La resolución 58/2024 publicada el miércoles en el Boletín Oficial que le da un ultimátum de cinco días hábiles (la medida original les daba dos días hábiles a las empresas productoras de energía que mantienen con CAMMESA) fue modificada mediante la resolución 66/2024, también publicada este mismo miércoles genera preocupación en el mercado financiero y en el empresariado local.

Con esta resolución el ministerio de Economía, a través de la secretaría de Energía propone una especie de reperfilamiento de esa deuda con las empresas generadoras de energía equivalente a unos 1.200 millones de dólares mediante un bono en dólares con vencimiento en 2038 y que hoy cotiza un 50% debajo de la par.

El Bono USD 2038, denominado AE38 es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 4,25% anual con fecha de vencimiento el 09/01/2038. Su valor técnico es de 101,42 dólares con un valor residual del 100 % y en la actualidad cotiza a $54.000 la lámina de 100 o el equivalente a 54 dólares lo que representa una paridad del 51,27%.

Esa deuda del Estado con las empresas del sector energético como Pampa, Central Puerto, AES, MSU y Albanesi, entre las generadoras, e YPF, PAE, Total Energies, Wintershall Dea, CGC, Tecpetrol y la propia Pampa, entre los productores de gas, se generó como consecuencia de la posición que tomó el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre pasado.

Las deudas que no fueron canceladas

A partir de ese día el Estado dejó de hacer el pago de los compromisos del con Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que pese a tener una estructura mixta es controlada por la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodriguez Chirilo.

Por dejar impagas esas operaciones económicas de Cammesa de diciembre 2023 y enero pasado que se deberían haber cancelado en febrero y marzo de este año se generó un pasivo a favor de las generadoras y productoras de unos 800 millones de dólares , que luego trepó hasta unos US$ 1200 millones cuando Caputo dejó sin pagar la transacción de febrero que venció el 30 de abril.

El reperfilamiento de la deuda de CAMMESA propuesto por Caputo preocupa al mercado financiero y a las empresas

El artículo 2 de la resolución manifiesta: "Instruyese a Cammesa a elaborar y determinar con cada uno de los acreedores del MEM en un plazo de dos días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, los importes a cada uno de ellos correspondientes a las transacciones económicas de los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024, con vencimiento en los meses de de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente".

Para las empresas, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, el más conflictivo es el artículo 3, que da a entender que la firma de un acuerdo de conformidad con el gobierno es condición necesaria para que Cammesa abone la transacción de febrero que debería haber pagado la semana pasada. 

De dónde provienen los fondos que recauda Cammesa 

La mayor parte de los fondos que recauda Cammesa provienen de lo que abonan las distribuidoras eléctricas por la energía que toman del mercado mayorista. 

Por lo tanto, Cammesa funciona como una intermediaria que realiza una especie de intervención para que el dinero que las distribuidoras le cobran a los usuarios residenciales, comerciales e industriales le llegue a las generadoras, que son las que producen la energía. 

Por ese motivo la mayoría de las empresas generadoras considera que lo que está haciendo el gobierno desde la semana pasada es incautar fondos que no son propios. Desde la semana pasada la mayoría de las empresas y cámaras del sector evaluaron en el plano legal el alcance de la propuesta del gobierno. 

Al parecer y de acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Econo Journal   YPF y Pan American Energy (PAE),habrian adelantado en una reunión realizada el miércoles 24 de abril en el ministerio de Economía que acompañarían la reestructuración oficial. 

Generadoras de energía rechazaron el bono que quiere imponer Caputo

La sorpresa la dieron ayer las empresas que integran la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), que representan al 91% de la capacidad instalada eléctrica del país.

Entre ellas están Pampa Energía, Central Puerto, AEs, MSU y Albanesi, que enviaron una carta muy dura al ministro de Economía, en la que critican la propuesta oficial para reestructurar la deuda de u$s1.200 millones mediante un bono en dólares.

"La oferta del gobierno afecta los derechos contractuales de los agentes generadores e implica una violación a su derecho de propiedad privada", afirma el comunicado de Ageera.

