El conflicto que atraviesa a la láctea SanCor está alcanzando niveles inéditos de fricción y el futuro de la empresa es una auténtica incógnita. Tras lo anticipado por el Gobierno de Santa Fe respecto de que intervendría para evitar cualquier bloqueo a la firma, y una reciente visita a la planta de Sunchales de diputados que integran el denominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), la Provincia decidió desplegar fuerza de seguridad en esas instalaciones por tiempo indeterminado. La medida responde a la decisión de la cartera de Trabajo santafesina de anular la posibilidad de que el gremio ATILRA bloquee la entrada y salida de camiones e impida el ingreso de aquellos trabajadores que no adhieren a la medida de fuerza dispuesta por la organización.

Respecto de esta decisión, Roald Báscolo, ministro de Trabajo de Santa Fe, declaró: "Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario (...) pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo".

Despliegue de policías en SanCor

"Lo que se acordó con la empresa es un operativo policial cuando entran y salen los camiones que llevan y traen la leche para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Además de eso, los empleados que quieren trabajar. Sencillamente, es eso. Garantizamos entrada y salida de los vehículos y que el personal pueda ir a trabajar", se indicó desde esa cartera.

Por su parte, Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública provincial, afirmó que "con la policía se busca asegurar portón el ingreso de las personas que trabajan en la planta".

"La evolución se está analizando siempre en contacto con el Ministerio de Trabajo provincial y con la Justicia. La actuación policial es clara y se dará en caso de que esté por cometerse un delito en flagrancia. Por otra parte, si llega a haber una disposición judicial se adoptarán las medidas pertinentes con el envío del personal que corresponda para realizar lo que la Justicia disponga", advirtió.

Por el lado de ATILRA, el sindicato divulgó una carta denunciando que el ministro Báscolo incurrió en "un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público" y que intentó "sofocar nuestro reclamo laboral". Remarcó, además, que la presencia policial significa "una escalada de intimidación".

La policía, desplegada en la planta de SanCor en Sunchales.

Delegados del gremio enfatizaron que el propio ministro de Trabajo reconoció el atraso en el pago de salarios y que, entre sus funciones legales, se encuentra la de "fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente" y "aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo".

La medida de fuerza de ATILRA

ATILRA mantiene activo un esquema de paros en reclamo por la falta de pago a término de los salarios y la necesidad de ajustes de sueldos para compensar la fuerte inflación. En concreto, a fines de enero el sindicato puso en marcha una medida de "retención del débito laboral por falta de pagos de haberes".

Desde ese momento, y a modo de compensación, ATILRA se comprometió a aportar una ayuda económica a aquellos empleados de la lechera que opten por plegarse a la medida de fuerza.

Si bien el sindicato optó por evitar cualquier tipo de bloqueo total a las plantas de la empresa, fuentes del sector señalaron a principios de mes que debieron descartarse hasta 3.000 litros de leche chocolatada por "frenos en la cadena de producción y la imposibilidad de cumplir con todos los procesos para la elaboración del producto".

Ante esta situación, hace una semana el Gobierno santafesino advirtió que no toleraría "bloqueos, extorsiones o amenazas para impedir el trabajo y la producción". El despliegue de policías da cuenta de una decisión política que ocurre en sintonía con la cúpula de SanCor y en detrimento de las exigencias que mantiene la organización gremial. El final de este escenario de conflicto se observa tan lejano como imprevisible.