Polémica por el futuro de la Hidrovía: alertan irregularidades y podría trabarse la megalicitación
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El proceso licitatorio más importante del año podría sufrir una demora considerable si las autoridades del Ministerio de Economía deciden prestar atención a las advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es parte del Ministerio Público Fiscal, y que señaló y avaló varios de los cuestionamientos realizados, a través de una presentación, por integrantes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Luego de conocerse la novedad y el contenido del escrito de la PIA, también se conocieron descargos realizados por numeros actores con participación en el funcionamiento de la autopista fluvial por donde circulan los bienes que la Argentina y la región exporta a través del Océano Atlántico.
En principio, los fiscales de la PIA que tienen el deber de investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios del Gobierno Nacional, explicaron a través de un dictámen con fecha del 11 de febrero que hubo un dictámen jurídico previo de la licitación deficiente. Que no se le dió debida participación a las autoridades del ministerio de Economía; que hay dudas en la conformación de la comisión evaluadora de las ofertas y que el plazo para la presentación de ofertas, que tiene vencimiento el 12 de febrero, es exiguo para una licitación que solo puede interesar a grandes compañías del exterior.
Acerca de este punto, la PIA destacó que se presentaron múltiples impugnaciones de parte de varios oferentes que no fueron debidamente atendidas y que podría vulnerar la efectiva competencia entre multinacionales.
La licitación más grande de la gestión Milei
Se trata de la licitación más grande de la gestión del presidente Javier Milei. El ganador se quedará durante 30 años con un negocio que, según calcula el Gobierno, podría facturar hasta u$s410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que llevan y traen bienes a través de la Hidrovía. El pliego otorga la concesión al ganador, a cambio de que este se haga cargo de las obras de dragado y señalización.
También hubo cuestionamientos de parte de los fiscales por el plazo de 30 años de la concesión. En los pliegos elaborados en el gobierno se fijaron 30 años, prorrogable por 30 años más, sin justificación adecuada ni análisis de su conveniencia. En efecto, la PIA remarca lo manifestado por la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y Dragados Ambientales: el plazo para concesionar no pude ser de más de 15 años, con una prórroga de 5 años. Más plazo generará monopolios y barreras de entradas sin ventajas para quienes pagan el peaje.
Distintos actores que trabajan a diario alrededor de Vía Troncal Natural (VTN) señalaron a iProfesional que no todas las críticas son justas y afirmaron que "hay empresas que intentan dilatar el proceso licitatorio y no tendrían razón de ser muchos de los planteos realizados".
Afirmaron que "la elaboración de los pliegos tuvo una intensa etapa previa a partir de las Mesas Interdisciplinarias que comenzaron en agosto de 2024 y en la que participaron los usuarios del sistema navegable troncal, representantes de las provincias, los gremios, puertos públicos y privados como así también representantes de los organismos oficiales asociados al proceso".
Muchas quejas existieron por el plazo otorgado por la administración Milei para presentar ofertas. Se otorgaron 55 días hábiles contra los 176 de la última licitación que fue en el año 1993.
Sin embargo, hay que recordar el antecedente del año 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se realizó un llamado a licitación corta del que participaron las empresas que hoy están en disputa. Además, el plazo actual fue extendido a pedido de las empresas del 29 de enero al 12 de febrero próximo que es la fecha clave y límite que marcó en rojo en el calendario el gobierno de Milei.
Si bien participan las empresas internacionales más importantes del sector se escucharon críticas por los criterios financieros que dejarían afuera a algunas de ellas. El dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay es una de las obras de infraestructura más importante a nivel planetario y se necesita el auxilio de buques, dragas, equipos de apertura y mantenimiento.
Estos temas no son ajenos a las grandes empresas multinacionales que participan, pero el cálculo de solvencia económica que deben presentar fue puesto en entredicho.
Un criterio que establece un respaldo equivalente a los ingresos de un año de gestión de VNT, que funcionaría como una garantía de sustentabilidad y continuidad de las obras en el tiempo.
El pliego indica que en los primeros años requieren una fuerte inversión de parte del operador, con una recuperación pautada recién en un mediano y largo plazo durante el resto de la concesión.
Un aspecto técnico criticado de manera administrativa es que se otorgan mayores puntajes por longitud trabajada, lo cual no refleja la complejidad operativa real La autopista fluvial tiene una extensión de 1450 kilómetros, sin embargo, sólo se requieren antecedentes por 250 kilómetros (menos de un 20%).
Por otra parte, en las licitaciones encaradas por la AGP en 2021 y 2022 ese requisito era de 500 kilómetros, y no recibió entonces ningún tipo de objeciones de los que participaron.
Otra cuestión técnica es que no se toman en cuenta las experiencias de las empresas en el relleno del lecho del río y se excluyen experiencias de dragado válidas.
La exclusión de obras de refulado o relleno en el volumen se fundamenta en que, en la VNT, objeto del contrato cuya licitación se está llevando a cabo, en las obras requeridas no aplican las acciones de relleno, sino el mantenimiento de un canal navegable con perfiles de diseño (cajón) y profundidades mínimas definidas. El gobierno decidió que no se trata de una habilidad requerida para este tipo de obra.
Finalmente, y no menos importante, hay muchas críticas al pliego redactado porque se soslayan aspectos técnicos como el descripto anteriormente y se focaliza en la capacidad financiera de la empresa que resulta ganadora de la licitación.
El 60% del precio representa la oferta económica y el 40% del puntaje final técnico que se evaluará, representa los aspectos técnicos de la oferta, lo cual muestra la relevancia y preponderancia otorgada al aspecto financiero.
Fuentes del sector portuario explicaron que los funcionarios del ministro Luis Caputo priorizan la eficiencia económica intentando no sacrificar la calidad técnica. Se habla de tarifas razonables y de eficiencia y experiencia técnica para sostener una operación de calidad.
Lo cierto es que detrás de la licitación hay una enorme puja política que el Gobierno deberá definir el miércoles 12 de febrero. Fuentes indicaron que "mientras que la empresa belga DEME, relacionada en Argentina con referentes de Sergio Massa, denunció que el oficialismo busca beneficiar con los pliegos redactados a la empresa Jan de Nul, que en la actualidad opera la autopista fluvial, la presión de actores del PRO de Mauricio Macri, relacionados con los holandeses de Boskalis y Van Oord, no hace más que ir en ascenso con críticas técnicas a la licitación. Todo eso hizo eclosión junto a la denuncia de la Coalición Cívica y por eso se llegó al dictámen de hoy que pone en riesgo la continuidad de la licitación".