En lo que representa una continuidad de la estrategia oficial en el juicio que se le sigue a la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF en 2012, el Gobierno presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en búsqueda de revocar el fallo que establece el pago de u$s16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park. Los representantes legales del oficialismo remarcaron que se inflaron "enormemente" los daños de los demandantes. En el escrito presentando por los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, a cargo de la defensa de la Argentina, también se solicitó que el juicio pase a competencia de la ley y las autoridades judiciales dentro del país.

Según trascendió, el escrito de apelación fue presentado el jueves por los abogados que representan al país, pero sus detalles se dieron a conocer este viernes.

La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado Argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

YPF: detalles de la apelación

En el documento elevado ante la Justicia de Estados Unidos, la defensa pidió a la instancia de apelación que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual "aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes".

"El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos", expusieron los abogados de Sullivan & Cromwell, que continúan representando a la Argentina.

En paralelo a este argumento, el Estado Argentino insistió en que la demanda "nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York" y que, por el contrario, debió haberse realizado directamente en el país.

La defensa argentina exige un proceso judicial dentro del país.

"El demandado es la República Argentina, los eventos en cuestión ocurrieron exclusivamente dentro de Argentina, y todos están de acuerdo en que las demandas deben ser analizadas únicamente a través del prisma de la ley argentina", se indicó en el documento.

Los demandantes (Burford Capital y Eton Park) iniciaron la demanda por la forma en que el Estado nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.

La defensa y sus reclamos a la Justicia estadounidense

Respecto a este punto, al ser un caso que debería juzgarse en el país, los abogados señalaron que "el sistema legal civil de Argentina no reconoce una demanda por incumplimiento de contrato y daños por parte de un accionista contra otro por violación de los estatutos corporativos".

Añadieron que el Código Civil "limita estrictamente la concesión de indemnizaciones pecuniarias (en dinero)". Junto con este aspecto, en la apelación el Estado argentino se pregunta qué hubiera ocurrido en un caso a la inversa, contra Estados Unidos.

"Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de US$2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente shockeados", enfatizaron los abogados.

A la par de poner énfasis en el reclamo por la jurisdicción y los "errores sobre el fondo" del fallo de Preska, los especialistas de Sullivan & Cromwell consideraron que los tribunales estadounidenses inflaron "enormemente los daños de los demandantes".

El Gobierno de Milei mantuvo la posición judicial de las gestiones anteriores.

"El tribunal debería haber convertido los daños de pesos argentinos a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del fallo, el 15 de septiembre de 2023", se señala en el mismo texto.