La presión fiscal en la Argentina libertaria: qué espera el mundo empresarial durante la era Milei
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La presión fiscal seguirá siendo una de las principales trabas para que las inversiones aumenten o desembarquen nuevos negocios en la Argentina "libertaria". Con la Ley ómnibus trabada en el Congreso y el escenario económico recesivo afectando el consumo y los proyectos de negocios de las empresas locales en auge, durante este año el costo fiscal continuará presionando las decisiones de los ejecutivos locales.
Es más, en el seno del Gobierno tienen claro que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Argentina se encuentra en el puesto 38 de 125 países con mayor costo fiscal.
Además, el país está segundo en la región, si no se contabiliza a la isla de Barbados, sin que este peso impositivo se convierta en beneficio para los ciudadanos ya que la contraprestación de los servicios públicos es endeble, y en varios casos, como seguridad, salud y educación, se opta por las prestaciones privadas.
En este contexto, el mundo empresario local no espera que durante la presidencia de Javier Milei "algo cambie" y sientan un alivio en el peso tributario que deben asumir para hacer negocios.
Por lo menos así surge de una encuesta elaborada por KPMG en la cual se anticipa una presión fiscal para este año mucho más elevada que la del 2023.
En este sentido, de los resultados del trabajo de la consultora surge que el 89,09 % de los consultados afirmó que será igual o mayor (mayor el 63,64% e igual el 25,45%), mientras que sólo un 10,91% cree que será menor.
Se trata de una mirada que, en cuanto al agravamiento de la presión fiscal en la economía, se viene manteniendo muy alta en los últimos cinco años, marcando una constante mirada pesimista de los hombres de negocios en relación a incentivar inversiones con semejante costo fiscal.
En este caso, el 65,45% de los encuestados por KPMG respondió que mantendrá la inversión en el país; el 29.10% que la disminuirá y solo el 5,45% que la aumentará.
Sin incentivo fiscal
"Aun con un cambio de administración gubernamental no se advierte en las respuestas modificaciones respecto a las opiniones que esta misma pregunta receptaba el año pasado", argumenta el informe de KPMG.
De hecho, el 96,36 % de los encuestados advierte poco o ningún incentivo fiscal de parte de las provincias para atraer inversiones productivas a sus territorios.
En este sentido, los empresarios consultados se definieron por un orden de prioridad de posibles iniciativas fiscales gubernamentales para facilitar decisiones de inversión en Argentina.
Lo más votado fue replantear la figura del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que para KPMG no parece un gravamen elegido por casualidad ya que siempre aparece como el más determinante en la conformación de precios de bienes y servicios, y el que genera mayor preocupación por la acumulación de saldos a favor crónicos.
Se trata de un tema de especial actualidad por cuanto en la agenda de la convocatoria del presidente Javier Milei a un nuevo contrato social conocida como "Pacto de Mayo" se incluye como punto 4 a una Reforma Tributaria y en el punto 5 un nuevo Régimen de Coparticipación.
En segundo término, los encuestados consideraron a la iniciativa de disminuir el impacto del Impuesto a los Débitos Créditos en cuenta bancaria permitiendo que sea pagado a cuenta de otros gravámenes de manera total.
En tercer lugar, las respuestas expresaron la necesidad de contar con un marco de previsibilidad fiscal por 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales.
Reforma fiscal oficial
Respecto al capítulo fiscal que el Gobierno incluyó en su Ley ómnibus y que finalmente retirara de su tratamiento legislativo, los encuestados sostuvieron mayoritariamente (36,6%) que el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social era la iniciativa que les resultaba de mayor interés.
En segundo término, las opiniones fueron para las modificaciones en Impuesto País y otros gravámenes (27,27%), y en tercer lugar señalaron a la Desgravación de retenciones Impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes (23,64%).
Para ampliar la consulta de la encuesta que cada año se hace a empresas, KPMG hizo también un relevamiento en redes sociales acerca de si los hombres de negocios estaban de acuerdo con que las facturas o tickets que recibían los consumidores finales discriminaran la porción de impuestos nacionales, provinciales o municipales que incidieran en el precio final que se paga por bienes y servicios.
Era más que obvio que el 90% de casi 600 respuestas manifestó estar de acuerdo con esa iniciativa que, por lo menos por ahora, no existe en ninguna jurisdicción, según los expertos impositivos de empresas de todo el país que fueron consultados por KPMG.
Impuesto sobre Ingresos Brutos, el mayor problema
La mayoría ve al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el centro del problema en cuanto a ser el que más incide en los precios de bienes y servicios; el que genera masivamente problemáticas por saldos a favor inmovilizados de empresas y sobre el que necesariamente debiera hacerse foco en una reforma tributaria integral y profunda que incentive la inversión.
En este sentido, en la encuesta en paralelo en redes sociales, el 90% de las respuestas afirmó estar de acuerdo con que en las facturas o tickets se informe cuánto se paga de impuestos.
Para esta encuesta anual de impuestos titulada "Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas" fueron consultados 58 CFO´s y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país correspondientes a los sectores financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufacturero y comercial, entre los más importantes.
Las opiniones hacen foco en la percepción fiscal de 2023 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad económica que proyectan los especialistas para el 2024.
La encuesta se realizó entre el 22 de febrero y el 6 de marzo en un marco donde las problemáticas fiscales, el rol y tamaño del Estado, y el replanteo de la dimensión del gasto público tienen un gran protagonismo en el debate político y económico argentino.
