A fines del año pasado, las empresas pymes argentinas productoras de biodiésel del país salieron a acusar a las grandes corporaciones internacionales de la "grave situación que atraviesa el sector, que se encuentra virtualmente paralizado desde hace meses por faltante de materia prima para la producción de biocombustibles.

La denuncia no era nueva, si se tiene en cuenta que en septiembre pasado la mayor parte de las productoras de este sector paralizó la producción responsabilizando a las aceiteras multinacionales de no poder cumplir con su tarea de desarrollar biodiesel que se utiliza para la mezcla obligatoria con diesel de origen fósil.

En ese momento, la Cámara de Empresas PyME Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), publicó una solicitada en la cual advertía que el sector se encontraba sin poder operar "porque las empresas aceiteras bloquean la entrega de aceite de soja o pretenden cobrar un precio exorbitante por fuera de los valores de mercado en dólares".

De acuerdo a la postura de las pymes, esta parálisis, que lleva tres meses, pone en riesgo 2000 puestos de trabajo de manera directa y 8000 de manera indirecta que se generan en torno a la industria del biodiesel.

Recordaban además que el aceite de soja es el principal insumo y representa el 85% del costo de fabricación de biodiesel, "por lo que las aceiteras, con su actitud temeraria, impiden producir biodiesel en un momento delicado de nuestro país, dado que hace pocos días vimos un faltante de combustible a lo largo y ancho de la Argentina en momentos en los que el campo debe poner en marcha la nueva campaña".

Nueva disputa

A este conflicto, ahora se le suma una nueva denuncia de la misma cámara empresarial, en este caso por el impacto que en el sector tendrán varios artículos de la ley ómnibus que el Gobierno enviará al Congreso y que toma como base en DNU del presidente Javier Milei.

Productoras de biodiesel en base a soja cuestionan fuerte el DNU de Javier Milei y advierten que muchas pueden quebrar

"Manda a la quiebra a las empresas pymes productoras de biodiesel destinado al corte obligatorio para ser mezclado con diesel de origen fósil", asegura de manera tajante el documento que rechaza la Sección IV del Proyecto de Ley denominado "Bases y Puntos", comúnmente conocido como "Ley Ómnibus".

Según los empresarios, las modificaciones que allí se plantean implican directamente la desaparición de las pymes productoras ya que el texto propuesto "cambia completamente" el espíritu de la Ley 27.640 "y deja a las pymes expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior, ambas cosas prohibidas en la ley vigente para las pymes".

La Propuesta del Presidente Javier Milei deroga los artículos 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640 y modifica el artículo 13 para liberar el precio de comercialización al acuerdo de las partes.

De acuerdo a los empresarios del sector, estos cambios "rompen con el equilibrio sobre el que se trabajó hasta acá, en el cual las pymes tienen reservado el mercado interno, con cupos y precios regulados por el Estado y las compañías integradas o grandes tienen para sí el negocio de la exportación".

Derechos adquiridos

El reclamo es encabezado por 27 pymes que producen para el mercado local; emplean de manera directa alrededor de 2000 trabajadores y generan otros 8000 puestos de trabajo de manera indirecta.

Del total de empresas involucradas en la queja, 24 operan en el interior del país, muchas de ellas en ciudades y pueblos pequeños de Entre Ríos, Santa Fé, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, "promoviendo de este modo el desarrollo federal y la industrialización de la ruralidad en origen" de acuerdo al informe en el cual se destaca además que se trata de una industria que tiene registrados al 100% de su personal, que paga salarios 3,5 veces por encima del salario mínimo, capacita a sus trabajadores y promueve el arraigo de profesionales jóvenes en sus propias comunidades.

Acusan a Mieli de derogar "derechos adquiridos" y abrir la puerta a la importación desde países que imponen aranceles

Todo este entramado productivo se asentó sobre la Ley 26.093 sancionada en el 2006 y la Ley 27.640 del 2021 que tiene vigencia hasta el 2030, por lo que las productoras sostienen la existencia de derechos adquiridos ya que los empresarios del sector realizaron las inversiones con un marco jurídico que les otorgaba cierta previsibilidad que, según denuncian, ahora se quiere romper.

"Al liberar el precio, los grandes grupos económicos no solo se ven beneficiados por tener plantas de gran volumen de producción lo que les otorga mayor productividad, sino que al ser los fabricantes de la materia prima pueden negar la venta de esta a las pymes, fijar precios fuera de mercado para sacarlas de la competencia u ofertar su biodiesel a precios de dumping para concentrar todo el negocio", destaca el documento de la cámara empresarial.

Advierte además que en el artículo 8 que establece los porcentajes de corte, se eliminan los porcentajes actuales de 7,5% para biodiesel y de 12% para bioetanol, "dejando en manos de la autoridad de aplicación fijar el corte a su antojo y modificarlo con una simple resolución".

Pero además de sostener que sus empresas quebrarán y que se manipulan los porcentajes de corte obligatorio de manera impredecible, agregan que la propuesta de Ley abre la posibilidad de importar el biocombustible para el corte local.

"De este modo, la Argentina estaría abriendo la puerta a países que tienen vedado con medidas paraarancelarias el ingreso del biocombustible argentino", recuerdan.

En ese sentido, el sector reclama a los diputados y senadores que rechacen la sección IV del DNU del presidente Milei, a quien le solicitan que convoque a las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles "para trabajar en conjunto por los intereses del país".

"Estamos dispuestos a acercar propuestas y trabajar con el gobierno nacional para mejorar todos los aspectos que sean necesarios y de este modo seguir produciendo energía, agregar valor, generar empleo y desarrollar al país", termina el informe que lleva la firma de Federico Martelli, director Ejecutivo de CEPREB.