Milei ordena acelerar los plazos para volver a licitar la Ruta del Mercosur
El pasado 8 de abril, el Gobierno nacional dejó sin efecto la concesión de la llamada "Ruta del Mercosur", cuyo trazado estuvo en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), y que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay.
Conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", también tiene en su trazado el puente que une Rosario con Victoria y era operada por la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), que desde esa fecha debió abandonar la concesión, con fuertes críticas a la gestión libertaria y un pedido de quiebra presentado ante la Justicia por no contar con recursos suficientes como para mantenerse como una sociedad operativa.
Ruta del Mercosur: el Gobierno apura la licitación
Al inicio de la concesión, CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 era de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.
En este sentido, el gobierno libertario no le renovó el contrato a la empresa y convocó a una audiencia pública que ya se llevó a cabo con el objetivo de cambiar al grupo concesionario como parte de un plan mayor para crear lo que se bautizó como la nueva "Red Federal de Concesiones" que Vialidad Nacional, que depende del Ministerio de Economía, acaba de comenzar a licitar.
Junto con los trazados que operaba CRUSA y el resto de las rutas de la empresa estatal Corredores Viales, la nueva red federal abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
En el caso de la concesionaria estatal, fue creación del gobierno de Mauricio Macri en el 2017 y sumó nuevas rutas durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se reestatizaron varias rutas.
Al asumir, Javier Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables" y que opera todas las autopistas, salvo tres: la Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y la ruta 14.
A partir de este contexto, el Gobierno nacional acaba de anunciar el primer llamado a licitación para los dos primeros tramos, el Oriental y Conexión de este proceso, y que integran la primera etapa de la red federal de concesiones.
Ceder los dos primeros tramos: el objetivo de Javier Milei
Lo hizo mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que convoca a un proceso público nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de ambos corredores viales.
En el caso del Tramo Oriental está compuesto por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes; mientras que el Tramo Conexión lo compone el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
En esta Etapa I, se licita la concesión de 741 kilómetros que se agregarán, posteriormente, a los tramos a concesionar en las subsiguientes etapas hasta conformar una extensión de más de 9.000 kilómetros para integrar la Red Federal de Concesiones.
"Cabe destacar que el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional", asegura el Gobierno mediante un comunicado enviado a los medios.
También recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.
Asimismo se le otorga a Vialidad Nacional la autoridad para supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.
"Reforzamos el compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país", destaca la nota oficial.
Buscan privatizar la Ruta del Mercosur por etapas
Del mismo modo, se explica que el proceso licitatorio se llevará a cabo dentro del plazo de 12 meses, con la modalidad que se estime más conveniente y con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.
Por eso, la primera etapa será la licitación del trazado de CRUSA, para luego, en una segunda etapa, dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos. En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
La convocatoria para esta segunda etapa acaba de comenzar , con adjudicación prevista para julio próximo.
Por eso y para atraer a los posibles inversores, Vialidad Nacional asegura que el sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse y destaca que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.
Vialidad Nacional inicia las audiencias públicas
En ese marco, el pasado 26 de febrero, Vialidad Nacional organizó en Victoria, Entre Ríos, una audiencia pública para abordar las novedades de la nueva concesión que reemplazará a CRUSA que actualmente mantiene una disputa judicial por la continuidad de la operación.
Durante el encuentro se anunció que el plazo de la operación será de 30 años y se anunció que tendrán ventaja aquellas ofertas que dispongan las menores tarifas para el cobro de peaje o las que menor tiempo presenten para hacerse cargo de la conexión.
De todos modos, se aclaró que durante el primer año de concesión el gobierno nacional fijará el precio del peaje mientras que la empresa adjudicataria del proceso deberá terminar con las principales obras y recién entonces cobrará la tarifa presentada en los sobres.
Se mencionaron además las obras que se deberán encarar en el trazado durante los primeros tres meses de operación, poniendo foco en el bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos.
Peajes y obras
De igual modo, se puso en relieve que el pliego presentará la obligación de encarar tareas de infraestructura que deben finalizar en 2027 por su magnitud y que se tendrán que presentar dentro del primer semestre desde que comience la concesión.
Las más importantes son las de la construcción de losa de hormigón en la cabecera Victoria y en el peaje; la reparación y restauración de todo el sistema de iluminación del puente; y la colocación de paneles de mensajes variados.
