atender los picos de demanda en determinadas zonas de la concesión de modo reiterado.
• Una obsolescencia de instalaciones críticas que otorga fragilidad a las prestaciones y encarece la operación y el mantenimiento tanto correctivo, como preventivo.
• La falta de capacidad para la atención de reclamos de usuarios y escasez de cuadrillas para atender reclamos en BT y en MT. 
• Interrupciones prolongadas o reiteradas muy superiores a los parámetros admitidos por el contrato de concesión.  

El ENRE advierte que seguirán los cortes de luz en el verano

En el parte final del informe, los técnicos del ENRE advirtieron que "del análisis de la capacidad y estado de instalaciones, la operatividad demostrada ante eventos puntuales y la gestión técnica surge que la empresa no cuenta con los recursos necesarios para atender la normal prestación del suministro".

Ante ese escenario, la conclusión de la auditoría es que "no existe margen para continuar con el devenir de la concesión de Edesur, toda vez que las necesidades de inversión de corto plazo y el atraso en la ejecución marca que la concesionaria no está arbitrando los medios para prestar el servicio en condiciones normales".

Más allá del antecedente negativo que le ha generado la resolución que refrendó la auditoría técnica, Edesur tiene ahora tres vías alternativas para apelar: un recurso de reconsideración dentro de los 10 días hábiles administrativos; un recurso de alzada  dentro de los 15 días hábiles y una presentación directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los 30 días hábiles judiciales.