Además señala que "la propuesta del Poder Ejecutivo impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales".

Quita adicional

A  su vez, la asociación remarcó en esa carta que "esto implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses".

La carta explicita que "la reestructuración que propuso el gobierno afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión" y que "resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado".

La mayor parte de los fondos que recauda Cammesa provienen de lo que abonan las distribuidoras eléctricas por la energía que toman del mercado mayorista

Ageera subrayó en esa carta que "la resolución 58/2024 impulsada por el Ministerio de Economía compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad".

A su vez, la entidad aseguró que la decisión oficial afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la administración pública modifica unilateralmente los contratos de abastecimiento y los PPA (Power Purchase Agreement).

"Estos contratos se gestaron como un compromiso de Cammesa en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios", aseguró Ageera.

Modificación unilateral y problema financiero

En otro de sus párrafos la carta señala que "la modificación unilateral de los contratos y los derechos adquiridos repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país. De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, un fuerte signo de falta de seguridad jurídica"

Ageera sostiene además que: "el hecho de sujetar el pago de febrero, para el cual Cammesa posee fondos disponibles desde mediados de abril, a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable".

Por último la carta remarca que: "ante el escenario de incumplimiento de los pagos descripto, muchos de nuestros asociados han debido reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras. Esta situación afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)".

Qué pasa con el Plan Gas

En tanto, es probable que las principales productoras de gas firmarán el acuerdo con Cammesa pero todavía evalúan  cómo resolver cómo se cancelará la deuda en la que incurrió el Estado por los pagos del Plan Gas, aunque se estima que será de la misma manera.

El problema es que de acuerdo a la opinión de los principales especialistas jurídicos del sector la resolución del ministerio de Economía afecta la seguridad jurídica de los contratos de demanda mayorista y de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes térmicas y renovables celebrados bajo las rondas de los PPA y las Resoluciones S.E.E 21/2016 y S.E.E. 287/2017.

En particular, se presentan ciertas premisas legales y regulatorias que son aplicables a los PPA de cara a la seguridad jurídica y confianza en el sector privado y financiero.

El PPA es el activo subyacente de proyectos de generación de energía eléctrica, y ha sido el método ideado por el regulador para viabilizar el desarrollo de nueva potencia instalada. 

El análisis de los especialistas

Al respecto los especialistas Nicolás Eliaschev y Javier Costanzo del Estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miami sostienen que: "más allá de las discusiones de cuál debería ser el rol de CAMMESA, lo concreto es que, en este caso, los PPA ya firmados y en ejecución son la base del proyecto de inversión, y sobre el que se analiza la viabilidad de los flujos de fondos esperados y la potencial financiación al proyecto o al sponsor.

Además destacan que: "cualquier cambio unilateral de condiciones necesariamente repercutirá en el retorno de la inversión hasta, incluso, determinar su inviabilidad económica-financiera, afectando, asimismo, la viabilidad de financiamientos futuros, no solamente en la generación de energía eléctrica sino en cualquier otro sector que requiere capital de la misma fuente que haya aportado en esta industria".

Por ello es esencial que exista un respeto irrestricto de las condiciones originalmente asumidas al momento de formular una decisión de inversión, que involucra, entre otras cuestiones, la legítima expectativa de que las condiciones de pago, precio, entrega de la energía, entre otras, sean mantenidas y sean inalterables a lo largo de toda la vigencia del PPA.

Los especialistas sostienen que: "En definitiva, el compromiso que el Gobierno argentino asumió con los inversores privados mediante actos administrativos regulares y vigentes fue la firma de un contrato de derecho privado denominado en dólares con precio mensual fijo con prioridad de pago".

Por lo tanto la falta de pago (o el pago en especie mediante la entrega compulsiva de un título de deuda, bono o instrumento similar) constituye un evento de incumplimiento bajo los PPA, con la consecuente facultad de rescindir los PPA por culpa de CAMMESA, derivando, asimismo, en responsabilidad del Estado Nacional.