Los intentos del Gobierno nacional por imponer un nuevo régimen que acentúa el peso de la Casa Rosada en las decisiones en torno al petróleo chocaron de frente con la resistencia entablada por diez mandatarios provinciales. Nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), los gobernadores oficializaron su rechazo a los artículos ligados al petróleo que integran el proyecto de "Ley ómnibus" y exigieron se respete la potestad de los distritos sobre las reservas bajo el subsuelo. Los funcionarios rechazaron de plano la quita de facultades para otorgar prórrogas a las concesiones vigentes y la decisión del oficialismo nacional de intervenir en la asignación de áreas y contratos, un aspecto que hoy también está entre las competencias provinciales.

A través de un documento firmado por los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la OFEPHI se pronunció en "defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".

Un rechazo generalizado

Los territorios petroleros expresaron su rechazo a "todos aquellos artículos que impliquen o pueden interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de las provincias hidrocarburíferas así como también del dominio originario de nuestros recursos naturales, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la Ley 26.197".

En el texto, los mandatarios provinciales remarcaron su "rechazo a la eliminación de la facultad que tienen las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de concesiones actualmente vigentes".

Si bien los funcionarios no opinaron en el documento respecto de la intención del Gobierno de privatizar YPF, lo cierto es que fuentes del sector aseguraron a iProfesional que sobre todo en la Patagonia la opinión que predomina es contraria a la venta de la empresa estatal.

"Manifestamos nuestro total desacuerdo con la derogación propuesta del artículo 32° de la Ley 17.319 toda vez que el mismo constituye una herramienta fundamental de las Autoridades de Aplicación de las Provincias para el control, evaluación y aprobación de las inversiones que realizan año a año cada uno de los concesionarios en los proyectos que llevan adelante en nuestras Provincias", se indicó en otro tramo del documento.

Las provincias buscan sostener el control de las decisiones en torno al petróleo.

"Entendemos que esta modificación podría generar un gran perjuicio en materia de inversiones, actividad, empleo y producción para las provincias", añadieron los gobernadores.

Una potestad que los gobernadores no quieren resignar

Las provincias petroleras reclamaron, también, se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a instalaciones de procesamiento y transporte para fomentar la operatividad de nuevos productores.

"Creemos necesario mantener sin cambios la redacción del actual artículo 59° de la Ley 17.319 referida a la determinación y pago de la regalía por parte de los concesionarios ya que dicha redacción no ha generado inconvenientes en la operatoria mensual entre Autoridades de Aplicación y concesionarios y su modificación tal como está propuesta podría generar interpretaciones que perjudiquen a las provincias", demandaron los distritos petroleros.

Para luego añadir: "Solicitamos corregir la redacción del artículo 207º del Proyecto de Ley en el cual se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar, a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, las alícuotas de los derechos de exportación de todas aquellas mercaderías comprendidas en los artículos 203 y 204".

En concreto, y ante la ola desreguladora que impulsa Milei, los mandatarios salieron a marcar la cancha dejando en claro que, por más que se saluda la apertura económica, la potestad sobre los hidrocarburos no es algo que los estados provinciales estén dispuestos a resignar. Y que, por más promesas de inversión que pueden generarse en el exterior, la "soberanía" sobre el control del petróleo es una postura proteccionista que los gobernadores pretenden no cambiar.