Según Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta, "los resultados representan un aporte para el análisis de cuál será la carga fiscal que permita sustentar estos nuevos lineamientos desde la mirada mayoritaria de la ciudadanía".
El experto espera que el debate impositivo tenga cada vez más espacio y pluralidad por lo que la divulgación de la visión de quienes invierten contribuirá al objetivo de tener un sistema tributario sustentable y que promueva el crecimiento económico.
Las conclusiones de la muestra de este año ofrecen una visión autorizada al tratarse de referentes de compañías de primera línea cuyas decisiones de inversión suelen resultar significativas en el crecimiento, empleo y formalización económica.
También profundiza la percepción que tienen las empresas en cuanto al desempeño de las autoridades fiscales y la justicia en el ámbito tributario, al punto que el relevamiento posee tres capítulos temáticos:
1) Presión fiscal receptada. Incidencia en precios y planes de inversión de las empresas.
2) Rol de organismos administrativos y judiciales.
3) Perspectivas para 2024.
Los más votados
En este contexto, para el 53,45% de los consultados, Ingresos Brutos continúa siendo el impuesto que más impacto tuvo en los precios de los productos y servicios en 2023, con un aumento con relación a 2022 que fue de 51,79%.
Luego sigue "Otros" con 15,52% (discriminados por un 78% que señaló al Impuesto País, 11% el Derechos de Exportación, 11% a las Tasas Municipales). Continúa Impuesto a los Débitos y Créditos con 12,07 %; Impuesto a las Ganancias, con 10,34% y el Impuesto al Valor Agregado con 8,62%.
En opinión de los encuestados el impuesto sobre los Ingresos Brutos crece y se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas.
Por eso, el 43,10% opinó que el marco fiscal argentino los obligó a desinvertir; para otro 53,45% le fue neutro y solo el 4,45% dijo que le permitió expandirse.
En la mayoría de los encuestados (96,55%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió "mantener" las inversiones ya efectuadas.
Sólo un 3,45% manifestó haber desarrollado en el 2023 algún plan de expansión en términos de inversión.
Resultados y normas 2024
Dejando de lado el efecto de la inflación, más de un tercio de los consultados prevé tener un resultado sujeto a impuesto por el 2023, a presentar y pagar en mayo próximo para los cierres diciembre, mayor que el del 2022. Un 26% prevé determinar un resultado impositivo menor que el del año pasado y un 5% estima presentar una utilidad impositiva igual que la de ese mismo año. Finalmente, un 33% (el año pasado fue el 25%) de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2023 a pesar que de ese porcentaje un 42% venía de tener utilidades en 2022.
En cuanto a las normas tributarias, el 87,93% de las respuestas coincidió en que no son publicadas con un suficiente nivel de estudio y consenso previo entre organismos públicos y las cámaras empresariales a nivel nacional para su implementación adecuada.
Con relación al ámbito provincial hubo coincidencia en el 98,28% en cuanto a la baja calidad de análisis que tienen las normas impositivas en el momento de su publicación.
El efecto sobre los precios
En la encuesta, KPMG también consultó sobre si pudieran fijar precios diferenciales por jurisdicción en qué provincias deberían vender más caros sus productos y servicios dado el marco fiscal.
La provincia de Buenos Aires sigue encabezando la lista de la presión fiscal que incidiría en la determinación de los precios de productos y servicios, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, y como en 2022, se mantienen en el tercer lugar Misiones y Tucumán.
Al respecto de la presión fiscal provincial el 20,69% dijo que tuvo que restringir sus operaciones comerciales en algunas jurisdicciones. Entre ellos se volvieron a destacar especialmente los casos de Misiones y Tucumán ya que, si bien la mayoría de las opiniones manifiesta no haber restringido operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios ante la excesiva carga fiscal en algunas provincias, no deja de ser significativo que un 20% manifieste haberlo hecho.
"En la práctica, restringir operaciones con algunas jurisdicciones puede manifestarse directamente en no tener actividad presencial en ellas o bien, operando desde otra jurisdicción, bloquear la comercialización con residentes de aquellas, detalla el paper de KPMG Argentina, filial local del grupo inglés.
Incentivos impositivos
En otro párrafo de la consulta, el 82,76% dijo que las medidas impositivas no son efectivas para el desarrollo de la actividad industrial; un 82,76% que tampoco lo son para la inclusión financiera; y un 79,31% que no favorecen a las exportaciones. Solo la industria del conocimiento tuvo un porcentaje alto positivo con el 63,79% de opiniones.
A los encuestados también se les preguntó la opinión acerca de la objetividad de los organismos fiscales o tribunales administrativos o judiciales calificándola del 1 al 10. En el caso de la AFIP, tuvo una calificación intermedia con un 5,35% para 2023 una mejora con relación a 2019 cuando fue de 4,44%.
En cuanto a la AGIP (Rentas de la Ciudad de Buenos Aires) se mantuvo desde el año pasado en un rango intermedio (5,19) mientras que ARBA (Rentas de Provincia de Buenos Aires) la apreciación de objetividad por parte de las empresas continúa siendo más baja con una calificación que parece inamovible de 4,07 puntos.
Con relación a los tribunales administrativos o judiciales en el ámbito impositivo, se observa que el Tribunal Fiscal de la Nación mantiene una valoración intermedia de 5,79 mientras que la Corte Suprema de Justicia es calificada en un rango intermedio alto con un 6,44; la justicia provincial baja a 4,30 (4,70 el año en 2022), "lo cual constituye una doble señal de alerta para la generación de confianza en el ámbito de los negocios dada la altísima incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Argentina", detalla el informe.