La decisión del Gobierno de Santa Fe de anticipar una intervención para frenar cualquier tipo de bloqueo, combinado con la visita a la planta de Sunchales de diputados que integran el denominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), volvió a recalentar el escenario de conflicto que transita SanCor. El área de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial informó que se opondrá a cualquier tipo de "extorsión o amenaza", en referencia al esquema de paros establecido por el gremio ATILRA en reclamo por la falta de pago a término de los salarios y la necesidad de ajustes de sueldos para compensar la fuerte inflación. Al mismo tiempo, legisladores nacionales que integran el MEAB se reunieron con la cúpula de la láctea para ahondar en las particularidades de la pelea que mantiene la directiva de SanCor con el sindicato.

Si bien el oficialismo activó esfuerzos por destrabar un conflicto que ya suma casi tres meses de iniciado, lo cierto es que a fines de enero el sindicato puso en marcha una medida de "retención del débito laboral por falta de pagos de haberes".

Desde ese momento, y a modo de compensación, ATILRA se comprometió a aportar una ayuda económica a aquellos empleados de la lechera que opten por plegarse a la medida de fuerza. Si bien el sindicato optó por evitar cualquier tipo de bloqueo total a las plantas de la empresa, fuentes del sector señalaron a principios de mes que debieron descartarse hasta 3.000 litros de leche chocolatada por "frenos en la cadena de producción y la imposibilidad de cumplir con todos los procesos para la elaboración del producto".

Ante esta situación, el Gobierno santafesino advirtió que no tolerará "bloqueos, extorsiones o amenazas para impedir el trabajo y la producción". Este cambio de posición fue expuesto por Roald Báscolo, actual titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ese distrito.

"Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario (por acuerdos previos de abonar un porcentaje menor al de convenio). Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo. No vamos a permitir bloqueos, extorsiones o amenazas para impedir el trabajo y la producción", declaró.

La posición del Gobierno de Santa Fe

"El gobernador dijo que su línea de trabajo tenía tres ejes que son la seguridad, producción, trabajo y educación, o sea, todo lo que impida trabajar o producir en la provincia, él estará en contra. Por eso, nosotros estamos a favor de que el que quiera trabajar lo pueda hacer y el que esté en huelga también está en su derecho", añadió el funcionario.

La empresa viene de descartar miles de litros de leche que no pudo procesar por el conflicto interno.

Báscolo sostuvo que, además de las instalaciones en Sunchales, en conflicto en SanCor mantiene en vilo el funcionamiento de las plantas de la empresa en el resto de Santa Fe, Córdoba y el centro de distribución que la láctea posee en Buenos Aires.

En cuanto a los integrantes del MEAB, la y los legisladores Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz –todos del PRO–, recorrieron la planta de, justamente, Sunchales a fines de la semana pasada y, tras dialogar con la directiva de SanCor, remarcaron que "nada justifica un bloqueo, eso está prohibido".

"Acá no pueden venir treinta muchachos a parar un camión y no permitir que se descargue la leche, no es legal, lo dice la Constitución Nacional. El derecho a huelga consiste simplemente en la posibilidad de dejar de trabajar. Ahora, amenazar a quienes quieran hacerlo es un delito, la turbación de la posesión es un delito, las amenazas, los golpes son delitos", sostuvo Razzini, ante rumores que señalan presuntas presiones de ATILRA a algunos empleados de la lechera.

"Razzini, Bongiovanni y Chumpitaz manifestaron su apoyo irrestricto a las autoridades de la Cooperativa, entendiendo -según sus propias manifestaciones-, que el accionar sindical es delictivo y que no pueden tolerarse ni impedimentos a la libre empresa ni a la libertad de trabajar de parte de quienes lo deseen", indicó SanCor a través de un comunicado.

La respuesta del gremio

Por su parte, ATILRA emitió un parte de prensa mencionando a los legisladores como "vulgares agitadores -que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador-, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza".

"Estos personajes consideran a los trabajadores ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo", sostuvo el gremio.

El conflicto entre SanCor y Atilra suma más de tres meses de abierto.

Para enseguida agregar: "Dijeron además que pertenecían al movimiento empresarial anti bloqueo, cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Cámara Civil Sala I, declarándose su objeto contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga".

El sindicato expuso que "algunos trabajadores se encuentran reteniendo la prestación de manera pacífica en todas las plantas excepto en la sede de Casa Central donde se habrían registrado discusiones entre compañeros que querían trabajar y los que no quieren hacerlo". ATILRA finalizó exponiendo que en recientes declaraciones Alberto Sánchez, presidente de SanCor, "reconoció que la empresa arrastra una histórica deuda salarial con los trabajadores y con la entidad sindical".