La resolución oficial publicada este martes 3 de junio en el Boletín Oficial de la Nación explica que en el caso del tramo Oriental, además de transitar y conectar tres provincias distintas, abarca tres pasos fronterizos con otras naciones, siendo estos el Puente Internacional General Artigas (que conecta la ciudad de Colón, Entre Ríos, con la ciudad de Paysandú en Uruguay por la Ruta Nacional N° 135); el acceso a la Represa Binacional Salto Grande (en la frontera entre Concordia, Entre Ríos y Salto en Uruguay por la Ruta Nacional A-015) y el Puente Internacional Paso de los Libres (Corrientes, conectando con Uruguayana, en Brasil por la Ruta Nacional N° 117).
Se recuerda también que se trata de un trazado de conexión para todo el Mercosur "al conectar tres (3) de las cuatro (4) naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande".
Comisión para analizar las ofertas
En cuanto al tramo Conexión, se lo considera de importancia estratégica a nivel regional, y para el desarrollo económico, social y logístico del país en general por lo cual se decidió la conformación de una Comisión de Concesiones por tres miembros titulares y tres suplentes que deberá expedirse respecto de las propuestas que se presenten en el proceso licitatorio conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
En este sentido, se estableció que la fecha de cierre de presentaciones de ofertas será el próximo 5 de agosto a las 12.00 horas cuando se abrirá el Sobre N° 1.
Pero más allá de este proceso, seguramente el Gobierno deberá enfrentar una millonaria demanda de parte de CRUSA que entiende que fue "echada" de la concesión sin poder haber presentado una propuesta para mantener la operación.
La pelea, que ya tiene varios años y se fue incrementando a medida que cambiaron los gobiernos nacionales, también muestra, según la ex concesiona, la poca importancia que el Estado Nacional le estaría dando al respeto por la estabilidad y el cumplimiento de contratos, "lo que desalienta la participación de concesionarios serios".
Ex concesionario a juicio
Las críticas también se centran en el nuevo pliego licitatorio que menciona renegociación en caso de desequilibrio económico, pero no establece sanciones al Estado si incumple, mostrando que CRUSA ya padeció esta falta de garantías y terminó en concurso de acreedores a pesar de haber invertido u$s870 millones en obras y mantenimiento.
Sin embargo, sus ejecutivos señalan que la falta de actualización tarifaria los llevó a declararse en concurso en 2023, proceso que ya se encuentra en quiebra.
Los cuestionamientos también se extienden al mecanismo para marcar los precios de los peajes que se incluye en el nuevo pliego por entender desde la empresa que no establece tarifas tope, lo que deja a los concesionarios dependiendo del Estado.
"CRUSA ya sufrió pérdidas millonarias por el congelamiento de tarifas y debió iniciar un juicio contra el Estado y sin una actualización automática, el nuevo concesionario enfrentará el mismo riesgo", anticipan las fuentes.
Del mismo modo, señalan lo que consideran "una contradicción", del pliego con el discurso libertario sobre el respeto a los contratos y la seguridad jurídica para inversiones. Además, señalan que va en contra de la Ley Bases, que busca brindar estabilidad y atraer capital privado.
En ese contexto, CRUSA insiste en que el acuerdo de concesión se encuentra vigente y tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.
De hecho, en el Decreto se hace mención al convenio con CRUSA y a la causa judicial iniciada por la empresa en los autos caratulados "CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expediente Judicial N° 1520/2023), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17, para que se le respeten las condiciones del contrato.
Antecedentes judiciales
En este sentido, el 19 de octubre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, entablada por la concesionaria, para prorrogar la concesión por seis meses, a partir del 31 de octubre de 2023, lo cual fue apelado por Vialidad Nacional, y provocó que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelva admitir parcialmente el recurso deducido por el organismo.
Esa cámara dispuso que la medida cautelar cesaría a los 30 días contados desde su notificación, plazo en que las partes involucradas debían realizar todos los trámites necesarios para finalizar el contrato de concesión el 9 de abril de 2024. Pero la Resolución N° 144/24 de Vialidad Nacional estableció la prórroga de la concesión por otros 12 meses contados a partir de la fecha de culminación de la concesión, lo cual debe culminar el próximo 18 de abril.
Es más, los ejecutivos de CRUSA acusaron al gobierno de Javier Milei de haber llevado a cabo un proceso "deliberado" de ahogo financiero en contra de la sociedad ya que, según entienden, deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados.
La situación derivó en la presentación de la empresa en concurso preventivo y en la homologación por parte de la justicia de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.
De manera paralela, CRUSA reclamó ante los tribunales contra el Estado en el 2022 por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización por u$s300 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.
Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se de comienzo al proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició. A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.
La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur. Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones. De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año sigue en manos de CRUSA.