Vicentin juega la última carta: presentó un recurso ante la Corte para cerrar su concurso de acreedores
La empresa agroexportadora Vicentin S.A.I.C. presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de impugnar el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que declaró la inconstitucionalidad del acuerdo preventivo homologado en el marco del concurso de acreedores. Se trata de uno de los últimos recursos que la compañía utilizará para evitar el cierre definitivo.
La presentación judicial, patrocinada por el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo -especializado en procesos concursales- solicita al máximo tribunal del país que declare procedente el recurso extraordinario, suspenda la ejecución de la sentencia provincial y ordene la remisión del expediente al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento.
Vicentin reclama ante la Corte Suprema para evitar su cierre
En su planteo, Vicentin sostiene que la resolución de la Corte santafesina incurre en "arbitrariedad manifiesta", al desoír la voluntad expresada por una amplia mayoría de los acreedores, que habían aprobado la propuesta de reestructuración. La empresa argumenta que la sentencia impugnada "es definitiva y causa un gravamen irreparable", comprometiendo seriamente la continuidad operativa de la compañía.
El recurso también denuncia un presunto prejuzgamiento por parte de los ministros del tribunal provincial, en particular de los jueces Daniel Erbetta y Eduardo Gutiérrez, quienes -según sostiene la firma- se habrían expresado públicamente sobre aspectos sustantivos del expediente antes de su resolución formal, afectando la imparcialidad del proceso.
Vicentin refuta la afirmación de la Corte santafesina, según la cual la propuesta aprobada por los acreedores resultaría abusiva y violatoria del principio de igualdad. La empresa subraya que "no existe norma alguna que prohíba tratos diferenciales si estos se encuentran debidamente justificados", y que la propuesta ofrecía un dividendo claramente superior al que correspondería en caso de quiebra.
En el escrito presentado, también se advierte sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas de la falta de homologación. Según indica la compañía, la incertidumbre jurídica disuade a los clientes de celebrar contratos de fasón, paralizando la actividad industrial y comercial y poniendo en riesgo el pago de salarios, la provisión de servicios y la continuidad de la fuente laboral. "Sin ingresos operativos, la empresa se encamina inexorablemente a la quiebra", advierte.
El recurso de queja se presenta en un contexto de profunda crisis institucional. La firma se encuentra intervenida por decisión del juez civil y comercial Fabián Lorenzini, quien desplazó a su directorio y designó un equipo de interventores con control operativo.
Mientras tanto, algunas de sus plantas -como las de Avellaneda y Ricardone, en Santa Fe- lograron reactivarse parcialmente mediante pagos anticipados por parte de clientes estratégicos, pero otras, como la de San Lorenzo, permanecen paralizadas.
La deuda posconcursal supera actualmente los 30 millones de dólares, incluyendo compromisos impagos con proveedores, trabajadores y servicios públicos.
Con esta nueva presentación judicial, Vicentin busca reabrir el camino hacia su propuesta original de reestructuración, que contaba con el respaldo de más del 72% del capital verificado y de actores clave del sector agroindustrial, como ACA, Bunge y Viterra.
En caso de que la Corte Suprema rechace el planteo, quedaría habilitada la apertura del proceso de cram down, en el que terceros interesados podrían intentar hacerse cargo del salvataje de la compañía.
La Corte Suprema de la Nación aún no ha resuelto si dará curso al recurso. A más de cinco años del default, el futuro de Vicentin vuelve a quedar en manos del Poder Judicial. Esta vez, con la posibilidad de una definición definitiva.