La motosierra no para: el Gobierno inició la privatización de ENARSA

A través del Decreto 286/2035, el Gobierno inició el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

Como primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se realizará mediante concurso público nacional e internacional.

Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica.

La medida busca "mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos.  El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación. El Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético". 

El fin de ENARSA, un emblema del kirchnerismo

En total, suman cerca de 17 las unidades de negocio en las que ENARSA interviene de alguna forma. 

La puesta en venta de la distribuidora tiene lugar en momentos en que se está por definir la Revisión Quinquenal de Trifas (RQT), la cual terminará por fijar la política de ajustes a los servicios energéticos por los próximos 5 años.

Privatizaciones: el Gobierno cambia el status para vender otras empresas estatales

El cambio que viene para ENARSA no es el único promovido por LLA en el último tiempo. Durante la primera mitad de abril, el Ministerio de Justicia informó que, vía la Inspección General de Justicia (IGJ), transformó a un grupo de 5 empresas públicas en sociedades anónimas, lo cual abrió la posibilidad de una venta parcial o total de sus acciones.

Entre las compañías comprendidas se ubicaron Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), Corporación Buenos Aires Sur y Télam, ya definida como "disuelta". Desde el Gobierno se indicó que el cambio en cuestión apuntaba a romper el "uso político" de estas firmas.

La novedad fue comunicada por la cartera de Justicia a través de sus espacios en redes sociales. En concreto, se indicó que "la Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia, inscribió la transformación de cinco empresas estatales en S.A.".

Este detalle fue compartido junto con un flyer titulado "Motosierra" y sigue a la decisión del oficialismo de redefinir el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, proceso para el que se busca una nueva fecha tras incumplirse los plazos fijados el año pasado.